Un hilo de Twitter de Marc Planagumà, ingeniero de telecomunicaciones y miembro de la Coordinadora Nacional de Primarias Cataluña, ha hecho brotar una pregunta que, a decir verdad, todos juntos hubiéramos debido hacernos mucho antes.
En octubre de 2017, el Govern nos dio una serie de datos sobre el resultado del referéndum: el número de votos contabilizados -que no incluía los votos secuestrados por la policía porque naturalmente no se habían podido contar, el sentido de estos votos -¿cuántos síes, cuántos noes, y el porcentaje que representaban todos estos votos respecto del censo -42%-. El Govern, sin embargo, no nos dio una información -ni nos la ha dado todavía- absolutamente relevante.
Para evitar que alguien pudiera votar dos veces “aprovechando” el censo universal, cuando alguien votaba, esta información se introducía en una web y quedaba registrada en una base de datos. Por lo tanto, al final del día, existía una cifra de participación que sí incluía los votos que habían sido secuestrados. Esta cifra no se hizo pública y aún hoy se esconde.
¿No es natural pensar que un gobierno independentista, lo que hubiera querido hacer es anunciar la cifra real de participación y, aún más, que habría defendido a ultranza que esta era la cifra válida? Si el gobierno hubiera estado interesado en defender la legitimidad del referéndum, como se supone que lo estaba, lo normal, ¿no habría sido que los dirigentes nos hubieran dicho mirad, el número de votos que se han podido abrir es éste pero los votos registrados son muchos más, concretamente tantos, y por tanto la participación no es del 42% como dirán los españoles sino que es esta otra, que representa el equis por ciento del censo total.
¿Por qué nos ocultan lo que en teoría deberían querer explicar? Hace tiempo que muchos tenemos una respuesta para esta pregunta. Los dirigentes del proceso ni esperaban ni querían que el referéndum saliera bien porque no tenían ni idea de cómo aplicar el resultado.
Esta misma semana, Clara Ponsatí decía en su podcast que, a su juicio, los líderes políticos no se esperaban que la gente hiciera frente a la policía y que no tenían pensada una reacción política a ese éxito. Hace unos días, Natalia Esteve, que en aquel momento era vicepresidenta de la ANC, explicó que Jordi Sánchez -que era del llamado Estado Mayor- siempre le dijo que el referéndum no se celebraría.
El éxito del referéndum y el precio que pagó la gente por defenderlo, puso a los dirigentes entre la espada y la pared. Basta con ver la cara de funeral que ponían cuando anunciaron el resultado. Si hubieran hecho pública la cifra de participación real, la que había quedado grabada en la base de datos, el éxito todavía habría resultado más rotundo y su situación aún habría sido más complicada.
Es decir, con una cifra de participación que superara el 50% del censo, todavía les habría costado más justificar la reculada ante los independentistas. Además, si este margen fuera suficientemente amplio -a partir del 55% de participación-, se podría estimar de manera bastante fiable que los votos del Sí también habrían superado el 50% del censo. Si fuera así, los partidos del proceso no se habrían podido permitir las excusas con las que intentan justificar sus renuncias. Por ejemplo, no se atreverían a decir que no somos los suficientes y no se atreverían a decir que tenemos que superar el 50% de los votos en las próximas elecciones catalanas para legitimar la aplicación de la independencia.
EL MÓN
