Una de las evidencias de mayor relieve a que ha dado lugar el Plan Ibarretxe, es la falta de discurso racional de quienes se han opuesto al mismo desde la perspectiva de la legalidad española. Tales sectores han sido incapaces de explicar la entidad e implicaciones de la propuesta del Lehendakari y el conjunto de sus críticas se han limitado a descalificar el nuevo proyecto de Estatuto para la C.A.V. con referencias a la situación legal vigente y negando la posibilidad de que pueda ser tomado en consideración. Es lamentable el aspecto que presenta el pensamiento político español. Nunca, es cierto, ha hecho aportación brillante al acervo de la cultura en esta materia que merezca pasar a las antologías; pero en el momento actual ha retomado las formas del autoritarismo y brutalidad que los políticos españoles contemporáneos parecen empeñados en hacer consustancial al carácter español.
Las formulaciones de este pensamiento político pueden presentarse matizadas entre la brutalidad del Partido Popular que reclama sacar los tanques de inmediato, y los escarceos de los otros grupos, P.S.O.E. e Izquierda Unida, empeñados en dar forma a sus planteamientos, igualmente autoritarios y antidemocráticos. En conjunto todos se refieren a la legalidad vigente y dan por hecho que éste es un referente ineludible. Pretenden ignorar que la denominada legalidad en cualquier sistema jurídico deriva de una situación de hecho y, de acuerdo con los principios del derecho contemporáneo, no puede existir Estado de derecho en un sistema jurídico, si éste no se basa en la voluntad de los individuos y, en consecuencia, de la colectividad que éstos deciden configurar de manera libre y sin imposiciones previas.
Soy consciente de que el falseamiento del estado de derecho que señalo, está más generalizado de lo que se pretende en los estados que presumen de democráticos, incluso dentro del Mundo occidental. En todo caso, voy a centrarme en el Estado español, porque es éste el que nos afecta. La actual cultura política española asume, sin renuncia, el proceso de sojuzgamiento que ha ejercido España sobre el Estado navarro y, a pesar de que el tal proceso se ejerce de un modo violento hasta la actualidad, España sigue manifestando de una manera altiva su intención de impedir que el Pueblo navarro sea dueño de sus destinos. Son particularmente ridículos, en este sentido, los esfuerzos que se hacen desde actitudes pretendidamente más tolerantes, correspondientes a la denominada izquierda española. Desde aquí no se recurre a las formas impresentables del P.P, que deben ser calificadas de totalitarias sin ambages. El P.S.O.E reclama que se sigan procedimientos más formales, como son la tramitación y discusión en el Parlamento español de la propuesta de Ibarretxe, aunque, no con una disposición abierta, en la que se buscaría primordialmente resolver el conflicto, atendiendo a los derechos irrenunciables de la Nación navarra, en orden a decidir sobre su futuro; sino para imponer sin miramientos la voluntad de los españoles. Este planteamiento de Rodríguez Zapatero es tan autoritario como el defendido por Rajoy. En definitiva se niega a reconocer la soberanía de Navarra y no admite otra que la española. Las casillas a recorrer de este Juego de la oca son diferentes a las del P.P., pero al final nos encontramos con los Poderes del Cardenal Cisneros, tan caros a la política española en todo tiempo, los Cañones.
Esta situación es grave, por lo que resulta, todavía, más ridículo el esfuerzo de quienes critican la propuesta de Ibarretxe, cuando la califican de rupturista frente a España y provocadora de la desunión entre los vascos. Del texto de la nueva propuesta de estatuto, ya aprobado por el Parlamento de la C.A.V., no deriva en absoluto el propósito de secesión que le atribuyen malintencionadamente sus críticos españoles. Nadie ha podido hasta el momento presente argumentar al respecto; pero es de mayor gravedad que se le acuse de promover la división entre los vascos. Nos podemos preguntar por la idea que tienen de la democracia quienes tal cosa afirman. La base fundamental de la propuesta de Ibarretxe es la consulta a los habitantes de la C.A.V. -a los que el propio Lehendakari denomina todos los vascos y las vascas- sobre los contenidos de la misma. ¿Se me quiere decir que dejar la decisión de un asunto de esta trascendencia en manos de la ciudadanía es antidemocrático? ¿Qué es, entonces, la dictadura para nuestros demócratas?
