Tengo un respeto escrupuloso por los presos políticos y tiendo a matizar sus opiniones entendiendo que el hecho de estar injustamente privados de libertad les condiciona. Incluso les condiciona en cosas tan simples como consultar enciclopedias o libros. Pero entiendo que, sin romper este respeto, he de poder discutir sus opiniones, muy especialmente si están basadas en hechos erróneos. Ayer el vicepresidente Oriol Junqueras, en la línea de declaraciones similares de ERC en estos últimos tiempos, afirmó: “No hay ningún país que haya llegado a la independencia cuando tiene el 50% de la sociedad en contra”. Y esto, lo siento, pero no es así.
Debo aclarar de entrada que la formulación, de por sí, ya es muy extraña. Porque cambia la formulación tradicional que siempre, en una decisión política cualquiera, cuenta cuánta gente hay a favor, no cuánta gente hay en contra. Pero también porque no hay ningún método acreditado para definir cómo se calcula cuánta gente va en contra de algo, excepto en el caso de un referéndum.
En caso de referéndum no hay duda: si la mayoría de los electores, el 50%, vota contra la independencia ya está. No hay independencia. En esto estaríamos todos de acuerdo. Y por lo tanto debe entenderse que, como ocurrió con el Brexit, si los partidarios de separarse ganan aunque sea por un puñado minúsculo de votos, ya está, tienen el derecho de hacerlo. Se entiende que aunque la otra mitad de la población esté en contra. Ahora, dejando de lado este método, que es el mejor pero que España no quiere aceptarlo, la historia, en cualquier caso, explica que hay países que se han independizado con un grosor de la población muy notable -la mitad, sí- claramente en contra.
Hay incluso ejemplos lejanos, que hoy podrían despertar cierta curiosidad. Miremos el caso de Finlandia. La declaración de independencia de Finlandia fue adoptada el 6 de diciembre de 1917 por un senado creado expresamente por el presidente Pehr Evind Svinhufvud y se fundamentó en un resultado de 100 votos a favor y 88 en contra. Esto era el 53% de los escaños para los partidos independentistas, una cifra que es sólo un punto superior al 52% de los escaños que los partidos independentistas tienen en el parlamento de Cataluña hoy. Se podría argumentar, por tanto, que si el método valió allí debería valer también aquí y ahora. O explicar bien qué lo hace tan diferente. Y hay que tener en cuenta que, en vista de la situación y para ahorrarse dolores de cabeza, el senado decidió no hacer ningún referéndum para validarla y la aplicó directamente, sin más.
Pero este ejemplo es de hace muchos años, y entiendo que alguna gente no lo considere próximo o válido. Me referiré a continuación, por tanto, a casos muchos más recientes.
El 21 de mayo de 2006 se hizo el referéndum de independencia de Montenegro. Como muchos recordarán, el resultado oficial fue del 55,5% de los votos a favor y el 44,5% en contra, con una participación del 86,49%. En aquellos momentos la población de Montenegro era de 620.145 habitantes y el censo, de 419.236 electores.
Como he dicho, el problema de poner el acento no en quien va a favor de la independencia, sino en quien no va, permite a los contrarios a la independencia utilizar argumentos como los que precisamente se emplearon en Montenegro, que en el fondo son los mismos que aducen ya aquí los partidos monárquicos. Algunos partidos montenegrinos insistieron en que había que considerar que todo el que no había votado a favor no apoyaba la independencia.
El argumento, nada desdeñable, era que si sólo 230.711 ciudadanos sobre el total de los 484.718 electores habían votado que sí, significaba que un 53% de la población no había dado su consentimiento explícito a la adopción de una decisión tan importante. “Consentimiento explícito”, fue un término que se arrastró durante años y que a ustedes o a mí nos puede parecer una trampa, pero que sirvió para impugnar el proceso entero. Finalmente ni siquiera el argumento del consentimiento explícito impidió que, sin embargo, Montenegro se convirtiera en un Estado perfectamente independiente y miembro de la ONU, a pesar de la oposición, argumentable, de la mitad de la población.
