España puede estallar

La cuestión catalana

Lorenzo B. de Quirós

www.eleconomista.es

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña ha creado una enorme polémica que puede desembocar en una crisis institucional. De un lado se exige la aceptación por parte del Principado de la resolución del máximo órgano jurisdiccional del Estado; de otro se considera que esa decisión atenta contra la voluntad mayoritaria del pueblo catalán expresada en referéndum.

Guste o no, esta situación plantea un problema de primera magnitud en tanto que las fuentes de legitimación de las pretensiones catalanas y las del TC son diferentes. En este contexto, el enfrentamiento entre las demandas políticas de Cataluña y el marco institucional vigente tienen una difícil solución y ponen en cuestión el modelo de organización territorial del Estado alumbrado por la Constitución de 1978. Éste es el fondo de la cuestión y resolverlo es de una extrema complejidad.

De entrada da igual, permítaseme la licencia, que un texto constitucional declare que sólo hay una nación, la española; también da igual el recurso a razones históricas para justificar las pretensiones integradoras o particularistas del todo o de una parte. Del mismo modo es irrelevante declarar que el único poder constituyente es el conjunto del pueblo español.

Posible solución

Cuando la mayoría de la población existente en un territorio determinado aspira a constituirse en Estado o en algo muy parecido y se siente justa o injustamente tratada por el resto, ése es un hecho de extrema gravedad. Ante este panorama, la respuesta clásica de los gobiernos centrales era suspender la autonomía de las administraciones sedicentes u obligarles por la fuerza a permanecer dentro de la estructura unitaria o descentralizada del Estado. La otra alternativa ha sido permitir la disgregación pacífica de la vieja estructura territorial, léase el caso de la antigua Checoslovaquia.

A estas alturas parece improbable que un Estado democrático en un entorno como el europeo sea capaz o esté dispuesto a recurrir a una suspensión del autogobierno de una región o de una comunidad autónoma o a una intervención militar para evitar la secesión de una parte de su territorio. Es más, la amenaza de usar esas dos armas tiene un escaso poder disuasorio.

Tampoco es posible que, en un escenario de economías abiertas, un Gobierno central empeñado en preservar su unidad sea capaz de asfixiar económicamente a la parte que quiere o aspira a disgregarse.

El coste y las competencias

El Estado moderno, tal como se alumbró hace cinco siglos, está en crisis y resulta muy complicado mantenerlo con sus viejas prerrogativas en contra de la voluntad de quienes lo integran. Desde esta perspectiva, su capacidad de recabar la lealtad de sus súbditos depende sólo de la persuasión, de ofrecerles fórmulas de integración atractivas.

En un mundo económicamente integrado, el tamaño del mercado de un país es más grande, mucho más grande, de lo que lo es su dimensión política. En el caso extremo, en el que las fronteras son totalmente irrelevantes para las interacciones económicas, el tamaño del mercado de cada país es el mundo. La evidencia empírica demuestra que cuanto mayor es la apertura internacional de un territorio, su viabilidad tiende a volverse independiente de su dimensión.

No es una casualidad que la existencia de la NAFTA hiciese el separatismo de Quebec más fácil y menos costoso. En una Europa con libre circulación de bienes, servicios y capitales, cualquier estructura territorial puede sobrevivir salvo que cometa el error o el suicidio de volverse autárquica. El coste de la independencia disminuye con la globalización de la economía.

Con independencia de la cuestión catalana, lo cierto es que los estados europeos contemporáneos, en su forma tradicional se ven amenazados por dos movimientos. Por un lado por el traspaso de competencias hacia una entidad supranacional, la Unión Europea; por otro, por una transferencia de poder hacia las administraciones periféricas, regiones y municipios. Esta tendencia será imparable salvo que se produzca una vuelta generalizada al proteccionismo en Europa, lo que es poco probable.

Ante este panorama es necesario plantear formas imaginativas, flexibles y no coercitivas de integración política, lo que exige convencer a los teóricos o reales secesionistas, independentistas o llámeseles como se quiera de las ventajas de la unión. En otras palabras es preciso recrear o reinventar el esquema de Las Españas.

Por último, es impensable buscar un acuerdo institucional estable sin modificar de manera radical ese mecanismo de transferencias interregionales. Al margen de unos mínimos, no todas las regiones del país tienen que tener los mismos servicios públicos o idénticas prestaciones sociales como tampoco una similar presión fiscal. Este uniformismo es incompatible con la propia esencia de un sistema descentralizado, es ineficiente y además crea agravios, sobre todo en épocas de crisis. Las zonas ricas del territorio nacional no tienen por qué subvencionar a las pobres, lo que además no ha servido para avanzar en la convergencia real entre las regiones españolas sino para crear mecanismos de clientelismo político pagado con el dinero de otros.

En suma, la cuestión catalana no es una anormalidad española sino el resultado de una estructura de organización territorial del Estado que no se adapta a la realidad de los tiempos. Así sucede en otras entidades políticas. En el caso de España resulta evidente que el Título VIII de la Constitución ya no da más de sí. Si el problema de Cataluña no se afronta con inteligencia y racionalidad, el andamiaje de eso que llamamos España puede saltar en pedazos.

