La represión y violencia contra los activistas de los pueblos minorizados en Rusia aumentan
Los circasianos conmemoran cada 21 de mayo el genocidio perpetrado contra ellos por el Imperio ruso entre 1860 y 1864. Este pueblo y otros experimentan dificultades para recordar sus efemérides, debido a los crecientes obstáculos impuestos por las autoridades rusas desde 2020. La represión y violencia contra los activistas de los pueblos minorizados en Rusia aumentan: a la explotación de recursos naturales que daña las tierras ancestrales se une el fomento de la rusificación, que debilita las lenguas y culturas de estos pueblos. La estrategia legal de Rusia busca evitar responsabilidades internacionales por estos abusos y, con la guerra contra Ucrania, Moscú exacerba el sentimiento nacionalista ruso.
A los pies de la cordillera del Gran Cáucaso se alza orgullosa la pequeña ciudad de Nálchik, capital de la república de Kabardino-Balkaria. Se trata de una de las 21 que componen la Federación Rusa —junto a otros sesenta sujetos territoriales—, y donde se eleva el majestuoso monte Elbrús, que con sus 5.642 metros fija el techo del continente europeo. Kabardino-Balkaria es el hogar de balkars, pueblo turcómano que tradicionalmente ha habitado las zonas montañosas de la región, y de los kabardines, un subgrupo étnico de los doce que forman el pueblo circasiano, y que provienen de las tierras bajas.
Como cada 21 de mayo, desde hace años miles de kabardinos se congregan y se marchan por las calles del centro de Nálchik para conmemorar de forma solemne el genocidio contra el pueblo circasiano perpetrado entre 1860 y 1864 por el Imperio ruso. Una barbarie que provocó la muerte o la deportación al Imperio otomano de entre 1,5 y 2 millones de circasianos de las regiones centrales y occidentales del norte del Cáucaso como parte de las campañas militares rusas para dominar aquellos territorios y someterlos.
Desde el año 2020, los organizadores se encuentran cada vez más dificultades e impedimentos burocráticos por parte de las autoridades para poder realizar este acto de recuerdo y homenaje, y sólo el carácter espontáneo y de masas de la marcha permite que se lleve a término. Actualmente, los circasianos descendientes de los supervivientes del genocidio están repartidos por una cincuentena de países de todo el mundo, con una población total de unos 5,5 millones, especialmente en países como Georgia, Israel, EE.UU., Jordania o Turquía, donde vive la diáspora circasiana más numerosa, y en la que cada 21 de mayo se organizan los actos más multitudinarios de conmemoración.
Las restricciones contra el derecho a la memoria por el genocidio de los circasianos recuerdan a las que sufren otros pueblos bajo el yugo ruso, como los tártaros de Crimea desde 2014, en sus intentos por conmemorar las deportaciones sufridas a manos de las autoridades soviéticas en 1944. Moscú teme que la memoria del dolor y la tragedia sufrida en el pasado contribuya a desvelar la conciencia nacional en el presente, fortaleciendo así el activismo en defensa de los derechos nacionales en estos territorios. Todo un recordatorio de hasta qué punto, de formas diferentes, la opresión y las atrocidades sufridas por pueblos como los chechenos, los ingushes, los calmucos, los balkares y tantos otros durante el período imperial ruso y parte de la era soviética continúan vigentes hoy.
La represión del derecho a la tierra
El trato que han recibido y reciben las minorías étnicas por parte de las autoridades rusas en cada momento de la historia opera como un reloj que va sincronizado con las inercias de cierre o apertura del régimen. Sin llegar a los intentos de exterminio físico o a las deportaciones de épocas pretéritas, la regresión autoritaria que la Federación Rusa vive desde hace más de una década está siendo sufrida y sentida en carne propia de formas diferentes por gran parte de las cerca de las 170 minorías nacionales que la componen y que conforman el 20% del total de la población.
