La defensa del Estatut suscita un amplio consenso en las fuerzas políticas catalanas que reclaman, no que se cambien las reglas de juego, sino que se cumplan. Y el Tribunal Constitucional está en situación anómala.
Defender la ley y la voluntad de la ciudadanía es un deber básico de toda acción política democrática. Lo es, evidentemente, para el presidente de Catalunya. Defender el Estatut de Catalunya es defender la ley. Y es, al mismo tiempo, defender la voluntad democrática de la ciudadanía. Para defender el Estatut, como en su momento para aprobarlo, necesitamos inteligencia, convicción y determinación. Es decir: voluntad política, razones, unidad y alianzas. Todo ello quedó reflejado en el editorial de la prensa catalana Per la dignitat de Catalunya, masivamente compartido por ayuntamientos, sindicatos, instituciones económicas, sociales y culturales, y la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de Catalunya.
La resolución aprobada por el Parlament de Catalunya la semana pasada y votada por el 85% de los parlamentarios catalanes, así como las iniciativas políticas también aprobadas por el Govern, son una buena prueba del alto grado de consenso que sigue suscitando la defensa del Estatut de Catalunya.
La resolución reitera nuestro convencimiento de la plena constitucionalidad del Estatut y recuerda su vigencia, legitimidad y la obligación de cumplirlo y desarrollarlo; traslada al Congreso de los Diputados y al Senado la urgente e inexcusable necesidad de proceder, respectivamente, a la designación del magistrado para cubrir la vacante producida por la defunción de uno de los miembros del Tribunal Constitucional y a desbloquear el procedimiento de designación de otros cuatro magistrados pendiente desde hace más de dos años; constata que después de cinco intentos fallidos de dictar sentencia, el Tribunal Constitucional no está en condiciones de ejercer las tareas que constitucionalmente tiene asignadas y acuerda promover todas las acciones legales a fin de conseguir que el Tribunal Constitucional se declare incompetente; y propone a los grupos parlamentarios catalanes en el Senado que impulsen una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
La mayoría del Parlament de Catalunya votó esta propuesta porque entiende que su obligación permanente es defender el autogobierno y el Estatuto, una ley orgánica refrendada por el pueblo de Catalunya tras ser negociado entre una delegación del Parlament y las Comisiones Constitucionales del Congreso y del Senado y aprobada por mayoría absoluta de las Cortes Generales, siguiendo escrupulosamente el mandato constitucional.
No estamos pidiendo ahora que se cambien las reglas de juego, sino que se cumplan. No pretendemos presionar al Tribunal Constitucional y tampoco negamos su función, respetuosos como somos de las instituciones y el Estado de Derecho. Lo que señalamos es la severa anomalía en la que se encuentra el Tribunal, incompleto, con cuatro miembros que acabaron su mandato hace más de dos años y con un miembro recusado a través de una decisión controvertida.
La situación descrita impide objetivamente que el Alto Tribunal pueda desarrollar con plena normalidad institucional sus funciones. Nuestro deber es reclamar que esa completa normalidad institucional sea restaurada para conseguir que, sea cual sea la decisión del Tribunal, pueda ser aceptada con naturalidad, más allá de la razonable duda (no viable jurídicamente con la actual LOTC) sobre si lo mejor no hubiera sido someter al control de constitucionalidad el desarrollo del propio Estatuto y no su texto que, como no me cansaré de subrayar, es fruto de un acuerdo político entre quienes representan la soberanía popular que ha sido refrendado por la ciudadanía a la que debe servir.
Creo sinceramente que no se trata tan sólo de la defensa del Estatut, sino de la defensa de una interpretación de la Constitución en la que sigamos cabiendo todos los que luchamos por ella, la defendimos y la aprobamos. Una Constitución que también pertenece a los catalanes y debe amparar nuestra voluntad de mayor autogobierno. Una Constitución, la de 1978, fruto de un generoso acuerdo por la democracia, por la libertad y la convivencia. Una Constitución que creaba un espacio de consenso, de entendimiento y de apertura. Una Constitución que algunos pretenden secuestrar a través de la imposición de una visión restrictiva y cicatera de su Título VIII que, por su carácter abierto, debía ser completado por los Estatutos de Autonomía que devienen así bloque de constitucionalidad. No creo que tras el proceso que ha llevado a la plena vigencia del Estatuto por casi cuatro años se deba cercenar ahora un texto cuya aplicación no es directa, sino que depende de un desarrollo legislativo y competencial que siempre está sujeto a los criterios de constitucionalidad definidos por el Alto Tribunal. No exagero si llamo la atención sobre el riesgo de causar un daño irreparable a Catalunya y a España.
