La Plaza de Sant Jaume se llenaba ayer por la noche en un acto de apoyo a la proposición de ley de declaración de independencia presentada por el Subgrupo parlamentario de Solidaritat por la Independencia (ahora formado por tres diputados: Toni Strubell, Alfons López Tena y Uriel Bertran ). La cuestión que se cernía en el aire es cuál sería la actitud del grupo mayoridad del Parlamento del Parc de la Ciutadella, es decir Convergència i Unió (CiU). ¿Qué dice el guión? CiU ahora juega en el papel del “poli bueno” (Convergencia Democrática de Cataluña, CDC) y del “poli malo” (Unión Democrática de Cataluña, UDC). En un santiamén, los dos presidentes de la Generalitat que ha dado CDC, Jordi Pujol y Artur Mas se han descolgado con un voto explícitamente afirmativo a la consulta sobre la independencia organizada por Barcelona Decideix. Esto no estaba en el guión en julio de 2009, ni casi tampoco en el enero del 2011. Pero es que ahora estamos en abril… La incierta gloria de un día de abril, que diría Shakespeare.
En el guión de 2009, era posible que una Mesa del Parlamento, formada por ERC, CiU, PSC-PSOE y EUiA, bloqueara en dos ocasiones la tramitación de leyes para la celebración de un referéndum sobre la independencia. Ahora, año y medio, después, el referéndum ya lo vamos haciendo nosotros, sin permiso. En el guión de 2011, la Mesa del Parlamento (ahora integrada por el tripartito CiU-PSC-PP) no bloqueó la proposición de ley presentada por Solidaritat. Tampoco ni CiU ni ICV ni ERC han presentado enmiendas a la totalidad contra esta proposición.
En el guión de febrero de 2011, destacados comentaristas del independentismo pedían / imploraban a Artur Mas que diera libertad de voto a los diputados de CiU el día que tuvieran que votar en el Pleno sobre la ley de declaración de la independencia. En el guión de ahora se le pide, justamente, que no dé ningún “libertad de voto”, para garantizar la aprobación de la ley.
Cabe decir, sin embargo, que el Parlamento de Cataluña ya decía en diciembre de 1989 (una época de “primavera de los pueblos”, a raíz del derrumbe de los regímenes post-estalinistas de Europa Oriental) que no renunciaba al derecho a la autodeterminación. En octubre de 1998 reiteraba el “derecho del pueblo catalán a determinar libremente su futuro como pueblo”. Y el 3 de marzo de 2010, se ratificaba “en la voluntad de emplear todos los instrumentos jurídicos vigentes y políticos necesarios para que el pueblo de Cataluña pueda ejercer el derecho a decidir”.
Pero, ¿qué es exactamente esta ley de declaración de la independencia? Para verla podemos ir “artículo por artículo”.
El primer artículo dice que “Cataluña es una Nación”. Se trata de presentar un axioma que permita ligar con el “derecho de los pueblos a la autodeterminación” inscrito en la carta fundacional de Naciones Unidas.
El segundo artículo dice que “el pueblo de Cataluña es el único titular de la soberanía nacional”. Se trata, pues, de rebatir las ideas binacionalistas, de “co-soberanía” que tanto gastan en determinados terrenos seudoautodeterministas.
El tercer artículo dice que “el Parlamento de Cataluña es el representante democráticamente elegido del pueblo de Cataluña”. La idea de este artículo es hacer uso del Parlamento del Principado (una asamblea legislativa de comunidad autónoma española de régimen común) en un “instrumento de soberanía”.
El cuarto artículo recoge la declaración de 1989 para decir que “el pueblo de Cataluña no renuncia ni ha renunciado nunca al derecho a la autodeterminación, a determinar libremente su futuro como pueblo en paz, democracia y solidaridad”.
El quinto artículo retoma también una declaración anterior para decir que “el Parlamento de Cataluña se ratifica en la voluntad de emplear todos los instrumentos jurídicos vigentes y políticos necesarios para que el pueblo de Cataluña pueda ejercer el derecho a determinar libremente su futuro”.
El sexto artículo ya va más allá, al formular que “la soberanía nacional del pueblo de Cataluña es el fundamento del futuro Estado soberano e independiente de la Nación catalana”.
En el séptimo artículo se atribuye la “decisión de declarar la independencia”, por un lado al pueblo de Cataluña (“titular de la soberanía nacional”) y por otro el Parlamento de Cataluña (como representante democráticamente elegido del pueblo de Cataluña).
El octavo artículo atribuye al Gobierno de la Generalitat la facultad de negociar el “reconocimiento internacional de la declaración de independencia”.
Ahora bien, suponiendo que se aprobara la ley en el mes de abril o en el mes de mayo, ¿supondría eso la independencia automática? Evidentemente, no. Pero el artículo noveno sí prevé un efecto inmediato, ya que afirma que “en el plazo de tres meses a partir de la aprobación de la presente Ley se constituirá la Asamblea de Representantes de la Nación Catalana, que trabajará para sea declarada la independencia en el conjunto de los Países Catalanes”.
En cuanto a la declaración de la independencia se le piden, además de la aprobación de la ley de declaración de la independencia, dos aspectos: a) la negociación con la comunidad internacional en cuanto a la forma y momento de la declaración de independencia, b) la aprobación por parte de una mayoría absoluta de diputados en sesión solemne del Parlamento “convocada a tal efecto”.
¿El redactado de la ley podía permitir, pues, una “aprobación de la ley” sin declaración de independencia? Sí, aunque también entiende que la ley establece un mandato al Gobierno de la Generalitat para hacer la negociación con la comunidad internacional. CiU, pues, podría reaccionar con la presentación de enmiendas que transformaran la ley en una nueva declaración como las de 1989 o las del 1998, quizás un poco más atrevida. O podría votar en contra directamente. La papeleta no es nada sencilla. Cuando Pujol dice que ya no ve alternativa a la independencia, queda implícitamente asumida cuál es la alternativa: la asimilación nacional. Pero con la asimilación nacional completa en España, el poder político de CiU y el poder social de las capas demográficas cuyos intereses defiende también se tambalearía…
