El PP tiene asumido un discurso nacido de determinados portavoces y organizaciones sociales del españolismo (Cayetana Álvarez de Toledo, Arcadi Espada, Hablamos Español, Societat Civil Catalana…) que conciben España como una única nación de ciudadanos “libres e iguales”, sin consideración alguna a su pertenencia objetiva o referencia subjetiva a otras naciones (catalana, vasca, gallega) o a las minorías secularmente discriminadas, como los inmigrantes o el colectivo LGTBI. Por lo que esta construcción teórica refleja una única forma de ejercer la ciudadanía, sin tener en cuenta la identidad de la persona ciudadana, lo que anticipa el fracaso de esta idea para integrar la sociedad.
Porque la identidad fundamenta la ciudadanía. Kark Dahrendorff, desde los parámetros del liberalismo progresista y de la dimensión social de la economía, advirtió de la necesidad de que los estados europeos modernos garantizasen no solo las libertades individuales, sino las libertades de persona como integrante de una comunidad cultural y la estricta neutralidad del estado respecto de todas ellas. He ahí su teoría del “Estado nacional heterogéneo”, perfectamente aplicable dicha neutralidad del estado al estado plurinacional. Y opuesto, en cualquier caso, al estado uninacional, unilingüe y basado en el unionismo centralista que propugna el españolismo.
¿Libres e iguales? Las personas que tenemos como lengua propia el gallego, catalán o euskera no somos iguales en derechos respecto de los que tienen por propia el castellano y no somos suficientemente libres para vivir en gallego, catalán o euskera en nuestra tierra. Porque la Constitución, rehuyendo las soluciones democráticas de Bélgica, Canadá, Suiza y Finlandia de oficializar todas sus lenguas, solo reconoció la oficialidad en todo el territorio del Estado del castellano, minorizando al gallego, catalán o euskera a la mera oficialidad en cada uno de estos territorios autonómicos. La jurisprudencia constitucional agravó esta definición, impidiendo que los estatutos y las leyes autonómicas equipararan cada una de sus lenguas oficiales al castellano en cuanto a su obligación general de conocimiento. Del resultado de esta interpretación, los empleados públicos de la administración de justicia y de la administración del Estado (incluidas la Agencia Tributaria estatal y la Seguridad Social) no tienen la obligación, salvo excepciones, de conocer más lengua que el castellano. Por otro lado, la jurisprudencia contencioso-administrativa rehuyó en muchas ocasiones legislar obligaciones de general conocimiento y uso de las lenguas distintas al castellano en el consumo, empresa y contratistas y concesionarios de las administraciones. Incluso el derecho de hablar en gallego, catalán o euskera en el ejercicio de la actividad laboral o profesional está limitado o subordinado, en la práctica, frente a la absoluta normalidad del castellanohablante, cuando opera en todos estos ámbitos.
¿Ser libres e iguales? Solo será posible garantizando que toda la ciudadanía del Estado, también la que habla lenguas distintas al castellano y refiere otras identidades nacionales o culturales, ejerza igual en derechos a los “españoles y mucho españoles”.
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