A pesar del rotundo éxito del referéndum del 1 de octubre de 2017, el independentismo en los últimos años ha actuado de manera defensiva. La prioridad ha sido hasta ahora recuperar la normalidad institucional autonómica y denunciar las graves violaciones de derechos fundamentales que sufrieron los dirigentes de esa época, lo que de momento sólo ha logrado, y aún parcialmente, el exilio.
Sin embargo, la constitución de la Asamblea de Representantes del Consejo por la República, en una estructura que está totalmente al margen de la dinámica política autonomista y del sistema constitucional español, puede encontrarse en condiciones de dar la vuelta a la tendencia descrita y convertirse en la punta de lanza de una nueva estrategia que permita al independentismo pasar al ataque, una nueva ofensiva que tendrá unas características muy distintas del desafío lanzado en octubre de 2017.
Para empezar, la representatividad del Consejo por la República, como se revela en la composición de la Asamblea, no lo es de la autonomía catalana dentro del Reino de España, lo es del conjunto de la nación catalana, de Salses a Guardamar y de Fraga a Maó, una nación que es una minoría en los estados español y francés y que no puede decidir libremente sobre su estatus político.
Es en este sentido como el Consejo por la República, una vez articulado institucionalmente y dotado aún de mayor apoyo demográfico y económico, debe convertirse en el agente principal de reivindicación de la causa catalana en las instancias internacionales, una tarea que debe desarrollar con preferencia allí donde se reconoce el derecho a la autodeterminación: a saber, en Naciones Unidas. Aquí no estamos hablando, pues, de la defensa de los derechos individuales de los dirigentes políticos catalanes y del resto de ciudadanos que han sufrido represalias en el contexto del proceso en el Principado y de sus secuelas (lo que tal vez se irá resolviendo estos meses en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), estamos hablando de llevar la esencia del conflicto nacional catalán que mantiene con otras naciones europeas en el corazón del sistema internacional, estamos hablando del proceso que afecta a todos los miembros de la comunidad nacional catalana y que, si se articula bien, puede significar una transformación política radical en el Mediterráneo occidental.
En efecto, la consolidación del Consejo por la República como ámbito representativo del movimiento de emancipación de toda la nación catalana tiene la derivada de que el próximo embate contra los centros de poder existentes en Madrid y en París no será el del gobierno de una comunidad autónoma española contra el aparato de su Estado central sino el del conjunto de los Países Catalanes en un contexto que trasciende al Reino de España y que interpela directamente a las organizaciones internacionales europeas y mundiales, así como a las grandes potencias globales.
Otra derivada es que, en el supuesto de que el Principado de Cataluña se constituyera en una República independiente, el Consejo para la República debería seguir existiendo como representativo del conjunto de la nación. En mi opinión, como he expresado en otras ocasiones, el pleno reconocimiento internacional de una independencia ceñida al Principado de Cataluña es inviable sin la descomposición del actual Reino de España, una circunstancia que es más factible que se precipite si el conflicto se plantea en un alcance territorial más amplio, con ambición, en la línea, en definitiva, que los representantes en la Asamblea del Consejo ya han manifestado.
EL PUNT-AVUI
