La apropiación de Templos, ermitas, casas parroquiales, predios urbanos, por parte del Arzobispado de Pamplona y Tudela, tanto por su volumen, como por su valor sentimental y pecuniario no es un problema baladí. El sentimiento de amor a lo propio de nuestros pueblos se ha manifestado reiteradamente en estos dos últimos años, una vez que fue hecha pública la sigilosa inmatriculación (1ª inscripción en Registro de propiedad) de 1086 inmuebles del patrimonio Cultural de Navarra.
Desde Otsagabia a Cascante, de Sangüesa a Sartaguda, desde Uharte a Estella, desde Muskilda a San Urbano en Odieta…, decenas de pueblos han descubierto con asombro y escándalo, que sus ermitas, sus iglesias preciosas y sus bravas casas parroquiales, todas levantadas y mantenidas por las manos y el sudor de cada pueblo, ya no son suyas, ya no son de todos como siempre habían sido. Y se han sentido heridos, violentados y agredidos en sus abuelos y padres.
Los bienes públicos fueron levantados desde nuestras raíces históricas por nuestros mayores, tanto por el Estado Navarro a través de su institución histórica, la Casa Real Navarra, como por los municipios y el auzalán popular. El rico patrimonio Románico, el naciente gótico, la variadísima imaginería dedicada a la Virgen y santos todo fue costeado por la iniciativa popular. Los espléndidos retablos propios de cada época suelen estár orlados con el escudo del Ayuntamiento que los pagó y cuyas facturas constan en los archivos municipales. Cada vecino pagaba obligatoriamente los diezmos y primicias, de sus cosechas y rebaños. Las arcas reales se llenaban de la misma fuente el trabajo del pueblo y de ellas repartían generosamente para construir los santuarios. Lo mismo que hoy, el Gobierno recibe los impuestos y desde ellos cubre los gastos de servicio y obras del pueblo.
Los Ayuntamientos, hoy con sus archivos bien catalogados, tienen documentos para probar lo que levantó el pueblo. ¿Puede el Arzobispado presentar facturas de lo apropiado?. Ellos son los que tienen que probar que es suyo. La afirmación de que les pertenece desde tiempo inmemorial, es una falacia, es dar por probado lo que deben probar (peticio principi).
Ante la situación se están desempolvando archivos municipales o concejiles. Cargos electos han recuperado bellas historias de la edificación o renovación de edificios objeto de la ilegítima inmatriculación, aunque sea legal. Posibilitada en 1998 por el gobierno de Aznar, al cambiar con un decreto presidencial el artículo de la ley hipotecaria, que prohibía pasar a escritura pública los lugares de culto. En numerosos pueblos se ha reflexionado en grupos tomando conciencia de la situación y pautas a seguir. Algunos ayuntamientos en acuerdo de pleno han aprobado presupuesto para iniciar las acciones jurídicas convenientes frente al Arzobispado.
Hoy preguntamos a la Autoridad Civil y por supuesto a la Eclesiástica ¿No se merece el pueblo una respuesta aclaratoria? ¿No es posible la búsqueda de soluciones a un problema que afecta a todos los navarros, creyentes o no? ¿No es políticamente correcta, necesaria, urgente y justa una explicación al pueblo herido?
Sobre todo, la Autoridad Eclesiástica, nos debe una respuesta seria. No nos vale lo que dice su Vicario Ecónomo, Sr. Aizpun: “El pueblo que no esté de acuerdo, que nos lleve a tribunales y si prueba que algo es suyo, se lo devolveremos”.
Y no nos vale a los creyentes, porque Jesús de Nazaret, hace dos mil años urgió que “cuando vayas al altar a presentar ofrendas a Dios y recuerdes que tienes algo con el hermano, dejemos la ofrenda sobre el altar y corramos a hacer las paces con él y luego volvamos al altar”. Y también “ponte a enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino; no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel” (Mt.5,25).
En diversas instancias se ha discutido el tema de la injustificable apropiación. El caso más discutido públicamente ha sido el de Muskilda en Otsagabia. Fue planteado desde el Ayuntamiento, desde el Patronato, y en la expresión pública del pueblo cristiano en la procesión de la fiesta, como consta en diversos artículos de prensa, “Muskilda es del pueblo” decían las pancartas. Se creó la Plataforma de Ayuntamientos, y expresó su posición en defensa de los bienes comunales en su Asamblea de Burlada en 2008. El Parlamento de Navarra dedicó una comisión para escuchar las proposiciones de los Ayuntamientos. Decenas de artículos periodísticos se han dedicado al mismo tema… Todo ello demuestra que es un tema de calado.
Para encontrar solución son necesarias respuestas. La autoridad Civil, desde el Parlamento, desde el Ayuntamiento o Concejo tiene obligación, de oficio, de defender los bienes comunales (y en su defecto cada ciudadano goza de ese derecho). Hasta ahora solo ha habido palabras de simpatía y “posibles ofertas de ayuda, sobre todo a los ayuntamientos más débiles”. Hoy pedimos respuestas y compromisos.
Pedro Leoz
Carlos Armendáriz
De la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro / Nafarroako Ondasunaren Defentsarako Plataforma
