En relación con Cataluña, el Estado español ya no puede considerarse un estado de derecho. En relación a Cataluña, el gobierno español actual es un gobierno inútil.
Estado de derecho.
Para que un Estado pueda ser considerado un estado de derecho es necesario que cumpla varios criterios. Los dos más importantes son la situación práctica de los derechos y libertades individuales y colectivos, y una separación de poderes en la que los tribunales sean a la vez independientes y sobre todo imparciales en sus decisiones (son dos cosas distintas: un poder judicial puede ser independiente y no imparcial, y viceversa).
A partir de la emergencia del proceso de independencia de Cataluña, España no cumple ninguno de estos dos criterios. La lista de ejemplos es larga. La sentencia, técnicamente muy deficiente, del Tribunal Supremo sobre los presos políticos del Proceso lo ilustra: tribunal asignado, vulneración de los derechos de las defensas, lenguaje retórico legitimador basado en adjetivaciones evaluativas poco jurídicas, argumentaciones retorcidas sobre la sedición y la malversación, sesgos interpretativos graves de los derechos de reunión y de participación, arbitrariedad de las penas, etc. Recordemos al juez americano Holmes: “Una sentencia vale lo que valen sus argumentos”. Además, se constata la impunidad de unos servicios secretos del Estado con prácticas cercanas a las de las mafias y los estados autoritarios (policías patrióticas —casos Trias, Mas, Iglesias…—, redes paralelas de policías-jueces-fiscales-medios de comunicación, operación Cataluña, espionajes políticos, sainete de las euroórdenes, investigaciones policiales “prospectivas” avaladas por jueces, etc.) Se trata de deficiencias democráticas graves, denunciadas por el Consejo de Europa, la ONU o por tribunales de estados europeos.
El objetivo parece claro: acabar con la disidencia que cuestiona a la unidad de España. El ‘deep state’ y buena parte del propio sistema institucional practican un nacionalismo iliberal de estado que aleja al sistema político español de las democracias liberales. Unas prácticas que dinamitan el respeto a los derechos y libertades y que recuerdan al Carl Schmitt de “Defensa de la Constitución”, que en realidad quería decir “Defensa de Alemania”. Figuras mucho menores como Lesmes, Llarena o Marchena actúan como escuderos de infantería schmittianos: su pobreza argumentativa no esconde unas concepciones muy simples, pero claras, de carácter nacionalista iliberal.
La separación de poderes presenta también un panorama bastante desolador: un Tribunal Constitucional que se arroga la decisión sobre los temas de los que se puede hablar y de qué no en un Parlamento elegido democráticamente (!), violaciones de las inmunidades parlamentarias, tribunales que legislan sobre políticas lingüísticas, parcialidades manifiestas en sentencias y resoluciones judiciales, relaciones explícitas entre jueces y partidos políticos, interferencia de servicios ejecutivos en procesos electorales. Conclusión: existen claras deficiencias sistémicas en la justicia española que la alejan de los estados de derecho.
Gobierno central.
En relación con Cataluña no se vislumbra en el gobierno central ninguna voluntad o predisposición a plantear primero y solucionar después el conflicto político de Cataluña con el Estado. Un problema que tiene dimensiones institucionales, económicas, fiscales, simbólicas, lingüísticas, culturales, de política europea y de política internacional. Más allá de las reivindicaciones de amnistía y de autodeterminación planteadas por el independentismo, en todo este tiempo –y ya llevamos varios años– no ha habido la más mínima propuesta del gobierno central que pueda encauzar el problema de fondo en ninguna de estas dimensiones.
No hay que confundir la carpeta del autogobierno nacional con la carpeta antirrepresiva. Aligerar la segunda, que tampoco se hace y que supondría, al menos, revisar o anular delitos penales, reformar la ‘ley mordaza’, reformar y controlar el CNI, atacar la impunidad de delitos cometidos desde el ejecutivo y detener los procesos pendientes (Fiscalía) no implica nada respecto a encauzar la primera carpeta. Es la resolución del problema político de fondo entre Cataluña y el Estado lo que debería ocupar el orden del día de un pretendido “diálogo”. Si no, resulta un teatro contraproducente para Cataluña porque sólo legitima la posición del Estado, especialmente en el ámbito internacional. En este sentido, puede decirse que el gobierno central actual es un gobierno inútil para Cataluña. Esto perjudica a todos los catalanes, piensen lo que piensen en relación con la conveniencia o no de convertirse en un Estado independiente. En política, como en otras dimensiones de la vida, los que están realmente perdidos son los que no saben adónde van.
ARA
