EL simposio de catedráticos de historia que ha abierto el año del tricentenario del 1714 provocó una breve pero intensa reacción de los de siempre, y algunos más, sobre todo por el título genérico: “España contra Catalunya”. El organizador y coordinador, Jaume Sobrequés, se adjudicó personalmente la autoría del enunciado provocador. Puede resultar útil recordar que Sobrequés, doctorado y catedrático en la materia, ha ostentado entre otros cargos el de director del Museo de la Historia de Catalunya, ha sido también directivo del Barça, senador en varias legislaturas por el Partido de los Socialistas catalanes (PSC), desde el 1977 miembro del Parlament, y de la ejecutiva de la misma formación hasta 2010, cuando decidió darse de baja directamente y recomendar el voto en las autonómicas para CiU.
Aparentemente, sin conocer el contenido de las ponencias, el rechazo español al congreso fue radical y extremo. Rosa Díez, ignorando las advertencias europeas, volvió a calificar a sus participantes de nazis. Y Alicia Sánchez Camacho, al parecer aliviada por el archivo del caso del espionaje en el restaurante La Camarga, envió el caso a la fiscalía y anunció que organizaría un “foro de la verdad” para demostrar “las mentiras” expuestas.
Lo cierto es que los datos objetivos avalan el memorial de agravios de las autoridades españolas al Principat. En el siglo XVIII, el Edicto de Nueva Planta del Borbón Felipe V que quiso borrar todas las instituciones, rasgos de identidad y lengua. En el XIX, la división artificial en “provincias” de Isabel II. En el XX, basta con citar el nombre de Franco. Y según avanza el XXI, la continuidad del expolio fiscal y la secuencia de recentralizaciones como las incluidas en la ley Wert, o la pretensión de eliminar instituciones propias de la Generalitat “para ahorrar”, sin desdeñar que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha criticado el traspaso de las competencias de Educación a las autonomías y ha abogado por su recuperación por parte del Estado.
Claro que el ruido por el simposio se ha diluido con un azucarillo ante el acuerdo -por el que muchos no apostaban ni un céntimo- entre CiU, Esquerra, Iniciativa-verds-IU y la CUP sobre la pregunta doble y la fecha para la consulta soberanista, ya conocidas. Rajoy ya había dicho “ni quiero, ni puedo” autorizarla (obsérvese el orden de los verbos utilizados). Naturalmente, a la vista de la cohesión, que probablemente no esperaba, ha añadido que la votación “no se va a celebrar” y que “la indisoluble unidad de la nación española” está fuera de toda discusión y negociación.
Alfredo Pérez Rubalcaba no se ha quedado atrás. Más aún, se ha añadido a los que disparan contra el president -“Mas está llevando a Catalunya a un callejón sin salida”- y su razón contra el derecho a decidir: “Esconde un referéndum de autodeterminación” ¿Esconde? Difícilmente se puede decir así, a la vista de la doble pregunta. Ya dijo Duran i Lleida en una oportunidad que PP y PSOE casi nunca se ponen de acuerdo… salvo cuando se trata de fastidiar a Catalunya. Bueno, no dijo exactamente fastidiar; fue más rotundo.
Fuera de la foto de los líderes de las formaciones que, desde posiciones tan diversas, han consensuado preguntas y fecha, el que queda descolgado es el secretario general del PSC, Pere Navarro, cada vez con más disidentes y más bajas en su formación. De hecho, se sitúa en la otra imagen, la de los unionistas, pese a no participar en las manifestaciones españolistas del 12-O y del 6-D.
La prensa internacional, de entrada, presentaba los hechos con bastante objetividad. Y algunos medios, del calado de la BBC, ya añadían la reacción. “Spain to block Catalonia referendum”. Y de ridículo en ridículo, el todavía presidente del gobierno del Estado no tenía mejor comentario antes los micrófonos, en el homenaje mundial a Mandela, que su satisfacción de volver al estadio donde España se había proclamado campeona del mundo de fútbol y que el mítico Madiba habría conseguido la concordia y la unión de todos los españoles en España. Dudoso. Especialmente dudoso si hubiera sido catalán. Ya hace muchos años, Juan Mari Bandrés repetía ante los periodistas la frase escuchada a un político de Unió al inicio de la transición: “Y pensar que si fuéramos negros seríamos independientes…”.
Rajoy también, ya en La Moncloa, se refería a los protagonistas del acuerdo como “algunos partidos catalanes”. Es la eterna actitud de restar importancia a la avalancha en que la sociedad ha arrastrado a formaciones hasta ayer por la tarde nada independentistas y de minusvalorar a quienes han actuado en consecuencias. Por “algunos” se refiere a cuatro de las fuerzas parlamentarias, que suman un total de 87 escaños, con una mayoría que raya los dos tercios de la cámara (64,4%).
Ahora sí, Artur Mas acierta con retraso cuando decía que la cosa (el proceso soberanista) “no ha hecho más que empezar”. El intento, casi seguramente condenado al fracaso, de hacer cambiar de opinión a los estatalistas en el Estado, empezará presentando una proposición de ley orgánica para la cesión de la competencia de convocar referéndums a la Generalitat, amparada en el artículo 150.2 de la Constitución, que se utilizó para ceder la facultad en materia de seguridad y crear el cuerpo de los Mossos d’Esquadra. Alguien ya ha titulado al respecto que Mas correrá la misma suerte que Ibarretxe en el Congreso de los diputados. Para empezar. La siguiente alternativa, o maniobra, es la aprobación de la ley de consultas propia, en trámite en el Parlament, contra la cual ya han anunciado recurso de inconstitucionalidad antes de existir.
Es probable que la llamada a las urnas se haga imposible a finales del año que viene. Pero no por quitar la palabra a nadie, y menos a un pueblo, se le priva de la razón. Las negativas previstas son cargas de razones ante el mundo. La aceptación inicial por parte de Oriol Junqueras, de incorporar a su formación republicana al Govern y de negociar una candidatura conjunta y soberanista para ir al Parlamento de Estrasburgo en las próximas europeas todavía no se ven demasiado probables. Más o menos, con las mismas probabilidades que se preveían para consensuar la fecha y el texto de la consulta.
Deia