Por lo que respecta a la división que, se afirma, produce el plan en el seno de la sociedad vasca, será conveniente recordar a estas mismas personas, que el debate y la consulta a los interesados será siempre un método democrático para superar las divisiones, particularmente, porque permite presentar a los posibles adversarios los intereses que les enfrentan y llegar a acuerdos colectivos; si, verdaderamente, existe esa diferencia de intereses, en la que algunos gustan de insistir, entre nacionalistas y no nacionalistas.
Todo el razonamiento que han llevado a cabo quienes se oponen al plan incurre en el absurdo más absoluto. Referirse al consenso que se produjo con ocasión del Estatuto de Gernika, constituye un escalón más en este camino de ocultar la realidad de los hechos. El citado acuerdo fue resultado del equilibrio de fuerzas, que llevó a algunas de las fuerzas abertzales del momento a aceptar una solución coyuntural, ante la pertinacia de España a negarse a reconocer los derechos del Pueblo navarro ¿Por qué se obstinan algunos tanto en reconocer que la Constitución española del 78 fue rechazada por el conjunto de Navarra? La sublimación de la realidad no modifica ésta. El punto de partida en el que pretenden asentar la solución del conflicto los españoles se encuentra viciado, porque la constitución española nació coja como instrumento de acuerdo de la pretendida Nación española por lo que se refiere a Navarra; dejando, por lo demás, a un lado el derecho de una colectividad a romper un acuerdo en el que ha consentido y que posteriormente quiere denunciar, por entender no le conviene.
El debate sobre el plan Ibarretxe ha sido convertido en un conjunto de fuegos de artificio con el que se pretende ocultar la mala conciencia de sus detractores españoles. Es evidente que en el plan actual de articulación del Estado español, no existe ningún propósito de retroceder en el proceso de concentración del poder y capacidad de decisión que ha culminado en los tiempos modernos. El estado de las autonomías es una pura ilusión, a través del cual se pretende ocultar el auténtico problema de las naciones sometidas, particularmente Navarra. El fracaso del Estatuto de Gernika, incluso como acuerdo coyuntural, muestra la ineficacia de cualquier camino que se pretenda seguir, que busque convencer a los españoles de la bondad de las intenciones de los vascos. El Plan Ibarretxe está llamado a fracasar en este terreno, precisamente, porque pretende crear un marco jurídico en el que las competencias que España quiera delegar en la C.A.V. queden libres de la supervisión de las instituciones españolas, como hasta el presente. Aquí se encuentra la razón primordial del rechazo a la propuesta actual del Lehendakari por parte de los españoles. Ibarretxe, por su parte, está empeñado en dar la impresión de que no conoce a los españoles en un esfuerzo de buena voluntad inusitado.
No es posible, finalmente, dejar de referirse a los actuales gestores de la C.F.N., Sanz, Alli y Gurrea, que tienen la osadía de aludir a la Soberanía de Navarra. Educados bajo los aires cuarteleros, es claro que entienden mejor el aire del Himno de la Benemérita que el de las Cortes de Navarra, las que reclamaron siempre que Navarra era un Estado diferenciado de Castilla -España- Siguen atribuyéndose una representatividad sobre los habitantes de la C.F.N. que se apoya más en la Dictadura de Franco y sus secuelas, que en el deseo de los navarros -a quienes niegan el derecho, primero a conocer lo que ha sido siempre la voluntad de Navarra, y luego a decidir sobre su status- gritan y gesticulan contra el plan Ibarretxe, afirmando que éste ataca la soberanía de Navarra. ¿Quieren decir estos señores que reclamar el ejercicio del máximo de competencias de manera directa por la C.F.N. es ir en contra de la soberanía de Navarra? De ser así las cosas, quienes en otras épocas defendieron la independencia de Navarra -desde luego la mayoría de los navarros y sus instituciones autóctonas- fueron los primeros en atacar la soberanía navarra.
Es éste un debate absurdo, propio de los sistemas totalitarios, empeñados en llamar libertad a la esclavitud; como si con esa perversión del lenguaje consiguieran convertir el mal en bien. Así sucede en este debate, en el que se califica de democracia a la imposición y Estado de derecho a la arbitrariedad del más fuerte. Éste, por lo demás -España- se erige en juez de un litigio del que es parte fundamental; determinando cuándo es correcto recurrir a la voluntad de la mayoría, o negando a la colectividad el derecho a establecerse como tal. Para aumentar la gravedad del caso, debe recordarse que en este conflicto el presunto criminal y agresor, quien debe presentar las pruebas de descargo, es la propia España.
