Verdad, justicia y reconocimiento. Las cuentas básicas, dicen los expertos, para la reconciliación. Las víctimas (directas e indirectas) tienen derecho a conocer la verdad de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra ellas. Es la Verdad. Primer punto. En octubre de 2005, el Tribunal Constitucional estableció que la justicia española es competente para juzgar delitos de genocidio fuera de sus fronteras sin que existan víctimas españolas. Interesante. Pero lejos de sus límites, por si acaso. Recordemos que el 1% de la población navarra de 1936 fue fusilado por razón de su ideología. Crimen de lesa humanidad. ¿Prescribe? ¿Tendrá que interesarse la Corte de Guatemala por los crímenes y desapariciones forzadas en Navarra? Es la Justicia… el segundo de los puntos. Y el reconocimiento, tercer apartado, de las víctimas del terrorismo. ¿De cuál de ellos?
La realidad cotidiana nos demuestra, por encima de planteamientos dialécticos y filosofías específicas sobre la resolución de conflictos, que el Estado no busca la reconciliación (verdad, justicia y reconocimiento) sino que su camino va precisamente en la dirección contraria: la impunidad como sujeto político. No sólo eso, fundamento estratégico de los diversos gobiernos tanto de la Dictadura como de la Democracia, sino que discrimina escandalosamente a las víctimas. Convierte en víctimas a quienes no lo son, rechaza y criminaliza en ocasiones y expresamente a otras, y marca la intensidad de su apoyo en función de intereses políticos, no humanitarios como divulga.
No hay reconocimiento sin justicia, y no hay justicia sin verdad. Existe, sin embargo, reconocimiento, justicia y verdad para ciertas victimas. Pero son ejercicios excluyentes con sabor, desgraciadamente en estos tiempos, electoral. El Estado las hace suyas, las arropa y completa la trilogía del reconocimiento. Y marca sus límites.
La exclusión, por el contrario, nos lleva a la primera de las premisas. La Verdad. No se ha creado una Comisión de la Verdad para la Guerra Civil. No se ha siquiera avanzado en recuperar la Verdad del Franquismo. Y, desde la Transición, la “verdad” está fabricada para tapar los dos apartados históricos anteriores. Cartas marcadas, árbitro comprado… expresiones al uso. La Gran Trampa. Como la de aquel 28 de mayo de 1967, cuando se suspendieron 4 partidos de fútbol para que el dictador Francisco Franco pudiera acertar el pleno de una quiniela (cuyo premio cobró, por cierto). ¿De qué verdad hablamos? ¿O hay que olvidar y, de paso, ensanchar la impunidad?
Estamos hablando de casi 6000 vascos ejecutados, fusilados o desaparecidos por el Estado o sus subsidiarios, entre 1936 y 1975. De Óscar Ariztoy Amilibia que fue ejecutado por “gamberro” con dos tiros por la espalda cuando salía del Victoria Eugenia de ver una aburrida película, “San Antonio”. A su familia, en 1949, únicamente le dejaron poner en la esquela “muerto en accidente”. Sus otros siete compañeros quedaron en libertad sin cargos, a pesar de las gravísimas acusaciones de haber hecho ruido en la galería del cine, al igual que el policía armada que disparó. La mala fortuna quiso que fuera el Primero de Mayo y que las fuerzas de seguridad estuvieran en alerta, confundiendo el pataleo con gritos subversivos. Exactamente 27 años después, Franco ya cadáver, otra familia tuvo que poner en la esquela “muerto en accidente”, por imperativo legal, es decir por orden del gobernador de Gipuzkoa. El muerto, en esta ocasión, era Alberto Soliño, natural de Pasaia, que fue baleado por un guardia civil cuando salía del III Certamen de la Canción Vasca en Eibar.