Uno de los casos más representativos de esta oleada regresiva es la violencia que ha sufrido últimamente el pueblo turcómano de los Bajkirs, indicativo también de hasta qué punto la cuestión nacional está atravesada por la cuestión ecológica y territorial. Situada entre la cordillera de los Urales por el este y el río Volga al oeste, los bajkirs son la nación titular de la República de Bashkiria: representan el 31,5% de la población, según el censo de 2021.
En enero de este año, Faïl Àlsinov, destacado activista en defensa de los derechos de este pueblo, fue condenado a cuatro años de prisión en una colonia penal por liderar las protestas que tuvieron lugar en 2023 contra la construcción de unas minas de oro ilegales en unas colinas de piedra caliza situadas al sureste de la república, consideradas sagradas por los bajkirs. La ola de manifestaciones en apoyo a Alsinov que se desató en Bashkiria a mediados de enero fue de las más numerosas que han tenido lugar en Rusia desde el inicio de la agresión contra Ucrania en febrero de 2022, y adoptaron un carácter reivindicativo de la propia identidad nacional.
Pese a su carácter no violento, las protestas fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas policiales, incluido el uso de gas lacrimógeno contra los manifestantes, provocando decenas de heridos y cientos de detenidos. A 56 les abrieron causas penales ya 163, administrativas. Dos de los represaliados, Rifat Daütov, de 37 años, y Minniiar Baiguskarov, de 65, murieron en circunstancias poco claras poco después de ser detenidos, el primero de ellos bajo custodia policial.
El aumento de las extracciones de petróleo, gas y minerales en Rusia de los últimos años ha afectado a muchas comunidades indígenas, especialmente en Siberia y el Extremo Norte ruso, y la creciente desprotección legal ha hecho que se multipliquen las violaciones del derecho de las minorías a disponer de la tierra. Las nuevas perforaciones de petróleo iniciadas en 2016 en la reserva natural del lago Numto del distrito autónomo de Khanti-Mansi, un lugar considerado sagrado por el pueblo de los khantis, el incremento de las extracciones de carbón en la península de Taimir que desde 2019 perjudican gravemente los pueblos indígenas locales, o la construcción de nuevos gaseoductos y terminales de gas natural licuado por parte de Gazprom y de diversas compañías internacionales en la península de Yamal, que afectan al modo de vida del pueblo nómada local de los nenets (1), son algunos de los muchos casos que se han producido, acompañados de un incremento de la represión contra el activismo ecologista y en defensa de la tierra.
Los daños contra las tierras ancestrales de estos pueblos causados por las industrias extractivas provocan la pérdida de culturas tradicionales a consecuencia de una urbanización a menudo no deseada. También se ha detectado un incremento del alcoholismo entre los miembros de estas comunidades así como una de las tasas de suicidio juvenil más altas del mundo, con especial incidencia en jóvenes indígenas de los pueblos en Siberia y el Extremo Norte ruso.
En 2019, las autoridades rusas ilegalizaron el Centro de Apoyo a los Pueblos Indígenas del Norte después de su designación como “agente extranjero” en 2015, fruto de la ley homónima aprobada por el legislativo ruso tres años atrás. El fin de esta organización -una de las más importantes en el ámbito de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas- incrementó la desprotección de las minorías de estas regiones, y desde entonces ha favorecido las vulneraciones de sus derechos.
A finales de 2021, más de un centenar de organizaciones rusas e internacionales dirigieron una carta al presidente Vladimir Putin pidiendo el fin de la represión e intimidaciones a activistas indígenas en defensa del territorio y contra las extracciones ilegales mineras y de hidrocarburos, las cuales incluían detenciones ilegales, persecución judicial, amenazas, e incluso el cierre en hospitales psiquiátricos, como es el caso del activista de Yacutia Aleksandr Gábishev. Durante los últimos años se ha incrementado el número de indígenas exiliados, que incluso en el extranjero sufren amenazas y el acoso de las autoridades rusas por intentar silenciarlos.
