Corrupción es degradación. En política significa administrar en contra de los intereses colectivos y en beneficio de quien ostenta el poder. A decir verdad la corrupción solamente es posible en un sistema político representativo, democrático. En un sistema absolutista -o cualquiera otro que se reconozca autoritario- no existe corrupción, porque quienes lo detentan proclaman que el poder les pertenece y sus gestores son los dueños de los recursos públicos, utilizados primeramente para su beneficio directo.
La corrupción en los sistemas representativos y democráticos aparece de manera ocasional, cuando es debida a la actuación de algunos funcionarios o administradores, quienes toman decisiones contrarias a la ley misma, o manipulan los resortes de la administración de manera injusta. Como el abuso del poder es siempre una tentación para quien lo detenta, los sistemas democráticos establecen disposiciones y crean instituciones encargadas de vigilar a quienes lo ejercen y castigar a los transgresores. Cuanto más democrático es un sistema político, las leyes anticorrupción y los sistemas de vigilancia son más diáfanos y tienen mayor peso en el conjunto institucional.
En el antiguo sistema foral de Navarra, destruido finalmente por las constituciones españolas en 1841, se establecía para todo aquel que pretendiese un cargo público -fuera como regidor de un ayuntamiento, o como administrador de cualquier renta de las del Reino- la obligación de presentar una fianza proporcionada en bienes materiales a la institución correspondiente, como una condición previa a la toma de posesión de su cargo…por si fuese condenado … Quien ejercía el poder estaba en condiciones de defraudar y estaba obligado en todo momento a demostrar que no había motivos para que se le considerase sospechoso. En aquella Navarra las cuentas de las entidades locales debían ser ratificadas por el conjunto del vecindario. Por lo que se refiere a los administradores de rentas -recibidores y concesionarios- debían presentar unos estados de cuentas que eran analizados con lupa por la Cámara de Comptos y, en su caso, por la Diputación del Reino, quien elevaba su informe a las mismas Cortes. No se escapaba a aquella administración ni un Cornado, la moneda más pequeña acuñada por Navarra. Además los fondos públicos no se dejaban en manos de los administradores directamente. Estos cuando decidían hacer un pago con dinero público, debían conseguir previamente el visto bueno del poder judicial y la extracción de dinero se hacía en un acto oficial, en el que un notario levantaba acta, tras comprobar la autenticidad de los documentos que permitían la citada extracción. Mediante este sistema resultaba imposible la manipulación de fondos públicos que se dan en nuestros días, al dejar estos, en la practica, al arbitrio de lo responsables administrativos correspondientes. En esta materia de los recursos públicos se puede afirmar, parangonando a Churchill que democracia es… que cuadren las cuentas entre lo que pagan los contribuyentes e invierten los administradores,…que cualquiera que entre en la administración, salga con el mismo dinero con el que entró…
Para que un sistema político pueda ser considerado no corrupto, no es imprescindible que todos los administradores sean honestos, sino que funcionen adecuadamente los mecanismos de control institucional. Una administración, sin embargo, está corrompida, cuando el conjunto de sus funcionarios, incluso aquellos que en otras circunstancias actuarían con honestidad, obran, o se ven forzados a ello, en contra de las leyes, porque, quienes dominan las instituciones en todos los niveles, jueces, mandatarios y demás, las quebrantan sistemáticamente. La explicación se encuentra en que todas estas instancias representan a los grupos dominantes del Estado, los principales interesados en tal estado de cosas. Hablamos de corrupción en este caso porque el citado sistema ha experimentado una degradación. En principio ha podido ser diseñado en beneficio de la colectividad, pero las élites sociales se han hecho con el control de las instituciones e imponen su funcionamiento en beneficio propio. De esta manera se produce una distorsión entre la definición del sistema, que pretende estar dirigido al interés colectivo, y su funcionamiento real al servicio de los oligarcas. Supone un retroceso hacia planteamientos absolutistas que en los tiempos contemporáneos predominan en áreas socio-económicas atrasadas con formulaciones políticas autoritarias.
Al actual sistema político vigente en el Estado español muchos lo califican de corrupto, por entender que las leyes son elaboradas sin respetar los intereses de los ciudadanos y colectividades, porque los jueces aplican con arbitrariedad la ley cuando les conviene y los administradores utilizan los cargos en beneficio de intereses individuales, corporativos y partidistas. A mi entender, y teniendo en cuenta las reflexiones que llevo hechas más arriba, no es correcta tal calificación. Sin llegar a cuestionar que el carácter del sistema político actualmente vigente aparezca con las deficiencias que se le adjudican, lo cierto es que el marco jurídico español no responde a las exigencias de un sistema democrático en sentido estricto. Los agentes de este Estado no son los ciudadanos, ni el Estado mismo es resultado de la voluntad libre de éstos, sino que les viene previamente impuesto, tal y como recogen los artículos de la Constitución, a pesar de que ésta haya sido refrendada por la ciudadanía, a la que se lleva a renunciar al principio fundamental que cohesiona una colectividad, como es la libre e irrenunciable voluntad de opción. España es la unión previa de quienes son calificados como españoles sin consideración a la capacidad de decisión de estos. En cualquier caso no puede olvidarse la tradición española que ha impedido siempre el establecimiento de un sistema constitucional correcto.