El Partido Popular justificó su recurso contra el Estatut por el riesgo de ruptura que según ellos contenía. Casi cuatro años de plena y normal vigencia debieran bastar para desmontar tan falso argumento. Por un espurio interés partidista el PP generó una alarma y un malestar que han ido cayendo por su propio peso. El Estatut no sólo no ha roto España, sino que ha supuesto un importante referente para otras Comunidades Autónomas en la reforma de sus propios Estatutos. Estatutos ante los cuales no ha habido ni confrontación, ni recelos, ni recursos, y que han obtenido, estos sí, el voto favorable del PP. El Estatut, lejos de romper España, ha coadyuvado a renovar el pacto constitucional, y ha proporcionado más y mejores instrumentos de autogobierno para Catalunya y otras Comunidades Autónomas, y un sistema de financiación que ha beneficiado a todos.
La sentencia más importante en los 30 años de vida del Tribunal y que afectará por primera vez a una ley orgánica refrendada por los ciudadanos, nuestro Estatut, no debe ser dictada en una situación tan anómala como la anteriormente descrita. Algunos piden que se deje trabajar con serenidad al Tribunal. Pero es que precisamente este Tribunal es difícil que pueda trabajar con la debida y necesaria serenidad. Su imparcialidad está seriamente cuestionada. Y difícilmente sus decisiones sobre un tema tan delicado, si se toman en condiciones tan precarias, no serán cuestionadas.
No hay sentencia que pueda juzgar los sentimientos de los ciudadanos de Catalunya ni su voluntad, todavía mayoritaria, de desarrollar su autogobierno en el marco de una España constitucional. No hay tampoco Tribunal que pueda apropiarse de la Constitución amputando las posibilidades de interpretar su espíritu y su letra, sus logros, su ambición, su riqueza e incluso los modelos de convivencia, sociales, culturales y lingüísticos, que ha hecho posible hasta hoy. Es esa Constitución, en su lectura más rica y abierta, la que debe preservarse precisamente porque nos ha ofrecido los mejores años de convivencia democrática y progreso económico y social.
Catalunya pide a las fuerzas políticas y todas las instituciones españolas una reflexión de urgencia en un momento crucial. Lo piden el Parlament de Catalunya y el president de la Generalitat en nombre de la ciudadanía. Y lo hago personalmente también, por profundo sentido de responsabilidad institucional, como máximo representante del Estado en Catalunya.
Lo que está en crisis no es el prestigio de una institución. Está en riesgo el sentido y el alcance del pacto constitucional, si aquellos que dicen defender la Constitución utilizan de forma cicatera su texto para subvertir su espíritu; si aquellos que deberían interpretarla devienen tercera cámara legislativa y actúan como árbitros parciales; y también si aquellos que deberían reivindicarla, se repliegan conformados y pasivos ante tal despropósito. Que nadie se equivoque: Catalunya es gente y tierra de orden. Pero de orden democrático. Catalunya ha hablado y España no puede hacer oídos sordos ni callar. Hay demasiado en juego.
Decía al principio que necesitaríamos razones. Las tenemos, más que nunca. También fuerza, determinación e inteligencia, que vamos a demostrar en todo momento. Y alianzas. Sin ellas, las razones pueden acabar en frustración y la fuerza en ruptura. Catalunya busca aliados pero no sólo para sí misma, para sus derechos y sus legítimas aspiraciones, sino para la España plural y federal, la única posible en democracia como marco de convivencia de pueblos distintos que quieren compartir un proyecto común.
José Montilla es presidente de la Generalitat de Cataluña.