 

El federalista Bernaldo de Quirós

“España puede estallar: la crisis será larga y el régimen autonómico ya no se tiene en pie”

Enric Juliana

La Vanguardia

En las sobremesas catalanas, especialmente en estas fechas de septiembre, nunca falta la sorna de quien afirma que en España el federalismo es del todo imposible por la sencilla razón de que no hay federalistas. Hace meses encendí la lámpara de Diógenes en busca de esos extraños seres. Y hoy estoy en condiciones de afirmar que en Madrid hay federalistas. Uno, al menos. Un federalista sin imposturas. Liberal. Simpatizante del Partido Popular. Anglosajón, nacido en Ávila en 1959. Un federalista sin melindres. Les presento a Lorenzo Bernaldo de Quirós.

–¿Te apetece un puro mañanero? Oye, son los mejores. Antes de desayunar, siempre un buen habano.

recién salido de las páginas de El gran Gatsby. Scott Fitzgerald en la vecindad del Casón del Buen Retiro. Estatura británica, traje claro, desmayo del pico del pañuelo en el bolsillo superior de la chaqueta y un cigarro humeante que invita a tomar el primer café de la mañana. Nuestro anfitrión dirige la consultoría que con más acierto pronosticó la gravedad del castañazo económico español. Mientras el presidente del Gobierno se resistía a pronunciar la palabra crisis y los servicios de estudios de los dos grandes bancos emitían informes moderadamente pesimistas, en noviembre del 2008 la agencia Freemarket auguraba que el PIB caería al año siguiente un 2%, con dos millones más de parados. Les acusaron de alentar el catastrofismo. A finales del 2009, la riqueza española había disminuido en un 3,6% El federalista Gatsby es un hombre solvente.

–Te lo diré claramente. España puede estallar en los próximos años. La crisis va para largo y cabe el riesgo de una implosión. El régimen autonómico, el famoso café para todos, ya no se tiene en pie. Es un sistema en quiebra que puede acabar empujando a Catalunya a la independencia. Una independencia que es más factible de lo que mucha gente piensa. Lo acabo de escribir en un artículo titulado “La cuestión catalana” (diario El Economista del 2 de septiembre) y me parece que he pisado algún callo.

Tomo nota y me permito recordarle a Bernaldo de Quirós la pasión de José Bono por el artículo octavo de la Constitución, que encomienda a las fuerzas armadas el mantenimiento de la integridad territorial.

–Vamos a ver, seamos serios y dejemos la retórica para otro día. Formamos parte de la Unión Europea y estamos en el siglo XXI. ¿Alguien cree que podríamos enviar al ejército a disparar por las calles de Catalunya? El mundo hoy es otro. En España hoy no hay nadie dispuesto a morir por Danzig.

–Tiros quizá no los habría. Pero tensiones sociales y turbulencias económicas, con toda seguridad. Por mucho menos, ya hubo hace un par de años un intento de boicot comercial a Catalunya.

–Claro que habría tensiones y boicots, pero ¿durante cuánto tiempo? Oye, que quede claro, yo no soy un propagandista de la independencia catalana, que tendría efectos muy graves para España. Lo que quiero decir es que la unidad de un Estado nacional europeo dependerá cada vez más de los incentivos. No todo pueden ser costes y sacrificios. El incentivo se ha debilitado en Catalunya, porque la transferencia de rentas a la España meridional es excesiva. El Estado de las autonomías se sostiene gracias a las clases medias de Madrid, Catalunya y, en menor medida, Baleares y Valencia. El malestar catalán es fácil de explicar: Catalunya no tiene los beneficios de la capitalidad –Madrid se ha transformado en una gran capital planetaria– y su economía exportadora se halla muy sometida a los riesgos de la globalización. El pequeño empresario que se desloma para vender en el extranjero observa, atónito, que en el sur hay quien se pasa la tarde jugando tranquilamente al dominó gracias al subsidio del Estado. Quien no entienda el problema está ciego.

–Conspicuos liberales deMadrid proponen la recentralización de España.

–Sí, muchos de mis amigos liberales defienden el regreso a un Estado central fuerte, pero yo creo que después de treinta años de sistema autonómico eso es imposible. La única solución es el federalismo competitivo. Definir bien el perímetro de las competencias estatales, acabar con las abusivas transferencias de renta y que cada uno espabile. Si Galicia quiere una policía de tráfico propia con motos BMW, que cree una tasa y se la pague…

–Andalucía es moralmente intocable en España…

–Oye, yo no estoy diciendo que los andaluces y los extremeños sean unos holgazanes. Yo digo que la masiva transferencia de dinero al sur es hoy injusta. En treinta años su diferencial de renta apenas se ha movido. ¿En qué han gastado el dinero? ¿Cómo han sido gobernados? El PSOE está defendiendo ese estatus como si fuera un partido africano. Si el sur de España tuviese la libertad federal de bajar sus impuestos y competir con Madrid y Catalunya, quizá las cosas le irían mejor.

El puro se acaba y el federalista Bernaldo de Quirós me muestra un retrato de Churchill. “Hay que decir las cosas claras: si el problema de Catalunya no se afronta con inteligencia y racionalidad, el andamiaje de eso que llamamos España puede saltar en pedazos”.