Los mismos que garantizaron la impunidad de los franquistas y convirtieron al pupilo de Franco en máxima representación de la democracia han querido traficar con la memoria, parasitar el esfuerzo popular, mercadear con el sufrimiento
No es que Garzón haya salido del armario abrazado a una bandera republicana (española). Tampoco ha descubierto de repente que algunos jueces juraron fidelidad a los principios del Movimiento. Ni siquiera se trata de desenterrar algunos cadáveres para hacerlos cotizar en el mercadeo de la memoria y la desmemoria, que es lo que pretenden ahora los mismos que impusieron la ley del olvido y con ella, la impunidad de todos y cada uno de los criminales franquistas. Estamos, una vez más, ante una marejada de fondo que tiene que ver con las ansias de protagonismo del juez vedette y sus enemigos, algunos de ellos ex amigos, pero sobre todo con las cuentas pendientes de la «democracia española».
No puede esperarse gran cosa de un andamiaje jurídico, político e ideológico construido sobre las arenas movedizas de la transición. De la ley a la ley quisieron hacerla y así se hizo. Como reconoció Martín Villa, uno de aquellos franquistas convertidos de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida, no se depuró el aparato de estado de la dictadura y gracias a esa no-depuración el PSOE pudo «descubrir» la Guardia Civil. Y por esa no-depuración existe una legislación de excepción y un órgano represivo especial, la Audiencia Nacional.
Garzón es expresión de lo que da de sí una «democracia» creada sobre los cimientos de una dictadura, considerada fascista por la propia Organización de las Naciones Unidas. Ese es el ADN del actual reino de España, cuyo jefe de estado no fue precisamente militante antifranquista.
Pese al ambiente de embotamiento ideológico provocada por esa vergonzosa transición, la constancia de las gentes empeñadas en disipar la niebla del olvido ha logrado colocar en la agenda social y política la denuncia de los crímenes franquistas. Ha sido una victoria relativa, pero muy importante. Y se ha logrado contra las burocracias políticas y sindicales, contra el propio estado empeñado en borrar el rastro de su infame ligazón con el franquismo. Se ha hecho contra una supuesta izquier- da cómplice de haber liquidado la referencia republicana, que se prestó a legitimar el modelo de transición de los franquistas y sus amigos yanquis.
Los mismos que garantizaron la impunidad de los franquistas y convirtieron al pupilo de Franco en máxima representación de la democracia han querido traficar con la memoria, parasitar el esfuerzo popular, mercadear con el sufrimiento, con el único objetivo de ganar espacio en sus disputas poltroneras con la derecha heredera política del franquismo. Esa misma derecha con la que gobiernan en Iruñea y Gasteiz, con la que han pactado la política económica, la estrategia represiva y el modelo de estado.
No pretenden cuestionar la transición ni cortar el cordón umbilical con el franquismo. Si así fuera no defenderían a Garzón, demolerían la Audiencia Nacional y detendrían al Borbón. Juegan con fuego, sin embargo. Entre unos y otros están haciendo que naufrague un poco más su idolatrada transición.
