¿Qué pasaría si un nuevo Estado catalán gasta esos recursos en servicios que ahora provee el Estado?
El Gobierno catalán ha ofrecido los cálculos sobre la balanza fiscal entre Catalunya y el sector público central para el 2011. Sus resultados indican un déficit fiscal de 15.006 millones de euros (7,7% del PIB) por el método del flujo monetario y de 11.087 millones (5,5% PIB) según el enfoque de carga-beneficio. Estos datos resultan de neutralizar el déficit anual del sector público central. A algunos analistas no les gusta la neutralización, como si no hubiese que pagar lo que se debe, o como si la deuda pública no fuese un pasivo que se carga sobre los contribuyentes. Pero las personas serias saben que los contribuyentes acaban pagando las deudas públicas, y por eso es común neutralizar el déficit central al calcular las balanzas fiscales.
El déficit fiscal de Catalunya es algo inferior al de los últimos años (¿se acuerdan de los famosos 16.000 millones?), y el porcentaje del 7,7% del PIB está muy cerca del promedio del 8% del PIB registrado entre 1986 y 2011. Algunos analistas preferirán enfatizar el método de carga-beneficio, que imputar a todas las regiones una parte del gasto central, porque esos gastos benefician a todos los ciudadanos, donde sea que residan. Y se apuntará que esos 11.087 millones de euros son los que hay que considerar como resultado fiscal real si se crease un Estado catalán independiente, pues habría que gastar (aproximadamente) la diferencia entre los resultados de ambos métodos para proveer los servicios generales que ahora provee el sector central
No es mi objetivo hoy analizar la equidad de las cifras (el interesado puede visitar “De paganos ricos y pobres, y de algunos polizones”, en estas páginas el 2/XI/2012), sino otra cuestión generalmente soslayada: ¿qué pasaría si un nuevo Estado catalán gasta esos recursos en servicios que ahora provee el Estado? Por ejemplo, los 4.000 millones de diferencia entre ambos métodos de cálculo del déficit fiscal. Como esos servicios son intensivos en trabajo, aumentaría significativamente el empleo público (quizás en parte contratado al sector privado) en Catalunya. Esto supondría la creación de varias decenas de miles de empleos, cosa nada desdeñable en una situación de paro como la actual. Y no acaba aquí el efecto; los recursos empleados en contratar esas personas, y el resto de gastos adicionales, generarían a su vez ingresos fiscales, sobre todo por IRPF y por IVA, que retornarían a las arcas públicas. En suma, una reducción apreciable del desempleo y un aumento final de los recursos públicos bastante superior a los 11.087 millones del enfoque carga-beneficio. Una discusión concisa y detallada de este tipo de efectos se puede encontrar en el libro 12 arguments econòmics per a la independència, de Núria Bosch y Marta Espasa.
Creo que hace tiempo que las balanzas fiscales han dejado de ser tema central en la discusión de los catalanes sobre el futuro de Catalunya, aunque está muy de moda en otras partes. Eso sí, sea un aspecto central o no del debate, cosa que dejo a elección del lector, lo que procede es tratar el asunto con rigor analítico, y considerando todos sus aspectos e implicaciones.
La Vanguardia
