A partir de las próximas elecciones entraremos en una nueva fase política. Actores principales: un gobierno central del PP, un gobierno catalán de CiU, y una élite europea instalada en el desconcierto y que muestra una decepcionante voluntad de no implicarse a fondo en los problemas del continente. Es un buen momento para preguntarse cuál es la evolución previsible de varios temas. A nivel local, destaca la del modelo autonómico.
No es necesario hacer balance de los últimos acontecimientos. Hablan por sí mismos (sentencia del TC sobre el Estatut, actitud de los dos partidos nacionalistas españoles -PSOE y PP-, actuación de las instituciones del estado (Congreso, gobierno central, tribunales, Defensor del Pueblo, etc). Se percibe un giro y una clara voluntad de establecer un modelo autonómico interpretado en un sentido uniformista, homogeneizador y recentralizador. Cataluña constituye su centro de gravedad, la diana a donde van dirigidos los dardos de este giro. El conservadurismo postfranquista de derechas y el conservadurismo jacobino de izquierdas trabajan aquí en la misma dirección. PP y PSOE son, en este punto, partidos reaccionarios.
¿Por dónde pueden ir las líneas básicas del más que previsible nuevo Gobierno del PP? Un indicador de respuesta es el informe “Por un Estado Autonómico Racional y Viable” (2010) de la fundación FAES, vinculada a este partido. Se trata de un documento que contiene tres artículos y un apéndice, escritos por autores diferentes: Julio Gómez-Pomar (inspector de Hacienda; ex secretario de Estado), Mario Garcés (interventor-auditor del Estado; inspector de Hacienda) y Gabriel Elorriaga (diputado). El nivel de calidad es desigual, pero hay un tono general que recorre todos los trabajos. Dos de las tres colaboraciones y la adenda ofrecen un pobre nivel analítico, con errores graves de carácter teórico y empírico (además de un claro sesgo partidario). Son trabajos que serían inmediatamente fulminados caso de ser presentados en congresos académicos especializados de carácter internacional.
Sin embargo, vale la pena ver cuáles son algunas de las principales ideas que recorren este informe de cara a la política del futuro. Las autonomías se entienden, básicamente, como un mero modelo de “prestación de servicios a los ciudadanos”. Se trataría de decidir cuál es el nivel de gobierno más eficiente para esta prestación y cómo procurar una estabilidad macroeconómica general. El informe presenta una mezcla entre un lenguaje pretendidamente tecnocrático con una fuerte apuesta a favor del gobierno central -en una visión, por cierto, antitética con los postulados contemporáneos del federalismo que los autores parecen desconocer completamente, especialmente en cuanto al federalismo en Estados de pluralismo nacional- y un lenguaje nacionalista unitario que no admite ningún tipo de pluralismo nacional interno en la democracia española. Aunque se reconoce que los “niveles subcentrales” pueden colaborar a la equidad y que habría que dotarlos de una mayor responsabilidad, se defiende que el sistema actual incentiva el crecimiento del gasto, la ineficiencia de la gestión pública, la irresponsabilidad fiscal (incluso un mayor grado de corrupción), y una falta de coordinación y “control” por parte del poder central. Uno de los artículos incluso dice que el Estado de las Autonomías resulta una amenaza para la “unidad de mercado” (¿y todos los países federales?) Y que es el estado “más descentralizado de todos los sistemas democráticos”, una afirmación que hace reír a colegas extranjeros especializados en estos temas cuando se enteran de que algún político español dice cosas así.
Paralelamente, el informe critica que el TC no pueda entrar en la estructura organizativa de las CCAA, así, sin más, y que el sistema electoral “favorezca la aparición y éxito de partidos ‘regionales’ (sic)”, una afirmación que también muestra desconocimiento sobre cuáles son las fuerzas favorecidas en el parlamento central con el sistema electoral actual. Las palabras “mágicas”, con voluntad legitimadora, que recorren el informe son “integración”, “coordinación”, “cooperación”, “equidad”, etc, en una interpretación de estos conceptos que recuerda la tecnocracia de los tiempos del franquismo. También se apela a recuperar la “homogeneidad perdida”, en “constitucionalizar las normas básicas”, en establecer “un sistema tributario único” -todo hecho a través de acuerdos PP-PSOE-. También se menciona la posibilidad de reducir el número de CCAA (se acepta, así, implícitamente que todo esto de las autonomías se hizo mal durante la transición de los años setenta, una percepción que hoy resulta bastante evidente).
¿Desde Cataluña, es conveniente plantear en la próxima legislatura un nuevo pacto fiscal tipo concierto económico? Creo que es una vía a explorar, a pesar de las escasas posibilidades de que triunfe, a pesar de su constitucionalidad. Es diferente haber comprobado que una política fracasa que no haberla transitado (como la, hoy sabemos fracasada, reforma del Estatuto). Vamos hacia un escenario de más confrontación nacional, hacia una separación cada vez mayor de imaginarios colectivos. En Cataluña, el independentismo seguirá creciendo. Se trata de un hecho que hay que saber gestionar (liderazgo, organización y estrategia). Será el principal reto de la sociedad civil y de los partidos catalanes en los próximos años, incluido el PSC (cuando éste deje de ser, esperemos, el preocupante partido desconcertado, ingrávido, triste, sin proyecto ni liderazgo, que es en estos momentos).