Regresión lingüística
Tal y como preconizó el célebre autor y activista en defensa de los derechos de los pueblos minorizados Ngũgĩ wa Thiong’o, la lengua es el banco de la memoria colectiva de la experiencia de los pueblos en la historia. Como tal, según Nggg, hace posible la génesis, el crecimiento, la acumulación, la articulación y, naturalmente, la transmisión de la memoria de una generación a la siguiente. Asumiendo la importancia de las lenguas como elemento configurador de las identidades, la política lingüística se ha convertido en punta de lanza del proceso asimilador que desde hace unos años impulsan las autoridades rusas. Los derechos lingüísticos de los hablantes de las más de 270 lenguas y dialectos no rusos que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, todavía se hablan en el país -especialmente en Siberia, Cáucaso Norte, Extremo Oriente y Extremo Norte- han estado sujetos de una política creciente para afianzar y consolidar la posición del ruso como jerárquicamente superior al resto.
Aunque las entidades subestatales de la Federación Rusa gozan de competencias en materia educativa y lingüística, especialmente en el caso de las 22 repúblicas, han sido despojadas de contenido de forma progresiva durante la última década y media. Con la Ley de educación aprobada en 2012 pocos meses después del retorno de Putin a la presidencia del país, el gobierno ruso inició un proceso de jerarquización entre la lengua considerada imprescindible (el ruso) y las que podían tener un lugar en la educación “dentro de las posibilidades que ofrezca el sistema educativo” (todo lo demás). Según lo establecido en el artículo 14 de la Ley, la enseñanza de las lenguas minorizadas de las repúblicas se convirtió en opcional, y nunca en detrimento de la enseñanza y aprendizaje de la lengua estatal de la Federación Rusa: el ruso. Un estatus opcional que se consolidó en reformas incorporadas a la Ley de educación de Rusia en 2018, lo que debilitó aún más su estatus y fortaleció la posición del ruso como lengua dominante.
En el mismo 2012, el presidente de la Federación Rusa promulgó el decreto sobre la estrategia del Estado en materia de política nacional hasta 2025, estableciendo como uno de los objetivos la promoción del uso de la lengua rusa como lengua estatal de la Federación Rusa y lengua “de comunicación interétnica”. En otras palabras, como “lengua común”. En una dirección similar, la reforma constitucional rusa de 2020 incluyó una modificación del artículo 68, según la cual el ruso pasaba a ser considerada “lengua del pueblo que vertebra el Estado”, lo que ponía fin al precepto fijado en la Constitución de 1993 según el cual, al menos formalmente, todos los pueblos de la Federación Rusa eran considerados iguales. Así, a pesar de mantener la ficción formal de ser un estado multinacional, la reforma de 2020 estableció una jerarquía entre pueblos por cuestión de sus lenguas: los rusos étnicos se convirtieron legalmente en el pueblo vertebrador del Estado ruso. Se les privilegió sobre el resto y se generaron nuevos incentivos para la asimilación lingística.
Con el paso de los años, las denominadas escuelas nacionales, donde primaba la enseñanza en lenguas minorizadas, han sido víctimas del proceso de creciente rusificación de la educación. Casos como el de Tatarstán son bastante representativos del retroceso vivido. Considerado un caso de éxito por el mantenimiento y desarrollo de la lengua tátara, que era obligatoria para los alumnos de todos los pueblos en las escuelas de la república, en 2017 la enseñanza en tátaro se convirtió en voluntaria bajo presión de Moscú. El número de hablantes de tártaro, la mayor lengua minorizada de Rusia, disminuyó sustancialmente entre los censos de 2010 y 2021. El mismo censo de 2021 muestra cómo los hablantes de casi todas las lenguas minorizadas se redujeron durante ese período, incluyendo entre ellas 25 lenguas que se encuentran cerca de la extinción, y diecinueve en peligro de extinción.
Desprotección legal internacional
La deriva uniformizadora, etnocida y que pretende hacer avanzar a Rusia hacia un modelo de Estado nación homogéneo también explica la retirada de Moscú del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales en diciembre de 2023. Adoptado por el Consejo de Europa en 1994, y ratificado por Rusia al acceder a este organismo internacional en febrero de 1996, el convenio establece un conjunto de principios que se espera que los firmantes sigan a la hora de desarrollar políticas por lo que se refiere a los derechos de los grupos minorizados, incluidos los pueblos indígenas, las minorías étnicas y nacionales. El convenio incluye ámbitos de protección como el uso de las lenguas minorizadas en los medios de comunicación y la educación, o la promoción y protección de las culturas, historias y religiones minorizadas.
