El Ministerio Fiscal español se ha vuelto a descolgar en su memoria anual consolidando en el apartado de “terrorismo nacional” lo que podría ser todo el independentismo catalán en ciernes. Para dar cuerpo a la argucia, se sacan de la manga la denominación “Moviment Violent Independentista Català”, poniendo los CDR y el Tsunami Democrático a la altura de abreviaturas clásicas como las de ETA, los GRAPO, o hasta el DAESH de el apartado de internacional. De la relación de acciones (1) que nos hacen merecer el grado, en el top 3 tenemos “manifestación ilegal” con 11 atentados, “quema de símbolos” con 10, y “colocación de pancartas” con 8. Les sigue un epígrafe tan elocuente que casi lo explica todo: “daños a símbolos franquistas” –gloria eterna en el MVIC–, con 7 modestísimas perpetraciones.
Pongámonos ahora un poco serios, porque el sentido del humor de la fiscalía española, la que depende de tal y tal, pone muchas vidas en juego, dando la vuelta al relato de quién es el verdadero agente del terror en esta historia. El caso de los Carrasco, Tamara y Adrià, que empezaba hace cinco años, es paradigmático y un compendio de avisos a navegantes. La obsesión por vincular el independentismo con el terrorismo, que les es tan fácil como teclearlo con dos dedos, nace con el objetivo de privarnos del derecho a ser juzgados en casa –no sea que nos tocara algún juez incontrolado que no se tragara las fantasías de los atestados–, separando a los acusados de las propias familias para entregarlos a las garras de la siniestra Audiencia Nacional. Así, desde el extremo más retorcido, se aseguran de procurarte el calvario más largo, penoso y dispendioso posible hasta derribar una acusación que sólo se puede sostener durante un tiempo limitado. Que nos lo cuenten los chicos de la operación Judas, que empezaron aislados como terroristas y acabaron con la misma AN reconociendo que «no hay ningún hecho delictivo concreto» en la investigación. «El mal ya está hecho», es el terror.
Incluir el independentismo en la casilla del terrorismo es la guinda de la operación que empezó calificando estratégicamente de “tumultuaria” una concentración de padres y niños, y después ya sólo hubo que ir escalando el vocabulario. Hasta los violentos que se vanagloriaban de ser «la tormenta» tuvieron la picardía de declarar bajo juramento que lo que les habíamos hecho vivir en Cataluña había sido mucho peor que los años más convulsos del País Vasco, demostrando que la unidad de España no sólo está por encima de la verdad, sino del sentido del ridículo más elemental.
Se dirá, y los que tienen una venda en el ojo ya lo han intentado, que el anuario habla de “movimiento violento” y que, por tanto, los que nos portamos bien y no sacamos la minifalda del armario no debemos temer por nada. Un discurso al que el fraternalismo nos tiene bastante acostumbrados, cuando justamente el “no tener que temer nada” sólo responde al chantaje de tenerlo que temer todo, que es lo que uno puede esperar de la arbitrariedad policial-judicial española. Que levante la mano el indepe que no ha participado aunque sea en un “atentado” de la temible lista de la fiscalía. Servidora es parte de los cientos de miles que, como mínimo, puedo acusarme de un par.
Si una acción tan de primero de protesta como cortar una carretera o participar en una mani “ilegal” me hace acusable de terrorismo, a diferencia de un taxista metropolitano o un minero asturiano –aquí se iluminan las tres letras de GOI (Grupor Objetivamente Identificable) con neón fosforescente–, es que soy una terrorista a la que simplemente no le han venido a buscar. Todavía. Porque la tropa no sabemos cuánto durará ese aturdimiento superficial –por dentro somos Urquinaones en llamas– desde que las instituciones abandonaron abiertamente el deber de protegernos y nuestros representantes convirtieron en inútil el sacrificio de poner la cara por ellos.
Todo esto no tendría más importancia considerando que el Estado español sólo se sabe valer del terror para mantener su unidad sagrada. Porque es el terror de Estado, el artificio que sostiene los “cuatro años de paz” y sumando, que con tanta satisfacción se atribuye el gobierno más progresista de bla-bla. Y no tendría más importancia, tampoco, si no fuera porque una parte de los nuestros se han visto tentados de aceptar y participar en esta operación en los momentos clave, recordemos el episodio de los siete locos y derivados, reivindicándose como los indepes buenos en contraposición a los demás, los violentos, los alocados, en una precipitación servil que, si esperaban alguna propina a cambio, al menos la historia les juzgará, y si era por convicción sincera, también.
Porque ay, ayer, el brazo mediático del Estado anticipaba otra para recordarnos que para ellos no hay indepes “buenos”: dice que la Audiencia Nacional española, vía Guardia Civil, responsabiliza a “altos cargos de ‘ERC, el principal apoyo de coalición de Pedro Sánchez” [sic, porque vemos que su guerra ya ni va de nosotros] de las acciones del Tsunami Democrático. Entre ellas, la concentración en el aeropuerto y los cortes en La Jonquera que nos hicieron terroristas provisionales hasta que la acusación, que ya hemos dicho que no aguanta el tiempo, transmutó en sedición. Hoy, suprimida esta última del código penal, la AN promete sacar lustre de los “desórdenes públicos agravados”, el fruto del negocio de Robert y las cabras (2) que tanto nos han restregado los apologetas de la vía “pragmática” y el “principio de realidad”. Tantas lecciones, tanta base, tanta mesa; tanta comedia y tanta superioridad moral para llegar a donde estamos ahora. Yo, espectadora y terrorista a la vez, extraigo que dejarse utilizar a cambio de respirar no suele ser un buen plan. Al final, era el riesgo de querer ser los independentistas «buenos» a ojos del Estado: que acabaras cayendo en la trampa que tú mismo les has ayudado a preparar.
(1) IMAGEN/CUADRO: https://imatges.vilaweb.cat/nacional/wp-content/uploads/2023/04/Captura-de-Pantalla-2023-04-06-a-les-18.26.43-06162718-768×597.jpg
(2) https://www.aetic.es/robert-y-el-negocio-de-las-cabres/
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