Sin ir más lejos, el sistema actualmente vigente deriva de la legalidad impuesta por Franco, a pesar de que se revista de las apariencias de un sistema representativo. No es de extrañar, en consecuencia, el carácter autoritario que marca al citado sistema. Tal carácter aparece nítidamente en los procedimientos establecidos a la hora de configurar el poder en el que se prima el control del mismo por organizaciones políticas fuertemente jerarquizadas y los obstáculos puestos al ascenso de las que contestan el sistema; de la misma manera en los niveles institucionales superiores que en la administración local; en todos ellos se prima a los mayoritarios y margina a los minoritarios. Las leyes y disposiciones legales en general se elaboran en beneficio de los grupos de presión, representados por organizaciones empresariales y corporativas y se adecuan a las conveniencias de los mismos y no existe reparo en promulgar leyes dirigidas a desalojar de la legalidad a quienes adoptan una actitud más combativa frente al sistema, con la excusa del omnipresente terrorismo…, todo ello en contra de las referencias a la libertad de expresión, reunión y demás que dicen defiende el ordenamiento jurídico vigente. Por lo que se refiere a la aplicación de la justicia, además de los procedimientos que favorecen la defensa de los delincuentes de alto standing, se aplica de manera discriminatoria el recurso de gracia, que siempre favorece a quienes se encuentran en los aledaños del poder. Se explican de este modo los indultos a criminales convictos como Barrionuevo, Urralburu y otros y el trato de favor hacia aquellos delincuentes que actúan desde las cloacas del Estado. En este sentido se llega a calificar de terrorista a quien se manifiesta contrario al Estado, a pesar de que sus actuaciones se limiten al campo de la expresión libre y no se califica de tal a quien es responsable de muertes y violaciones patentes de los derechos humanos en apoyo del sistema democrático y Estado de derecho.
A la vista de esta realidad, algunos insisten en la necesidad de limpiar la administración y en un esfuerzo de voluntariedad reclaman que los principios declarados como estructuradores del sistema político vigente, se hagan reales en el conjunto jurídico y aplicación imparcial de la ley; de tal manera que desaparezca la corrupción y arbitrariedad actuales. Quienes plantean tal cambio muestran una excesiva confianza en las definiciones de principios con las que muchas veces los sistemas políticos autoritarios intentan ocultar su condición. La simple proclamación de principios no es suficiente para convertir en democracia un sistema autoritario como el español. España en tanto que Estado ha necesitado vertebrarse a partir de planteamientos autoritarios; primero como resultado de su formación mediante la conquista territorial y luego mediante el mantenimiento de unas estructuras sociales feudales, que se han comportado con rigidez, en el momento de dar el salto a la sociedad contemporánea. No se han dado las condiciones de apertura que exige una sociedad burguesa y la burguesía e industrialización han llegado tardíamente, más por impulso del propio poder político -franquismo- que sentía lo insoslayable de la modernización para la supervivencia del Estado mismo, que por mérito de una clase burguesa de perspectivas cortas. El Estado ha garantizado a la oligarquía el control del citado proceso, sin sobresaltos.
España presenta una extrema fragilidad en un terreno en el que otros de los grandes Estados europeos han triunfado. No ha conseguido la identificación con su proyecto nacional de la Nación navarra y otras. Se explica, de esta manera, la actitud al acecho que mantiene al respecto y el carácter autoritario de su organización jurídica, ya que una organización democrática supondría el fin del Estado en cuanto tal. El autoritarismo es asumido por el conjunto de la sociedad española que se identifica con el Estado español. Hablar en este contexto de derechas e izquierdas carece de sentido. El proyecto de Estado español no tiene otra perspectiva que la de mantener una primacía de una nación sobre otra y si, verdaderamente, fuera posible la democratización que se reclama por parte de voluntaristas fuerzas progresistas españolas, el resultado sería la diluición de España. Esto únicamente supuesta esa democratización, aunque es de temer que la misma no sería viable en el caso de empeñarse los progresistas en mantener la organización estatal presente. Llegado a este punto la experiencia contemporánea muestra el fracaso de todos los proyectos de diseñar un estado democrático que han sido intentados por fuerzas progresistas similares, lo mismo en el Mundo soviético, que en otras áreas que han pretendido seguir el mismo camino en casos similares.
El autoritarismo es inherente a España en cuanto proyecto nacional, porque la Nación navarra ha conseguido mantener su conciencia de Nación. Ninguna alternativa española tiene la posibilidad de ser asumida por Navarra, por muy voluntariosa que pretenda ser ésta, como sucede en las propuestas de federalismo que se hacen desde la izquierda española consecuente. El federalismo es únicamente posible en un marco de relaciones en el que las diversas comunidades asuman que tienen intereses en común previos, casos de la Republica Helvética o Alemania. Por lo que toca a España no hay nada previo a la mera y brutal conquista; conquista que, por otra parte niega a Navarra -al igual que a otras naciones- la relación con su espacio histórico y natural entre el sistema Ibérico y el Garona. España está planteada como un marco de explotación, en la Historia y en el momento actual. Es por tanto inadecuada para resolver el problema nacional navarro y nunca podrá abandonar su carácter autoritario y falsamente democrático, virtualmente corrupto.