La decisión va en la línea de la estrategia rusa de retirarse de las obligaciones de los tratados y del derecho internacional para poder actuar con mayor impunidad en casa. Así, como parte de la reforma de la Constitución rusa de 2020 también se reformó, entre otros, el artículo 79, que estableció que las decisiones de los mecanismos interestatales adoptadas con base en las disposiciones de los tratados internacionales no serían exigibles a Rusia si eran incompatibles con la Constitución. De forma similar, la nueva versión del artículo 125 fijó que al Tribunal Constitucional ruso se le otorgaba la autoridad para prohibir la ejecución de decisiones de organismos interestatales sobre tratados internacionales.
Pocos meses después del inicio de la agresión militar contra Ucrania, en septiembre de 2022 la Federación Rusa se retiró de la Convención Europea de Derechos Humanos, quedando fuera de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Unas decisiones que contribuyen a blindar el precepto de que la nación titular del Estado es la rusa: se establece una desigualdad legal explícita entre ciudadanos por razón etnolingüística, y todas aquellas discriminaciones que se puedan derivar de la misma.
Ucrania y el cierre interno
Desde 2012 las autoridades rusas han estado construyendo un marco legal que les permitiera eliminar la disidencia política. A raíz del inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, estos esfuerzos se intensificaron y culminaron con una serie de leyes y reformas penales de censura en tiempo de guerra para perseguir y condenar a largas penas de cárcel a cualquier crítica a la agresión militar. La aplicación, a menudo violenta, de estas leyes ha comportado una represión sistemática contra las organizaciones de la sociedad civil, un cierre del espacio cívico y de los medios independientes y una oleada de detenciones arbitrarias masivas, acosos y encarcelamientos, la cual, según denunció en septiembre de 2023 Mariana Katzarova, relatora especial de Naciones Unidas sobre el estado de los derechos humanos en Rusia, también ha afectado a los pueblos minorizados, incluyendo el uso persistente de tortura, malos tratos y violencia sexual y de género, prácticas que han puesto en peligro la vida de las personas detenidas. El deterioro es especialmente grave en el norte del Cáucaso, y sobre todo en la Chechenia de Ramzán Kadírov, donde el régimen de terror preexistente se ha intensificado desde el inicio de la guerra en Ucrania. Por si fuera poco, el atentado yihadista del pasado mes de marzo en las afueras de Moscú ha provocado que se disparen los actos de discriminación y los ataques xenófobos contra miembros de minorías en toda la Federación Rusa.
En su informe de septiembre de 2023, la relatora especial de la ONU también destaca que la ley federal aprobada en julio de 2022, “para contrarrestar la actividad extremista”, ha sido utilizada, entre otras cuestiones, para reprimir a los pueblos que buscan fomentar su lengua o identidad, acusándoles de fomentar el “odio” hacia los rusos étnicos. El informe también denuncia que la movilización de tropas para combatir en la guerra contra Ucrania ha sido particularmente agresiva con hombres pertenecientes a grupos minorizados y pueblos indígenas con poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Las autoridades llegaron a imponer restricciones de movilidad y bloquear los accesos a ciudades y pueblos durante las campañas de movilización. También se han producido irrupciones nocturnas en hogares por parte de las fuerzas de seguridad, y en algunos casos se han llevado toda la población masculina en edad de trabajar de pueblos enteros .
Del total de 52.789 bajas de combatientes del bando ruso identificadas hasta ahora por el medio independiente ‘Mediazona’ (2) -el número total es mucho mayor-, una cifra desproporcionadamente alta corresponde a residentes de territorios con una presencia significativa de minorías. Los buriats, pueblo mongol originario del sudeste de Siberia, son los más sobrerrepresentados: han sufrido un 1,16% del total de las bajas identificadas, aunque sólo forman el 0,4% de la población total de Rusia. Unas disparidades de mortalidad que también afectan a pueblos como los bajokirs, tuvinianos, calmucos, chuktxis o nenets. En el caso del reclutamiento forzoso, destaca también el caso de la sobrerrepresentación de los tártaros de Crimea, con el agravante de que significa una violación de las Convenciones de Ginebra, en tanto que territorio ocupado desde 2014.
