Esta expresión señala el momento en que diversos elementos puestos en contacto, tras incidir unos sobre otros, provocan en el conjunto un proceso inflacionario que se resuelve en una explosión destructora. Se tiene la sensación de que España camina hacia un similar estado. Dejando a un lado las raíces del problema, que responden a las disfunciones que han caracterizado a este imperio, el momento presente es la culminación del proceso iniciado con la desaparición de Franco. El franquismo fue el último intento pleno del autoritarismo español para mantener la ficción nacional española. La denominada transición creyó poder conservar sus estructuras haciendo asumible a los sometidos la sujeción a una Nación que ellos no consideraban suya.
La transición se vendió como el acuerdo entre todos los elementos humanos a los que había atado
El paso del tiempo ha puesto en evidencia la inoperancia de la solución. El cambio propugnado de la forma y gobierno del Estado no era sino un lavado de cara, al que se vieron forzados los franquistas reformadores y las fuerzas socio-políticas españolas de la oposición, apremiados por conseguir el visto bueno de Europa y contexto internacional en general. A la larga, no obstante, la instauración de un sistema representativo de corte europeo occidental y la instauración de un sistema híbrido de descentralización se han agotado. La política española no es otra cosa que un totum revolutum representado por la encarnizada lucha que desarrollan las dos fuerzas políticas hegemónicas –P.P y P.S.O.E.- por dominar gobierno y administración, y el acuerdo de ambas en impedir que cristalice un proceso de soberanía en los dos territorios del Estado más problemáticos, como son Navarra –Euskal Herria- y Cataluña.
Los españoles han logrado por el momento su propósito, gracias al control ejercido sobre los resortes político-institucionales del Imperio. El primero de ellos es la propia Constitución española y conjunto de sistema jurídico. El texto constitucional marca con claridad que
En el momento presente el agotamiento de la colaboración con España dentro del marco institucional aparece en estos hechos. Flagrante incumplimiento de aspectos primordiales del Estatuto de Gerníka, rechazo altivo del Plan Ibarretxe, incapacidad de sacar adelante el Estatuto de Cataluña… Estos datos muestran la imposibilidad de conseguir acuerdos con España en el terreno de la negociación -político en estrictos términos-. El sistema institucional español se alza como una pared infranqueable para quienes pretenden convencer a los españoles de la necesidad de progresar en los cambios mediante el acuerdo. Los españoles se cierran ante la posibilidad de que nuestras Naciones puedan ser dueñas de sus destinos; rechazan que el deseo de unas colectividades -la navarra y catalana- de ser soberanas pueda ser tan legítimo como el de los españoles. No quieren entender que el ser ellos más numerosos no les concede ninguna legitimidad para imponer su Nación y Estado.
El camino institucional español constituye una vía muerta. El parlamento español dio un portazo a Ibarretxe. El Tribunal constitucional bloquea el proyecto de Cataluña. En ambos casos los impulsores del proceso pretendían remitirse al refrendo de las colectividades interesadas. Frente a tal propuesta se ha levantado la pared del marco jurídico del Estado español que se reclama superior a cualquier voluntad mayoritaria de colectividades nacionales concretas. No nos encontramos ante un problema jurídico –de derecho-, sino ante una cuestión política. El conflicto que muestra la incapacidad del tribunal Constitucional español para dar salida a las cuestiones planteadas por el estatuto catalán no se refiere a una mera lectura de los textos legales que permita el encaje de las aspiraciones catalanas en el actual marco de los citados textos. No es una cuestión de interpretación. La discrepancia entre los viejos franquistas con el sector denominado progresista, ambos impulsores en su día del actual marco jurídico, obedece a una diferente percepción del peligro de ruptura de España. Los primeros ven en cualquier concesión hecha a la reivindicación nacional de vascos y catalanes la vía de agua por la que puede ir a pique
Todo lo que antecede es cierto por lo que toca a quienes han pretendido utilizar el camino institucional. Se ha llegado a un punto en el que –más allá de la literalidad de los textos- aparece el conflicto descarnado entre España y las naciones que le están sometidas. Hasta ahora muchos soberanistas se han mantenido en la senda constitucional española. Otros han optado por la ruptura, el rechazo franco de la oferta española. En muchos casos se ha llegado incluso al enfrentamiento abierto, la lucha armada. Para estas situaciones España tenía prevista la actuación represora a través de la judicialización y el recurso a las fuerzas policiales. Durante mucho tiempo estos últimos instrumentos únicamente se aplicaron exclusivamente a quienes recurrieron a las armas. El sistema declaraba que toda idea era defendible mediante procedimientos democráticos, los que derivan de la acción política legal. Este planteamiento encerraba una fuerte contradicción. Permitía la defensa de la soberanía, a pesar de que la misma era negada explícitamente en los textos jurídicos españoles. Al final el conflicto se muestra insuperable.
Hoy la represión desde tribunales y policía ha alcanzado a quienes se limitan a la pura acción política, una acción que va más allá del trabajo institucional. España comprende que esta práctica busca erosionar los planteamientos del sistema jurídico vigente que afirman
El conflicto tiene carácter general. Afecta al conjunto de la relación entre el soberanismo navarro y catalán con España. La confusión generada por el recalentamiento en los cauces de comunicación entre estas dos naciones y la propia España, es resultado de la contradicción entre las aspiraciones soberanistas y el anhelo español por mantener la unidad de Estado español. El sistema político de la transición española es inviable para una perspectiva soberanista que gana cuerpo como la única solución al conflicto. La solución racional pasa porque los españoles acepten lo que es insoslayable. La recuperación de la soberanía de las dos naciones que la reclaman. Por lo demás los españoles deberían ser conscientes de que esta una cuestión que afecta igualmente a otros Estados europeos que se configuraron al mismo tiempo que el español. En todos ellos aparecen casos similares de naciones que reclaman la soberanía.
El fracaso de España se hace más relevante cada día. Se manifiesta particularmente en este momento de crisis económica en el que se han puesto de manifiesto –una vez más- las insuficiencias estructurales. Pero estas insuficiencias son resultado de un modelo de Estado que no ha superado nunca su trayectoria autoritaria y el carácter de parásito por el que han marchado siempre las élites españolas. El funcionamiento de las instituciones españolas se encuentra ligado de manera indefectible al acuerdo de las organizaciones políticas españolas, en el momento representadas por el P.P. y el P.S.O.E.. Fueron ellas quienes plantearon la estructuración de un sistema que les permitiera el control de las instituciones claves del Estado, con el objetivo de impedir que fraguasen andando el tiempo soluciones independentistas en Navarra y Cataluña.
En el momento presente la disputa que mantienen ambas fuerzas por el control de la administración y el cúmulo de circunstancias negativas de la coyuntura les ha llevado a una pelea de perros callejeros. La grave situación en que se encuentra España, como resultado de una política económica insensata, mantenida a lo largo de más de dos décadas –por tirios y troyanos- el hastío de navarros y catalanes, a quienes se quiere imponer el trágala español, alejan la posibilidad de cualquier solución acordada. España no merece ninguna confianza. Carece de dirigentes y de élites socio-económicas que puedan ofrecer a los propios españoles una salida de tipo económico y social viable. A quienes no se consideran españoles este Estado se presenta en su aspecto más amenazador, intransigente y espoliador. Este es el conjunto de factores que en el momento presente friccionan en el panorama político español. La incidencia de unos sobre los otros lleva a un aumento de las tensiones, sin que se produzca ningún tipo de deslizamiento. Se está constituyendo una masa crítica que terminará abocando a una deflagración.
