En los medios de comunicación se subraya con persistencia sospechosa que lo que interesa prioritariamente a la sociedad catalana no es su identidad, sino la situación económica. La cuestión primordial de la que dependen todas las demás es saber quiénes somos y dónde vivimos. En periodo de hacer balance para disponernos a volver a las urnas, se critica al Gobierno de Catalunya porque se ha empecinado en salvaguardar la lengua, la cultura, el Estatut. Y al carro de esta opinión se suben incluso catalanistas, nacionalistas, independentistas, a quienes, por lo visto, la compartimentación de la realidad les impide concebir una gobernanza que contemple la interdependencia de todos los problemas sin exclusiones. Criticar al tripartito porque haya pretendido incidir sobre la identidad del pueblo catalán me parece de lo más burdo y malintencionado.
Caemos en la trampa que busca a propósito la alienación, para poder librarse de actitudes que ponen en peligro la sagrada unidad de España. Es la trampa de quienes prefieren tantas manifestaciones como haga falta contra las reducción de los honorarios o contra los obstáculos para la ocupación, a una sola que llene el centro de Barcelona de personas que reivindican exclusivamente que Catalunya es una nación y que tiene el derecho de decidir.
En la opción por exigir el respeto a la identidad no hallo ningún impedimento que prive de ser consciente de la magnitud de la crisis por la que atravesamos. Al contrario. ¿Acaso es indiferente valorar el mayor, el menor o el nulo encaje de Catalunya en España para afrontar con garantías las dificultades en la economía, el trabajo, la formación, la vida social?
Las propuestas de soluciones han de surgir de la idiosincrasia de cada país. La identidad de los pueblos es un fenómeno transversal: todo lo que hacemos debe ser condicionado por lo que somos y trascender desde el lugar concreto donde estamos. Es vergonzoso que se aconseje aparcar o esconder la identidad catalana en ciclos adversos o que se utilice para el negocio político. Que dejen de vociferar contra los que pensamos que los valores de pertenencia a una nación son la pieza clave para la (re) construcción de una realidad social y económica habitable, sostenible, en suma, justa, libre y democrática.
JOAN MARTÍ I CASTELL, catedrático emérito y primer rector de la URV, miembro del IEC.
Publicado por La Vanguardia-k argitaratua