El pasado 27 de diciembre, Héctor López Bofill, Doctor en Derecho y profesor de derecho constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, escribió un tuit en su cuenta de Twitter con esta reflexión: “Contradicciones independentistas, 1: se admite resignadamente que mueran casi 25.000 personas de Covid-19 y nos produce un terror absoluto que muera alguien como consecuencia de un conflicto de emancipación nacional”. Tres días después, la Universidad Pompeu Fabra emitía el siguiente comunicado: “La Universidad Pompeu Fabra respeta el principio democrático de la libertad de expresión, como no puede ser de otra forma. Sin embargo, la Dirección de la UPF considera que un tuit del día 27 de diciembre del profesor Héctor López Bofill, miembro de su comunidad, no refleja ni la visión ni los valores de esta universidad.
Este comunicado, que lanzaba una sibilina amenaza de castigo y que guarda parentesco con ese lema franquista que decía “vamos a tomar medidas”, constituye una agresión inadmisible contra la persona del profesor López Bofill y degrada profundamente a la UPF, a la vez que la retrata como un hipócrita guardián de las esencias del nacionalismo español. Estamos hablando de una universidad que llega al extremo de vulnerar no sólo un derecho humano básico, sino también los principios que deberían regir su existencia como institución del saber. No es un problema del rector, ojalá se redujera a una sola persona, es un problema intrínseco y de raíces más profundas.
Sin embargo, hace días que el rector debería haber salido de su despacho y presentado la dimisión. Cuando una universidad criminaliza y persigue el pensamiento y la expresión cívica de este pensamiento es que ha dejado de ser una institución del saber para convertirse en un instrumento al servicio de una ideología totalitaria. Que las personas redactoras de dicho comunicado se mantengan en la sombra, sin dar la cara, demuestra los extremos a los que llega su cobardía. Precisamente porque soy escritor sé bien que los textos no se escriben solos, siempre hay detrás un autor o unos autores. Por tanto, no vale tirar la piedra y esconder la mano. Esconderse detrás de un eufemismo como “la dirección” es inadmisible por completo. ¿Toda la dirección? ¿Sólo una parte? ¿Qué nombres suscriben el texto y qué nombres no lo suscriben? Si hay quien no, ¿por qué callan y se convierten en cómplices? ¿Por qué no se rebelaron cuando tocaba frente a la barbaridad que se estaba perpetrando? ¿Por qué permanecen en la sombra, ahora que el caso ha cogido más vuelo?
Es de agradecer que algún profesor de la UPF, a título particular, como la doctora Mercè Lorente i Casafont, o la Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña hayan replicado con claridad. La primera, diciendo: “Este comunicado no me representa como profesora de la UPF. Este comunicado es absolutamente contradictorio: o respetan la libertad de expresión o no. Este comunicado es impropio de una universidad democrática. ¿Quién está detrás de estas acciones?”. Y la segunda: El núcleo de la FNEC UPF encuentra inaceptable el comunicado de la UPF, e instamos a la Dirección a rectificar y a proteger la libertad de expresión y de cátedra de la comunidad”.
Basta con analizar el susodicho comunicado para ver que no es sólo un despropósito en sí mismo, sino que revela la plena conciencia que tenían sus autores de estar redactando un texto contrario a los principios democráticos más básicos. Por eso comienzan diciendo que respetan estos principios “como no puede ser de otra manera” y reconocen –no les queda otro remedio–, que las manifestaciones del profesor López Bofill no se han hecho en la UPF ni tienen relación alguna con las actividades académicas. Aún así, mira por dónde, resaltan que el pensamiento de dicho profesor “no refleja ni la visión ni los valores de esta universidad”.
Llegados aquí, permítanme señores y señoras directivos de la UPF, que les haga unas preguntas: ¿de qué “valores” están hablando? ¿Consideran un “valor de la UPF” el hecho de estigmatizar, reprobar y perseguir a un profesor por tener la osadía de pensar por sí mismo? ¿Consideran un “valor” amenazarle diciéndole que explorarán si la expresión de su pensamiento vulnera el Código Ético de la universidad? ¿De qué código ético estamos hablando? ¿Dónde está la ética de un código que no admite que los profesores puedan expresar libremente sus ideas y su visión del mundo a título personal cuando quieran y donde quieran? Cuando decimos UPF, ¿estamos hablando de una universidad democrática o de un instrumento de vigilancia, espionaje y represión contra personas desafectas a la ‘unidad de España’? ¿Es la UPF una delegación de la ‘Stasi’ española?
No vale la maniobra forzada de última hora del rector de decir que finalmente no se ha abierto ningún expediente y de convocar un Claustro extraordinario a finales de enero para debatir “casos como el mencionado”. No vale por dos razones. La primera, porque el daño ya está hecho y la maniobra sólo responde al intento de limpiar la cara de la dirección de la UPF; la segunda, porque el debate no tiene fundamento alguno, dado que el principio democrático de la libertad de expresión es suficientemente claro y el profesor López Bofill se ha limitado a ejercerlo. Ha sido la dirección de la UPF quien ha violado este principio y es esta dirección quien debería ser reprobada, expedientada y forzada a dimitir en bloque por haber degradado la imagen pública de la institución que representa.
Cuando digo que el daño ya está hecho me refiero al efecto psicológico que provocan en una persona la fiscalización, reprobación y amenaza de castigo por haber expresado públicamente un razonamiento personal sobre un tema de interés general. La maniobra de la UPF, como agente represor, consistía en inocular el miedo y el veneno de la autocensura en personas que por su profesión pueden tener ascendencia sobre la ciudadanía. Se trata de criminalizar al independentismo, se trata de criminalizar toda idea fundamentada en la libertad nacional de Cataluña y de esconder que España está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para impedirla. Sin embargo, de esto hablaré en otro artículo. Por el momento, si la dirección de la Universidad Pompeu Fabra está de verdad interesada en salvaguardar la imagen de la institución, debe hacer dos cosas: una, restituir la honorabilidad del profesor Héctor López Bofill presentando un comunicado público de disculpa; y dos, presentar la dimisión como constatación de que esta disculpa, si llega, responde a una profunda convicción democrática y no forzada por los acontecimientos posteriores. Lo demás es literatura.
EL MÓN
