Parece claro que el movimiento independentista de Cataluña necesita un cambio efectivo, un reset, de su estrategia, organización, alianzas y liderazgos, para que recupere su protagonismo, proyecto y fuerza. Cuando la acción dentro del Estado para recibir reconocimiento nacional y un autogobierno digno se ha revelado inútil de forma reiterada, los escenarios fundamentales son Europa y el interior del país.
El componente europeo. El movimiento independentista de Cataluña está colaborando a construir Europa. Se trata del primer caso de un secesionismo pacífico sobre el que deben pronunciarse los tribunales de la Unión Europea (UE). Plantear casos judiciales relacionados con un proceso de secesión en un Estado miembro de la UE no tiene precedentes en los tribunales europeos. El caso escocés de 2014 (referéndum de secesión), cuando el Reino Unido era miembro de la Unión, no llegó a las instituciones europeas porque fue tratado de forma civilizada y democrática dentro de las instituciones del Estado.
De hecho, son los tribunales de la UE (TJUE) y de algunos estados europeos quienes están tratando el caso de Cataluña desde criterios liberal-democráticos más actualizados. Lo están haciendo mucho más que la Comisión, el Consejo o el Parlamento Europeo. En términos de evolución de la calidad democrática, el poder judicial europeo va claramente por delante de los poderes ejecutivo y legislativo (y a una distancia sideral de la cúpula judicial española).
El tema de fondo avanza, naturalmente, con la parsimonia jurídica de las resoluciones caso por caso. El tribunal de Luxemburgo se va pronunciando sobre las vulneraciones del estado de derecho en un miembro de la Unión donde una minoría nacional cuestiona, por medios pacíficos, la unidad territorial de un Estado que vulnera derechos y libertades de ciudadanos europeos (una recopilación por una parte, aunque informativa, de estas vulneraciones, en ‘Estatdedret.cat’). Un Estado que incumple sistemáticamente el requisito de imparcialidad de los tribunales. En este sentido, resultan también muy relevantes los informes y posicionamientos del Consejo de Europa, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de los tribunales de algunos estados (Alemania/Schleswig-Holstein, Bélgica, Reino Unido/Escocia) sobre las deficiencias liberal-democráticas del Estado español. Se trata de posicionamientos que han sido el elemento clave para la reforma del Código Penal español y la supresión del delito de sedición.
Sin el Proceso de Cataluña, no se habría producido ninguno de estos pronunciamientos y reformas legales. Éste es, de momento, el legado político y jurídico más importante de los hechos de octubre de 2017. Las decisiones del TJUE tienen y tendrán efectos para la legitimidad y la legalidad tanto del movimiento secesionista catalán como de la propia Unión Europea, una organización política en constante construcción.
El componente de país.
Es necesario que Cataluña recupere la autoestima vinculada a tres orgullos hoy heridos: el orgullo de país, el orgullo de gobierno y el orgullo del movimiento por la independencia. Cabe recordar que el éxito de los primeros años del Proceso partió de iniciativas ciudadanas y de la sociedad civil organizada, más que de las instituciones y los partidos. Fue un movimiento que se gestó en las movilizaciones de los primeros años del siglo XXI (infraestructuras, derecho a decidir) y que se aceleró con la laminación del Estatut por parte del Tribunal Constitucional (2010). En una primera fase fue un movimiento ‘bottom-up’. Incluso partidos independentistas veían con recelo un movimiento que no controlaban y que se afanaban por dirigir, sin éxito. Posteriormente, el protagonismo se cedió a los partidos, lo que les provocó importantes cambios internos. Las cosas se fueron haciendo razonablemente bien en términos de eficiencia política hasta el referendo del año 2017.
En el momento actual, habría que recuperar la lógica ‘bottom-up’ del movimiento independentista. Su punto más fuerte sigue estando en la ciudadanía. Para ello es necesario volverse hacia el sólido asociacionismo de que dispone el país (colegios profesionales, entidades de investigación, organizaciones empresariales y sindicales, tercer sector, entidades feministas, ateneos, ámbitos deportivos y de ocio…), así como hacia la transversalidad y la acción conjunta de las organizaciones civiles. En cambio, creo que sería un grave error que algunas de estas últimas quisieran desempeñar el papel institucional de los partidos (elecciones, etc.). No es ésta su función ni es para lo que están concebidas y bien preparadas. Los partidos son una parte necesaria, pero no son en absoluto, ni necesariamente la parte más decisiva.
El Estado española muestra cada día su inadecuación como marco político para el progreso socioeconómico, político y cultural de la ciudadanía de Cataluña. Forzar el pronunciamiento de los tribunales europeos –factor de una construcción europea más federal que intergubernamental– y volver a la lógica del movimiento independentista pensado y estructurado inicialmente desde la ciudadanía y el ámbito civil creo que constituyen dos componentes principales para la reemergencia exitosa del independentismo en Cataluña.
Lo importante es el país, sus ciudadanos y su futuro. Las próximas generaciones esperan.
ARA
