LA PLATAFORMA ESTÁ INTEGRADA POR 117 AYUNTAMIENTOS Y CONCEJOS NAVARROS
El Gobierno Aznar le facilitó las apropiaciones de aquellas propiedades públicas
La Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro ha destapado un “Escándalo monumental“ que tiene de protagonista a la Iglesia navarra. El colectivo, que agrupa a 117 ayuntamientos y concejos, no duda en acusar a esta Diócesis de privatizar propiedades pertenecientes al pueblo navarro, y ya ha cifrado en 1.086 los bienes públicos, que en sólo diez años, desde 1998 a 2008, reseñó como suyos la jerarquía eclesiástica en el Registro de la Propiedad, beneficiándose de la reforma de la Ley Hipotecaria, que aprobó el franquismo, relanzada en el Gobierno de José María Aznar.
Según la Ley de 1946, la Iglesia católica podía inscribir a su nombre bienes por los métodos excepcionales que utilizaban el Estado, regiones, provincias y ayuntamientos. Es decir, estando exentos de “edictos y de trámites. Sólo la Certificación Diocesana servía para pasar al Registro con bajísimos costes, sin necesidad de notario” el patrimonio deseado. La única excepción se refierie al registro de templos. Sin embargo, en 1998, el Gobierno del Partido Popular puso fin a esta limitación.
RAPTO DEL PATRIMONIO
La reforma de la Ley significaba el pistoletazo de salida para la Iglesia Católica navarra en la carrera hacia la privatización, según denuncia la Plataforma, que recoge los datos de todas sus investigaciones en el libro recién publicado Escándalo Monumental.
Seiscientos cincuenta templos parroquiales, 191 ermitas, nueve basílicas, 42 viviendas, como 26 locales comerciales, almacenes, dos atrios, ocho cementerios, 107 fincas y solares, 38 pastos y prados, doce viñas, olivares, arbolados y un frontón son bienes que la Iglesia registró a su nombre, dicen en la Plataforma, pero que son propiedad del pueblo.
Isabel Urzainqui, abogada de la Plataforma, ha denunciado la inconstitucionalidad de las acciones de esta Diócesis, que respalda el Artículo 206 de la Ley Hipotecaria, pues choca frontalmente con los Artículos 14 y 16 de la Constitución española. La Plataforma navarra ha llevado sus investigaciones y sus denuncias al Parlamento de la Comunidad Foral, sin tener respuesta, señala Isabel Urzainqui.
Bienes públicos a nombre de la Iglesia
Muchos son los casos que ilustran las investigaciones de la Plataforma. En Artajona, la iglesia de San Saturnino fue registrada en 2001. El coste de la Diócesis fue de veinticinco euros, mientras el Gobierno Foral ha invertido tres millones en la reparación del templo. La basílica de El Romero de Cascante fue pagada y reformada por el Ayuntamiento, pero ahora está a nombre de la Iglesia. Así, y en esta misma línea, han sucedido hasta llegar a 1.086 bienes resgistrados.
Publicado por Gente-k argitaratua
