El paso de las grandes movilizaciones en la calle de estos últimos años a favor de un nuevo Estado a una movilización tanto o más amplia para debatir las bases constitucionales del nuevo país, debe ser una gran oportunidad para alcanzar la madurez que necesita el proceso iniciado hace cerca de diez años. Si todo ello comenzó -con un punto de insensatez- con el lema repetido tantas veces y atribuido a Jean Cocteau, “Lo consiguieron porque no sabían que era imposible”, la nueva etapa reclama saber sobre qué reglas debe funcionar el nuevo país. Un cambio de rasante bien señalado por el nuevo presidente de la Generalitat citando -con ironía- una frase a menudo empleada por el partido más rabiosamente unionista: “Imposible es sólo una opinión”. Es decir, lo que ahora nos compromete a la independencia es, justamente, saber que es posible.
Esta nueva etapa de movilización popular orientada a la participación en el establecimiento de las bases de la nueva Constitución -oficializada este sábado en Cornellà por la ANC- tiene tres virtudes. En primer lugar, dará un horizonte preciso a la independencia para llenarla de sentido, al tiempo que ahuyentará de ella los vicios propios o los que le han atribuido desde fuera con mala intención. En segundo lugar, debe saber invitar a sectores sociales que hasta ahora han mostrado desconfianza hacia las verdaderas intenciones de todo. Y, en tercer lugar, debe contribuir a situar el debate en favor de la independencia con plena conciencia de qué condiciones democráticas le son exigibles.
La puesta en marcha de este gran debate nacional, sin embargo, no está exenta de dificultades. De entrada, está la iniciativa reiniciacatalunya.cat (http://www.reiniciacatalunya.cat), que ya ha hecho una propuesta de trabajo, con el apoyo de varias entidades y la colaboración de expertos. Además, hay que determinar de qué manera se añadirán Òmnium Cultural y la ANC. También, claro, hay que ver cómo se coordinan estos trabajos con la comisión parlamentaria que se ha constituido con los mismos objetivos. Entre los riesgos, mencionaré dos muy concretos. Uno, hay que garantizar que la participación no acabe en manos de unos pocos grupos bien organizados y muy ideologizados, pero escasamente representativos de las mayorías democráticas. El otro, que el esfuerzo invertido en el debate tenga el reconocimiento justo en los resultados finales y no pase como con el Estatuto, que, tras una voluntariosa campaña participativa, la negociación política terminó prescindiendo de ellos.
Hay una dimensión del proyecto, sin embargo, que me preocupa particularmente. Y es que el proceso constituyente debe saber definir cuanto más claramente mejor su propósito. Decir que se trata de discutir “qué país queremos” puede llevar el debate a una confrontación ideológica y política más allá de lo que es una Constitución. Es decir, que una cosa es debatir las reglas que deben permitir un juego abierto a las mayorías democráticas que en cada momento determinen los catalanes, y la otra sería querer que la Constitución ya precisara un modelo concreto de sociedad, cerrando el juego antes de comenzar la partida. Establecer la frontera entre lo que es constituyente y lo que debe ser resultado de la confrontación política dentro de la futura Constitución es fundamental para no crear falsas expectativas y para evitar futuras frustraciones.
ARA
