Distraídos como nos tienen los medios españoles, con dialécticas de vuelo raso, no nos damos cuenta del esfuerzo de nuestros estudiosos y de nuestras instituciones civiles para dotarnos de materiales básicos en la reivindicación legítima de un Estado propio. Todo comenzó con el título del simposio ‘España contra Cataluña’. Se trataba de desviar la atención sobre los contenidos del acto, y era lógico: al no poder tirar contra la credibilidad profesional de los ponentes, lo que exigía algo más que desdenes o insultos, se crearon las cortinas de humo oportunas. Resulta menos lógico, en cambio, que aquí no se haya difundido la munición de grueso calibre moral e intelectual que proporcionó el simposio: “corriente poderosa de conciencia colectiva, oculto, que sale a la luz cuando se ha de defender el país” (Fontana); “internacionalización como referente” (Requejo); “cinco golpes de Estado en respuesta a dieciséis propuestas pacíficas de negociación autonómica” (Solé i Sabaté); “escarnio sistemático de la cultura catalana e identidad insurgente” (Jordi Casassas); “la lengua catalana como recuerdo vivo de la estatalidad perdida” (August Rafanell); “el independentismo del siglo XXI no deriva del catalanismo soberanista romántico del siglo XIX” (Francesc Roca); “el catastro como medio de militarización de la sociedad” (Nadal); “la exportación, una constante histórica catalana” (Jordi Maluquer)…
A finales de enero, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona celebró la jornada ‘El derecho de autodeterminación: análisis jurídico’, donde se escuchó: “deber del Estado de impulsar y facilitar la consulta” (Pisarello); “el Tribunal Constitucional liquidó la constitución territorial” (Pérez Royo); “no es sostenible en el tiempo la negación a un pueblo el expresarse” (Anna Badia); “la política para resolver problemas políticos, la ley para resolver problemas legales” (Xavier Solano); “la fundamentación del derecho público es la voluntad del pueblo” (Daniel Turp); “el papel determinante de la sociedad civil no tiene parangón en el mundo” (Viver i Pi-Sunyer). Conclusiones, punto 6: “El derecho a decidir, a ser consultado sobre el propio futuro, es una actualización del derecho a la autodeterminación y una expresión del principio democrático reconocido en buena parte de las constituciones modernas, incluida la española” (31 de enero de 2014).
A principios de febrero, dentro del ciclo Héroes 1714, que se celebra en el Born, Agustí Alcoberro dictó una conferencia (‘El general Basset: el héroe revolucionario’) donde quedaba claro que la guerra de Sucesión tuvo lugar en el conjunto de los Países Catalanes y que implicó a nuestras clases populares: Basset, nacido en Valencia, proclamó Carlos III rey en Dénia, donde emprendió una política antiseñorial, comandó la artillería en el asedio final de Barcelona, fue encarcelado en el alcázar de Segovia, donde murió, y fue enterrado en el anonimato.
El 13 de febrero Eva Serra dio una conferencia en el Museo de Historia de Barcelona (‘Cataluña: de la posguerra de 1652 a las constituciones de 1702/1706’), que terminaba así: “A una sociedad de tendencias civiles senatoriales y mancomunadas, la sucedió un modelo político vertical y militarizado, la sustitución de la Generalitat por una Audiencia presidida por un capitán general, y una fiscalidad (catastro por decreto real más viejos impuestos indirectos) recaudada por un intendente militar y con fines militares”. Los intelectuales con Estado se pueden permitir polémicas cotidianas de vuelo gallináceo. Las naciones sin Estado necesitan intelectuales que vayan al meollo del hueso.
EL PUNT – AVUI
