ENTREVISTA al profesor de la UPF rodeado en la polémica por un tuit sobre muerte e independencia
Héctor López Bofill, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), fue procesado en 2017 por un presunto delito de odio y amenazas a causa de unos tuits sobre el Proceso, aunque quedó absuelto. El juez que le envió a juicio fue el mismo que instruye el caso Volhov. En las últimas semanas López Bofill ha vuelto a ser centro de la polémica por un tuit en el que constataba la contradicción de los independentistas que se resignan ante la muerte de 25.000 personas por Covid, pero en cambio tienen un “terror absoluto” a que “muera alguien como consecuencia de un conflicto de emancipación nacional”.
En esta entrevista con EL MÓN, habla de esta última polémica y hace un aviso sobre las últimas revelaciones sobre el 17A por parte del excomisario Villarejo. López Bofill, que estudia procesos constituyentes, cree que si se descubre que los atentados fueron consecuencia de operaciones del Estado para detener la independencia, se confirmaría que ya se habría cruzado la temida línea de las bajas mortales como consecuencia del proceso político. Y eso, defiende, debería tener consecuencias.
-¿Le sorprendió el comunicado de la UPF? ¿Fue advertido previamente del malestar?
-El equipo rectoral se puso en contacto conmigo antes para avisarme de su intención porque habían recibido muchas presiones. Les advertí que esto entraba en colisión con la libertad de expresión. De alguna manera tenían que contentar a los sectores que les apretaban y les daba miedo que en la UPF se reprodujeran conflictos como los que hubo en la UAB el pasado otoño. Creo que la cúpula de la universidad catalana sigue siendo un ámbito bastante hostil al proceso independentista. La posibilidad de que el independentismo avance posiciones pone a los contrarios muy nerviosos. Las presiones son el fruto de una acción orquestada por sectores contrarios a la independencia que desean retener el poder que siempre han tenido en la universidad catalana.
-Ésta no es la primera vez que usted tiene problemas por opiniones expresadas en Twitter.
-Tengo antecedentes de violaciones a la libertad de expresión. Estuve tres años procesado por un tuit al principio del Proceso, cuando condenaron al president Mas por el 9-N. Me supuso un proceso judicial, acusado de cometer un delito de odio y otro de amenazas. Finalmente fui absuelto. El fiscal que me acusó fue Miguel Ángel Aguilar, el mismo que acusa a los chicos del Raval por protestar contra Vox. Y el juez que me envió a juicio con la intención de inhabilitarme y echarme de la universidad era el señor Aguirre, el juez de la Volhov. Todo estaba relacionado.
-¿Todos estos conflictos han hecho que se cuestione sus propias opiniones pensando que ha cruzado líneas rojas?
-No. De lo que me estaba convenciendo es de que el aparato del Estado es el que estaba cruzando la línea roja. De hecho, una de las consecuencias de la gravedad de las violaciones a la libertad de expresión es que provoca el efecto desaliento: cuando te limitan te sientes cohibido, te lo piensas dos veces antes de escribir un tuit, y eso ya es violación de libertad de expresión. Como soy profesor de derechos fundamentales, lo sabía y no me intimidaba. Estaba dispuesto a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si me hubieran llegado a condenar. La gente que no tiene conocimiento de esto es normal que se espante.
-¿Es posible identificar exactamente el origen de las presiones que ha recibido la Universidad?
-Por un lado, me decían que eran externas a la universidad, pero alguien me admitió que existían sectores internos.
-Al final, ¿la universidad le ha comunicado algún tipo de acción?
-Lo que harán será un claustro extraordinario para debatir la libertad de expresión y los graves peligros que supone su limitación en el ámbito universitario. A mí me parece bien todo lo que signifique deliberar sobre la defensa de un derecho fundamental. Soy profesor de derecho constitucional y estudio los orígenes de los procesos constituyentes. Y en estos, desgraciadamente, hay violencia. Es verdad que el tuit lo hago a título personal, pero sí que es fruto de una reflexión derivada de mi investigación académica. Por tanto, cualquier limitación aún es peor porque si no puedes investigar libremente, lo que te inquieta como profesor eso sí significa un retroceso muy grave en el sistema de investigación.
-El tuit de hecho no es una opinión, sino más bien una constatación de una realidad…
-Exacto. Era una descripción, y seguramente es verdad. Y quizás ya viene bien que lo sea. Quizás ya está bien de que tengamos miedo a que haya víctimas mortales en un proceso de emancipación nacional. Ahora mismo ha saltado la declaración de Villarejo sobre el 17A. Esto es, entre otras cosas, muy grave porque, si el atentado tenía alguna relación con el Proceso, demostraría que éste ya ha producido víctimas mortales como consecuencia de la acción u omisión de los aparatos de inteligencia del Estado.
-El tuit habla de una cuestión sobre la que se puede reflexionar: cuál es el precio a pagar para obtener un objetivo político. De confirmarse los hechos, ¿cree que los muertos del 17-A serían parte de ese precio?
-Sí. No estoy defendiendo que haya muertos para llegar a la República Catalana. Lo que estoy defendiendo es que al menos debemos pensarlo. Debemos organizar una terapia de grupo desde el independentismo para reflexionar sobre ello. La otra cuestión es analizar si efectivamente no se ha cruzado ya ese umbral y ni siquiera queremos reconocerlo. Esto también sería grave: no reconocerlo a pesar de tener la constatación de que Cataluña no será una excepción en la línea general que muestra que las secesiones representan conflictos de alta intensidad. Por lo menos debemos reflexionar, reconocer esta circunstancia y actuar en consecuencia. Esto seguramente significa afianzarnos en nuestro pacifismo y el carácter democrático de nuestro proyecto político.
