La obtención de la mayoría absoluta de escaños por los partidos que se han presentado en unas elecciones con el compromiso explícito de declarar la independencia ya confiere plena legitimidad democrática al proceso catalán. De hecho, y teniendo en cuenta la imposibilidad de celebrar referéndums de soberanía dentro del marco constitucional español, las llamadas elecciones “plebiscitarias” con el triunfo de los partidarios del sí permitirían asociar el caso catalán a una de las pocas experiencias en la historia de una secesión consumada a través de la democracia. Sólo recuerdo que la práctica totalidad de procesos de este tipo, incluso en las circunstancias que en sus tramos finales contaran con una expresión favorable de la voluntad popular, han sido rodeados de coacciones, de guerras, de conflictos de alta intensidad, o directamente de decisiones de las élites gobernantes que no contaban con el apoyo de la mayoría. Esta ha sido la constante, desde la independencia de los estados americanos en 1776 hasta la independencia de Kosovo en 2008. En consecuencia, una victoria en escaños de las candidaturas Juntos por el Sí y la CUP el 27-S ya representaría un mandato democrático suficiente para culminar el proceso del que casi no se había dotado ninguna de las naciones ahora soberanas cuando accedieron a la condición de estados.
Hay dos argumentos planteados desde el unionismo para rebatir la legitimidad democrática suficiente de la mayoría absoluta de escaños. Dos argumentos que se presentan con más sofisticación que la mera oposición frontal a la secesión catalana alegando que la Constitución Española no lo permite o que sólo lo permitiría a través de una draconiana reforma constitucional. El primero es que cualquier gesto hacia la independencia al menos exigiría una mayoría de votos emitidos en las mismas elecciones “plebiscitarias”. El problema de esta consideración, sobre la que efectivamente hay que reconocer que la victoria en votos reforzaría aún más la legitimidad del proceso, es que se reclama sin tener en cuenta que el debate se produce en el marco de unas elecciones parlamentarias porque el sistema constitucional español hace inviable la celebración de un referéndum de secesión. En otras palabras, no es plausible pedir la mayoría de votos cuando se priva del instrumento, el referéndum, en el que es esa mayoría la que cuenta para determinar el apoyo popular a una iniciativa política. De todos modos, en caso de que el 27-S las fuerzas soberanistas no sólo alcanzaran la mayoría de escaños sino también el apoyo en mayoría de votos emitidos, aquellos que insinúan esta segunda condición como necesaria para sacar adelante volverían a negar su legitimidad cobijándose en las prohibiciones constitucionales.
Entonces quizás plantearían el segundo argumento para menospreciar la victoria en votos y en escaños, a saber, que una mayoría absoluta en escaños es insuficiente para hacer la independencia si tenemos en cuenta que para reformar el Estatuto de Autonomía se necesitan al menos dos tercios del Parlamento . Pero en este punto hay que decir que la secesión no es una reforma del sistema autonómico en el sistema constitucional español sino que es una ruptura del sistema. Una ruptura genera una nueva legalidad que, en nuestro caso, a partir del 27-S podría disfrutar del inequívoco apoyo de una mayoría democrática. Por otra parte, en el supuesto de que entendiéramos el Estatuto como un acuerdo entre España y Cataluña se podría alegar que el Estado español ya ha rescindido unilateralmente este acuerdo con la sentencia sobre la reforma estatutaria del Tribunal Constitucional de 2010 contra la voluntad del pueblo catalán. Desde Cataluña, pues, nos limitaríamos a responder al incumplimiento de un contrato. Pero es que el propio Tribunal Constitucional ha declarado en varias ocasiones que el Estatuto no es un acuerdo de voluntades. El Estatuto es una expresión sujeta a la voluntad del único soberano reconocido por el sistema vigente: el pueblo español constituido en nación española, que es, precisamente, la situación de dominación que buena parte de los votantes del próximo domingo aspirarán a superar.
EL PUNT-AVUI