La movilización desproporcionada de los pueblos sin Estado ha provocado oleadas de protestas espontáneas, como las que tuvieron lugar en Daguestán y otros territorios caucásicos en septiembre de 2022, y que se saldaron con más de 300 detenidos. La agresión rusa contra Ucrania ha alimentado el sentimiento de agravio hacia un Estado ruso que poco a poco se reencuentra con sus pulsiones imperialistas y genocidas más atávicas. Un proceso alimentado por la inflamación de las pulsiones nacionalistas rusas de forma cada vez más agresiva, con especial incidencia en los medios de comunicación, los discursos públicos y el ámbito educativo.
Muchos ciudadanos pertenecientes a pueblos minorizados se sienten cada vez más al margen del proyecto de construcción nacional en Rusia, y a raíz de la agresión contra Ucrania ha crecido el interés y la identificación con su propia identidad, también como forma de rechazo en clave descolonial en la condición imperialista del hecho nacional ruso. Un proceso que está acompañado de un incremento del activismo en defensa de unas lenguas minorizadas que se han convertido también en vehículo para iniciativas contra la guerra, factor de afirmación nacional que refuerza la solidaridad de grupo y generadoras de un sentimiento renovado de pertenencia.
“Por siempre con Rusia”
En julio de 2017, en una reunión del Consejo para las Relaciones Interétnicas de la Federación Rusa para abordar la estrategia de la política étnica estatal hasta 2025, Putin hizo una defensa enconada de la obligación de conocer al ruso y hablarlo, por encima del resto de lenguas de carácter opcional y voluntario, y lo definió como “la lengua estatal, la lengua de comunicación interétnica”, que “no se puede sustituir por nada; es el armazón espiritual natural de todo nuestro país multinacional”. Un recurso a la idea de espiritualidad para defender la primacía del ruso que resuena con el uso que Putin ha hecho para justificar las acciones bélicas contra Ucrania, en pro de la “unidad espiritual” entre los pueblos ruso y ucraniano .
Bajo la apariencia de estado multinacional de la Federación Rusa, y de la idea de armonía y de “amistad” entre pueblos, heredera en gran medida de la tradición soviética, se encuentra un paradigma de asimilación y de fusión en la matriz etnolingüística rusa que se hace cada vez más evidente, a fin de reforzar una idea de unidad considerada como inevitable. El recurso a la noción de espiritualidad la sitúa por encima del plan político, y la aparta, en tanto que hecho imperativo del que el Estado ruso es depositario, frente al cual no hay otra alternativa que plegarse a la su voluntad.
La idea de la inevitabilidad del dominio y de la primacía rusa es tangible y visible de formas diversas. En el acceso a la ciudad de Nálchik desde la vecina Osetia del Norte se alza un colosal arco de triunfo dedicado a las glorias militares rusas. Lo corona la inscripción “Para siempre con Rusia” (“Навеки с Россией”), que evoca el inexorable destino de kabardinos y balkares, y que se puede encontrar en otras repúblicas de la Federación Rusa. Desde hace dos años, es también reproducido por los muchos carteles con la inscripción “Para siempre juntos” (“Навеки вместе”) que las autoridades rusas han hecho proliferar en los territorios ocupados de Ucrania. Todo un recordatorio permanente de la indisoluble unidad con la madre patria rusa de los pueblos ocupados por su poderío militar.
(1) https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9nets
(2) https://zona.media/casualties
*Nationalia es el diario de las naciones y pueblos sin estado. Editado por el CIEMEN desde 2007, es una forma diferente de mirar al mundo y alejada de una visión hegemónica centrada en los estados como actores principales de la escena internacional.
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