LA confirmación judicial de que al menos una de las reuniones del grupo violento Falange y Tradición al que se le imputan 19 delitos se realizó en el Centro Deportivo General Mola de Pamplona, cuya propiedad y gestión ostenta el Ministerio de Defensa, evidencia una vez más las estrechas relaciones que la ideología más ultraderechista mantiene con y en determinados ámbitos del Ejército español ante la inacción al respecto de los sucesivos gobiernos del Estado durante las más de tres décadas desde el fin del franquismo. La misma persistencia del nombre del club, de uso restringido a militares y sus familias, es una prueba de esa permisividad por cuanto incluso incumple, dos años después de su aprobación, la Ley de Memoria Histórica. Esta excesiva tolerancia hacia quienes dentro del Ejército comparten una ideología contraria al art. 8 de la Constitución por el que corresponde al Ejército “garantizar el orden constitucional” y obvian la Ley Orgánica de la Defensa Nacional que les obliga a proteger el “Estado democrático de derecho” se constata, una vez más, en la ausencia de reacción gubernamental a pesar de que el Ministerio de Defensa, dirigido por Carme Chacón, debería conocer el sumario que la jueza María Paz Benito Osés ha elevado al Tribunal Supremo donde se detalla la celebración de la cita en las instalaciones del Ministerio de Defensa y la pertenencia al Ejército, como soldado profesional, de uno de los cinco imputados. Que deba ser el parlamentario del PNV, José Ramón Beloki, quien presente una interpelación a la ministra para tratar de conocer si Defensa tiene prevista alguna actuación sobre un hecho que sería gravísimo en cualquier país democrático, no hace sino confirmar la idea de que los complejos derivados de la Transición siguen limitando la calidad de la democracia española. El Gobierno socialista, mientras tanto, trata de ocultar o minimizar este peliagudo asunto. La propia causa contra Falange y Tradición, con aquel inicial sobreseimiento por la Audiencia Nacional, da pie a sospechar que la relación de la ideología ultra tiene también su extensión en una judicatura que juzga y sentencia actos delictivos similares con distintas balanzas en virtud de la adscripción ideológica de quienes los protagonizan.