¿Y del anarquista Pablo Velasco cuyo cadáver apareció mutilado y sin uñas en la cuesta de Santo Domingo de Bilbao, diez años después de la guerra? ¿Torturas? Vieja cuestión. ¿O nueva? Baltsar Buriel, Txomin Letamendi, José Agirre Iturbe… Esteban Muruetagoiena, Joxe Arregi… ¿inventaron sus torturas como Velasco para inmolarse por la causa… del Estado? ¿O incluso el socialista Cándido Urquijo que se suicidó en prisión porque la tortura le había vuelto loco? ¿Qué Comisión de la Verdad se acordó de ellos, o de los 50 muertos en accidente ferroviario en Alanís de la Sierra (Sevilla) cuando eran trasladados de Bilbao a la cárcel de Puerto de Santa María? ¿Cómo conciliarnos con ellos si la censura borró el accidente?
Permítanme la definición del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas e Involuntarias de las Naciones Unidas: “Una persona es arrestada, detenida, secuestrada o bien privada de su libertad por diferentes cuerpos oficiales o niveles gubernamentales…”. La definición es larga y no trato de aburrir sino de evocar. Por eso la recorto. Despertemos a Pertur, en Hendaia, a Popo Larre, en las Landas… pero también a los sacerdotes Aitzol o Celestino Onaindia, a Cándido Saseta, comandante en jefe del Eusko Gudarostea, incluso a Galíndez, todos ellos, varios centenares desde 1936 hasta nuestros días, desaparecidos forzosamente.
¿Y aquéllas tan nombradas ahora en los conflictos, las llamadas víctimas colaterales? ¿Qué hacemos con las numerosas personas atropelladas, como Francisca Bertiz por ejemplo, por los norteamericanos de la base de Gorramendi en Elizondo? El Baztán no fue un Vietnam, es sabido, pero que pregunten a los mayores de abusos, accidentes y demás entre 1954 y 1974. ¿Qué pasa con los chavales que en 1958 tuvieron que viajar a la llamada “Guerra Desconocida”, a la guerra colonial en Ifni, como el gasteiztarra Ramón Aguirre, que murieron en una contienda extraña? ¿Morir por el honor de España durante el servicio militar obligatorio o víctima de las locuras imperiales de un puñado de fascistas? ¿Y el tolosarra Juan Ichaso Goñi que falleció ahogado en el Bidasoa cuando huía de la Guardia Civil, como nos dijeron que le ocurrió años después a Mikel Zabalza? ¿O no fue así?
Hablemos de definiciones de víctimas y sumemos a las ya inventariadas las que aparecen también en los manuales: los prisioneros que han sufrido tratamientos inhumanos y/o tortura y/o tratos crueles y/o degradantes, la población desplazada, las que sufrieron pillaje de sus bienes, las violadas, las expulsadas, trasladadas forzosamente o extraditadas, las detenidas arbitrariamente… ¿Saben que entre 1936 y el fin del siglo, más de 85.000 vascos sufrieron prisión? ¿Se respetó los derechos de todos ellos? ¿Se acuerdan de cuando no hace mucho (1973) se habilitó la Plaza de Toros de Bilbao para acoger a los detenidos porque las celdas de los centros de detención de la capital vizcaína no daban abasto? ¿Saben que unos 60.000 refugiados de la guerra civil murieron lejos de su hogar, olvidados, denostados y calumniados? Tierra ajena les acoge. ¿Saben que otros muchos fueron entregados por Francia o Portugal a Franco y que algunos de ellos fueron ejecutados como perros, entre ellos el socialista Julián Zugazagoitia y el comunista Jesús Larrañaga? ¿Saben que con pompa fueron repatriados centenares de niños de la URSS y luego en silencio devolvieron a un grupo de ellos por no cantar el Cara al Sol? ¿Saben que el médico gasteiztarra Luis Álava fue ejecutado en Madrid por pasar datos a los Aliados de movimientos nazis en España?
No hemos saldado las cuentas del pasado y comenzamos a cerrar las del presente. Las víctimas necesitan un reconocimiento. Es cierto. Pero antes debemos conocer la Verdad. Para que se haga Justicia. Y queda mucho trayecto hasta que completemos el mapa. El completo, no el parcial.