-Una deriva violenta del proceso al final no es un elemento que esté bajo el control de los independentistas…
-El problema no es la violencia que pueda practicar el independentismo, sino la violencia que pueda recibir el independentismo.
-En términos objetivos quien tiene un ejército y armamento para defender la unidad territorial es el Estado, no el independentismo…
-La represión, en el fondo, significa ya violencia. Que te condenen a más de diez años por una manifestación pacífica es violencia. Y lo tenemos que socializar, compartir, hablar, desde el independentismo y debemos reaccionar. Yo particularmente cada vez estoy más convencido de que es necesario proyectar la causa catalana a las instancias internacionales como un conflicto político que significa violaciones graves de derechos fundamentales. Éste es un camino que debemos recorrer por una línea pacifista y democrática, pero los crímenes de Estado no pueden quedar impunes.
-¿Hay que esperar una investigación sobre el 17-A para concluir que fue provocado para detener el proceso político?
-Lo que creo es que el Govern debe presionar fuertemente al gobierno español para que esclarezca los hechos. Fuertemente quiere decir que no puede haber una mesa de diálogo ni cualquier tipo de relación con el Estado español hasta que no se esclarezcan los hechos o hasta que no haya al menos la predisposición a esclarecerlos. No lo harán porque saben que hay un poderoso contenido de verdad al respecto y ante un nuevo apagón informativo respecto a este caso hay que ir a por todas ante las instancias internacionales. Yo suspendería todo, todo tipo de relación. No aprobar presupuestos, no contribuir en absoluto a la gobernabilidad de España.
-Por tanto, aclarar el 17-A a partir de ahora ¿sería prioridad política número uno?
-Sí. Es que básicamente no podemos continuar en un Estado ni seguir participando en la gobernabilidad de un Estado que está dispuesto a matar por mantener la integridad territorial. Esto debe aclararse y, si sale esto a la luz, lo que tocaría es pedir perdón. Pero un Estado que no ha pedido perdón ni por las víctimas por el franquismo ni del GAL, difícilmente lo pedirá por esto.
-La muerte sigue siendo un tabú. De hecho, la república no se defendió cuando aparecieron alertas sobre “muertos en la calle”. El Proceso pues tiene esta frontera.
-La semana pasada hubo 164 muertos en Kazajistán y esto no lo podemos ni mencionar. Ahora mismo están en un proceso constituyente en Chile, que es uno de los procesos que he trabajado en mi libro. El proceso es esperanzador pero ha sido desatado por el estallido social de otoño del 2019, que provocó 24 muertos. Claro que esto se puede canalizar en un proceso democrático participativo, pero es que debe romper con algo, que es en este caso el pasado de la dictadura de Pinochet. Estamos hablando de uno de los procesos constituyentes más civilizados que se han producido en la historia del mundo. No digo que deba haber muertos, lo que digo es que debemos ser conscientes de las dinámicas que se producen en los distintos espacios sociales y políticos. Los que somos especialistas no nos podemos hacer trampas en el solitario, debemos analizarlo y explicarlo.
-El proceso independentista se detuvo en este punto, ante la constatación de que podría haber muertos. ¿Este peligro habrá desaparecido en un nuevo embate o la clase política volvería a echarse atrás?
-Desde el 27-O de 2017 me pregunto qué habría pasado si hubiéramos resistido, y creo que como yo se lo preguntan muchos ciudadanos de Cataluña y el estamento político. Creo que la reacción del Estado habría sido violenta. Lo que ocurre es que las circunstancias ahora serían diferentes. No sé si nos plantearíamos una mesa de diálogo en un contexto de extrema violencia como el que planteaban o cómo el que algunos representantes políticos han relatado, desde Marta Rovira, hasta el propio Puigdemont o Josep Rull. Éste es el monstruo al que debemos enfrentarnos. De hecho debemos enfrentarnos a ello, pero precisamente con la conciencia de que hagamos lo que hagamos será esencialmente un acto de legítima defensa, no será una incitación a la violencia, será el respeto a los derechos fundamentales más básicos.
-¿Cómo debería articularse esta reflexión y en qué momento?
-El proceso independentista ha pecado de no ver lo que significa ser un Estado. Un Estado es una entidad que ejerce el monopolio de la violencia física, no es que no haya violencia, sino que sólo puede ejercerla el Estado y por tanto tiene que haber mecanismos coactivos para hacer cumplir la ley. El independentismo se había centrado sobre todo en la legitimidad democrática de la república catalana: ser muchos, ser mayoría, etc. Ya lo fuimos y somos mayoría en cada elección en el parlament con el 52%. La democracia como factor de legitimidad ha sido ya cumplida. Ahora, ¿por qué no somos independientes? Porque no disponemos de los mecanismos coactivos que definen un Estado: el sistema de defensa, un poder judicial, una hacienda que recaude impuestos, un servicio diplomático que defienda los intereses de la república. La reflexión que debe hacerse el independentismo es esta: qué es lo que falta para ser un Estado y lo que falta para serlo son lo que se llamaban las ‘estructuras de Estado’, que no se hicieron en su día. Si dices que debemos defendernos necesitas una estructura de defensa. Éste es el momento. El momento es que el proyecto político del independentismo debe plantear las estructuras de Estado y si conviene votarlas, que ésta sería mi propuesta.
-¿Qué significa con estructuras de defensa?
-Elementos que permitan controlar un territorio, que es lo que requiere un Estado. Unas fuerzas de seguridad entendidas en sentido amplio, con un servicio de inteligencia. Puede discutirse si habría que crear una estructura nueva o si se podría reaprovechar la policía de Cataluña. Esto significa una ruptura con el autonomismo. Esto debe hacerse dentro de la legalidad hasta que ya no sea posible, como el 1-O.
EL MÓN
