La propuesta que lanzó Homs en Madrid para que el proceso incluya un referéndum en toda España después de que los catalanes voten el 9-N tiene dos lógicas. La primera, la legal. Sin una reforma constitucional a fondo es imposible que la independencia encaje. La segunda, la política. Con el PP y el PSOE cerrados a la independencia y también al derecho a decidir, el Gobierno intenta ponérselo tan difícil como puede para decir no a una simple consulta sobre la que se pronunciarían al final todos los españoles, dueños todavía de su soberanía nacional. Busca también sembrar la semilla de la duda en sectores de la sociedad española ante el no rotundo que emiten Rajoy y Rubalcaba. El problema es que si el Estado lo comprara, el choque de legitimidades entre la voluntad de los catalanes y la de los españoles estaría servida. Y es irresoluble.
ARA
