La pasarela de Labrit se puso en marcha en diciembre de 2010, siendo alcaldesa Yolanda Barcina (UPN) y responsable de Urbanismo Enrique Maya. Y costó 1’2 millones de euros. Sin haber cumplido 3 años, en abril de 2013, se detectaron los primeros problemas de filtraciones y se produjeron las primeras denuncias, pero los entonces responsables no tomaron ninguna medida al respecto.
Ya en febrero de 2016 y con el actual gobierno municipal se produjo el descolgamiento de algunas piezas, lo cual motivó su cierre inmediato al público y la colocación de una red para evitar desprendimientos. Desde ese momento, dos empresas especializadas han analizado la estructura y han emitido sus informes, aconsejando el cierre inmediato de la misma: INTEMAC (julio de 2016) e IDEAM (10 de octubre de 2018 y 12 de febrero de 2019).
El último de los informes emitido por IDEAM, consultora independiente de Madrid, es especialmente contundente. Cabe recordar que esta empresa, de reconocida solvencia, fue recomendada por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra para que estudiara la obra, y sus ingenieros han tenido ocasión de analizar la pasarela en detalle. Pues bien, el informe concluye que la pasarela tiene defectos gravísimos de diseño y de ejecución. Que el 100% de sus elementos estructurales tienen problemas graves. Que carece de un sistema de drenaje de aguas de lluvia, y que las soldaduras y la tornillería son deficientes. Que acusa a estas alturas unos niveles de avanzada corrosión, y que sus cimientos no son eficaces para soportar los empujes laterales.
Por todo ello concluyen que los defectos no tienen solución, y que ni siquiera los cimientos podrían reutilizarse. En consecuencia aconsejan su inmediato y definitivo desmontaje, llegando a desaconsejar de manera expresa una prueba de carga, por el inminente riesgo de colapso general de la estructura. Todo eso. En estas circunstancias, la decisión del equipo de gobierno no podía ser otra que seguir las recomendaciones de los ingenieros, en un evidente ejercicio de responsabilidad.
La respuesta de Enrique Maya (UPN), en cambio, ha sido la cuestionar a la consultora especializada, negar los desperfectos (que, por otra parte, son evidentes a simple vista), y tirar para adelante con la pasarela, colocando, eso sí, un pilar debajo para apuntalarla. Y de paso acusar al equipo de gobierno y al alcalde de “electoralismo”, por anunciar el desmontaje.
Pasando por alto el hecho de que los primeros informes y las primeras decisiones tomadas en consecuencia datan ya de julio de 2016 (bien lejos, pues, de las elecciones), no podemos dejar de señalar la autoinculpación implícita que trasluce el hecho de que UPN crea que los informes técnicos independientes les perjudican. No sé yo qué diría el doctor Freud al respecto…
Por otro lado, la pregunta importante, trascendental, que se deriva de todo esto es si quien ostenta responsabilidad política y ética en este tema, es decir el actual gobierno municipal de Pamplona, puede pasar por alto el dictamen de dos empresas de ingeniería especializadas, que avisan del riesgo de colapso y llegan a aconsejar su inmediato desmontaje, para hacer caso del señor Maya (UPN), que aquejado de un evidentísimo ataque de nerviosismo electoral, desautoriza informes, ingenieros y empresas consultoras, diciendo que el tema podría solucionarse poniendo un poste debajo. Yo, al menos, lo tengo muy claro.
Por lo tanto, y esto es lo verdaderamente terrible, la ciudadanía de Pamplona ve cómo una nueva chapuza de UPN obliga a tirar a la basura una pasarela que costó 1’2 millones de euros. Y comprueba además, para mayor INRI, que dicha infraestructura está situada a escasos 50 metros de otro gran fiasco de los regionalistas, el fallido Museo de los Sanfermines. Con la diferencia de que este costó un poco más: 6’3 millones de euros. Suma y sigue.