En los Balcanes, de hecho, muchas de las declaraciones de independencia tuvieron el mismo problema. El referéndum de independencia de Bosnia se hizo entre el 29 de febrero y el primero de marzo del 1992 y fue activamente boicoteado por los serbios de Bosnia. Con una participación del 63,73%, en total hubo 2.061.932 votos a favor de la independencia, en un censo que el año anterior incluía una población adulta de 4.377.053 habitantes. De modo que, otra vez, se pudo decir que la mayoría no había dado un consentimiento explícito. En la vecina Croacia la situación fue parecida, hasta el punto de que en los territorios de mayoría serbia ni siquiera se pusieron las urnas del referéndum, lo que no impidió, sin embargo, ni la independencia ni la pertenencia posterior a la Unión Europea.
Un caso menos conocido pero muy interesante si queremos sostener de manera rigurosa esta discusión, es también el de los países bálticos. Queda en la memoria popular la imagen de que estos procesos de independencia fueron inmaculados y tuvieron un apoyo popular casi unánime, pero la realidad no es tan clara. Y el caso más evidente es el de Letonia.
La declaración de independencia de Letonia fue adoptada el 18 de marzo de 1990 por el Soviet Supremo. 138 diputados votaron a favor y eran necesarios 132; uno se abstuvo y 59 abandonaron la sala para no tomar parte en la votación, que consideraban ilegal. Este es el motivo -quien no está no cuenta- por el que todos los libros de historia dicen que la independencia de Letonia fue aprobada por el 99% -y también por este motivo pueden decir que la independencia de Cataluña, el 27 de octubre de 2017, fue aprobada por el 85% de la cámara.
Un año después, el 3 de marzo de 1991, se hizo un referéndum de independencia, que se ganó con el 74,9% de los votos a favor y un 25,1% en contra. Pero, y aquí hay una clave muy interesante, se ganó con un censo discutido. Sólo había registradas para votar 1.902.802 personas y no pudieron votar una parte de los rusos que residían en Letonia. La cifra exacta no es fácil saber, pero todos los estudios y una comparación con el censo en vigor indican que eran unas 750.000 personas, la inmensa mayoría rusófonas y claramente contrarias a la independencia. Preguntarnos qué habría pasado si hubieran votado es especular mucho, evidentemente, pero en cambio hay pocas dudas de que la sociedad letona era claramente una sociedad dividida por la mitad respecto del proceso.
Debo aclarar aquí, para no suscitar ninguna confusión, que entiendo el argumento de los letones, que dejaron sin derecho de voto a los rusos llegados al país tras la ocupación soviética. No discuto que tuvieran el derecho de hacerlo. Pero los datos evidencian que no era nada claro si la mayoría de los que entonces residían en Letonia eran partidarios de la independencia o contrarios. Lo que no ha impedido a Letonia construir la independencia y ser parte de la Unión Europea. Al igual que Estonia, donde todavía hoy cerca de un 10% de la población, rusos llegados durante la ocupación, no es considerada ciudadana de pleno derecho ni tiene derecho de voto. Ah, y también hubo una situación como la de Letonia o Estonia en Timor Oriental, en el referéndum de independencia de 1999, y allí fue sancionada como práctica correcta por la ONU.
Creo que con estos ejemplos -no hay ni que mencionar el caso evidente y conocido por todos de Kossove, ¡que tuvo que ganar la independencia en los tribunales!- basta para demostrar que la afirmación de que un país no puede ser independiente si la mitad de la población está en contra no se corresponde con la realidad.
Otra cosa es discutir si es conveniente o no en Cataluña, o si es factible o no, hacer la independencia con la mitad de la población en contra -discusión para la que primero se debería acreditar que esto es así, porque tengo que recordar que nadie ha podido demostrar aún si esto ocurre. Podemos discutirlo políticamente y hacer tantas propuestas como sea necesario. Podemos discutir si es aceptable que una minoría se imponga a la mayoría. Podemos discutir, si es necesario, sobre la necesidad de pactar algún tipo de mayoría reforzada para dar un paso tan importante como éste. En cambio, no me parece adecuado afirmar que algo no es posible si los datos contrastables evidencian que el argumento no se corresponde en modo alguno con la realidad.
VILAWEB
