“La voluntad de Franco muerto vale hoy mucho más que los 169 artículos y 15 disposiciones de la Constitución Española”
Este mes ha hecho veinte años de la operación de castigo contra Egunkaria, el único diario, entonces, redactado únicamente en euskera. Pocos medios españoles se han hecho eco de esta efemérides tan incómoda en que el Estado decidió cerrar el medio, encarcelar y torturar decenas de periodistas y hacer una de aquellas operaciones tan propias de las dictaduras de “pesca de arrastre” para sembrar el terror entre el independentismo vasco. La justicia lenta, un método especialmente perverso de tortura, exoneró de responsabilidades al medio y al conjunto de gente que había sido reprimida, cuando ya el mal resultó irreparable. El diario no volvió a abrir, muchas vidas quedaron rotas y muchas trayectorias profesionales, restañadas. A pesar de la absolución, nadie fue reparado. A pesar de la fabricación de pruebas, ninguno de los responsables de esta operación no fue juzgado en un caso claro de voluntad deliberada de represión e intimidación. A pesar de que España fue condenada por no haber investigado torturas, mantiene hoy en altas responsabilidades de gobierno aquellos que miraban hacia otro lado mientras se estaban cometiendo crímenes a los cuarteles y comisarías, una tradición tan española como los bravos o la corrupción, propias de una democracia otomana o rusa, caracterizadas por lawfare estructural contra la disidencia. En cualquier caso, la operación no iba contra una ETA a punto de abandonar las armas, sino dirigida expresamente para impedir la articulación de un independentismo democrático.
Otra noticia de estos últimos días también explica muy bien cuál es esta naturaleza “democrática” y “constitucional”. La semana pasada, una auditoría encargada por la Conferencia Episcopal admitía unos 4.000 casos de abusos a menores. Los auditores se quejaban de la escasa colaboración de muchos de los obispados. Un par de años atrás, la iglesia católica española únicamente admitía 220. Para poner un ejemplo, una investigación independiente registró 330.000 casos en el seno de la iglesia católica en Francia durante los últimos setenta años. Obviamente, la cifra francesa es una referencia para evaluar la magnitud de la tragedia de una institución que acontecía uno de los pilares fundamentales del franquismo. Las asociaciones de víctimas del franquismo han evaluado, también, el robo de niños con cifras que oscilan entre los 30.000 y 200.000 (aquello que la justicia internacional categoriza como un delito imprescriptible), con un papel preponderante de la iglesia española. No buscáis violadores con sotana en la prisión. No consta que haya, a pesar de que los abusos puedan haber sucedido recientemente. El testamento de Franco, verdadera constitución española dejó bien claro que una de las instituciones que habían sido uno de sus apoyos incondicionales tenía que quedar blindada ante cualquier responsabilidad, como también lo han estado todos aquellos policías, militares y funcionarios públicos amparados a la ley de Amnistía de 1977.
Tampoco se explica cómo España nunca no extraditó ni un sol de los miles de criminales nazis que vivían con toda tranquilidad a cualquier lugar de la geografía española. A modo de ejemplo, Leon Degrelle, el hombre de confianza de Hitler en Bélgica, murió tranquilamente a Torremolinos el 1994 a pesar de que Bruselas había solicitado su extradición hasta 47 veces. Todo esto mientras España ya formaba parte de la Unión Europea y saltándose todos los tratados internacionales. La voluntad de Franco muerto vale hoy mucho más que los 169 artículos y 15 disposiciones de la Constitución Española, o los tratados internacionales subscritos.
En estas circunstancias, ¿qué credibilidad puede tener cualquier acción encaminada a reprimir la disidencia? Explico esto en el contexto del juicio contra Laura Borràs, en qué buena parte de los propios medios y parte de la política catalana (con intereses partidistas) ofrece credibilidad al que se trata de un juicio político que pretende apartarla de manera ejemplarizante, con fabricación de pruebas, testigos y otros mecanismos, sutiles o destralers, que en el fondo no resulta otra cosa que la reedición de la justicia recreativa contra Egunkaria, o más recientemente, contra presos políticos y exiliados. Y de nada servirá que de aquí unos años un tribunal europeo acabe anulando la barrabasada jurídica que se está perpetrando, porque es obvio que la sentencia está ya decidida, y que cualquier otra cosa que pretenda buscar la verdad (como pasó en el esperpéntico juicio sobre la operación terrorista del 17 de agosto de 2017), se encontrará con el muro de un estado que pretende mantener intacto el edificio construido el 1939. Porque es obvio, analizando la crudeza de los hechos, que la sacrosanta Constitución es la continuación del franquismo por otros medios. O en términos menos clausewitzeans, que la orden franquista, con su sistema de castas, blindaje de responsabilidades y persecución de la disidencia social y nacional, permanece hoy vigente.
Adenda: corre un chiste entre juristas para categorizar las tradiciones jurídicas europeas: para los británicos, todo aquello que no está expresamente prohibido, está permitido; para los alemanes, todo aquello que no está permitido, está prohibido; para los italianos, todo está permitido, especialmente el que está prohibido. Finalmente, en España, todo está prohibido, sobre todo aquello que está permitido.
https://elmon.cat/es/opinion/espanya-se-la-continuacio-del-franquismo-por-otros-medios-618217/
EL MÓN
