Las democracias hoy no mueren habitualmente por golpes militares, sino socavadas desde dentro, utilizando t\u00e9cnicas en apariencia compatibles con el estado de derecho y con la democracia<\/p>\n
El 28 de julio de 2022, la mesa del Parlament de Catalunya acord\u00f3 la suspensi\u00f3n de la presidenta de la c\u00e1mara, Laura Borr\u00e0s, con los votos de ERC, PSC y la CUP, que votaron a favor de aplicar el art\u00edculo 25.4 del reglamento del parlament, que contempla la suspensi\u00f3n inmediata de los diputados cuando se abre un juicio oral por corrupci\u00f3n. Pese a que la suspensi\u00f3n de \u201ctodos los derechos y deberes\u201d se prev\u00e9 de forma provisional y temporal, hasta que concluya el proceso judicial, el acuerdo de la mesa tuvo consecuencias graves: desde entonces la presidenta del Parlament no ha podido votar ni representar a sus electores, ni ha percibido su sueldo. El juicio que se inicia estos d\u00edas en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a (TSJC) ha vuelto a evidenciar la divisi\u00f3n de los partidos pol\u00edticos independentistas en el frente antirrepresivo \u2013en este caso, sobre el significado y alcance de lo que debe considerarse represi\u00f3n estatal (por v\u00eda de los poderes ejecutivo y judicial, sobre todo), y en concreto con el uso de t\u00e9cnicas de guerra jur\u00eddica o ‘lawfare’-. En coherencia con su posici\u00f3n pol\u00edtica, ERC y la CUP no acompa\u00f1aron a la presidenta Borr\u00e0s a su llegada al TSJC y s\u00ed lo hizo Junts, el partido que preside Borr\u00e0s. Una vez m\u00e1s, la prensa y la opiniocracia que explotan las divisiones actuales en el independentismo han atribuido estas diferencias de posici\u00f3n a intereses pol\u00edticos o animosidades personales, pero en el trasfondo existe una controversia seria sobre la conceptualizaci\u00f3n y el alcance de lo que calificamos de represi\u00f3n y guerra jur\u00eddica (en este caso por v\u00eda judicial).<\/p>\n
D\u00e9jenme decir ante todo que no soy ni afiliada a Junts, ni simpatizante de propuestas de gobernanza asociadas a ejes de centro-derecha (ejes de justicia social, feminista o ecol\u00f3gica) que, en este mundo parad\u00f3jico de pol\u00edtica pragm\u00e1tica y compromisos l\u00edquidos con la ciudadan\u00eda f\u00e1cilmente reversibles apelando al \u00abrealismo\u00bb, asumen tambi\u00e9n las izquierdas. Pero s\u00ed que me preocupa la ambivalencia y la confusi\u00f3n que envuelve el concepto de guerra jur\u00eddica cuando se vincula a los derechos pol\u00edticos como derechos humanos esenciales en una democracia. Por eso, como expres\u00e9 el pasado julio en una reuni\u00f3n de gobierno del Consejo de la Rep\u00fablica, considero no s\u00f3lo que la decisi\u00f3n del Parlament de Catalunya es un error, sino que la interpretaci\u00f3n que se ha hecho del citado art\u00edculo del reglamento parlamentario es incompatible con el marco internacional de los derechos humanos pol\u00edticos. Por las potenciales implicaciones negativas para casos futuros de esta divisi\u00f3n de concepciones, quisiera aclarar esta posici\u00f3n con argumentos que reh\u00fayen el caso particular de la presidenta Borr\u00e0s y pretenden aclarar de qu\u00e9 hablamos cuando hablamos de ‘lawfare’ o guerra jur\u00eddica.<\/p>\n
En ‘How democracies die’ (2018), dos polit\u00f3logos de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, concluyen que las democracias hoy no mueren habitualmente por golpes militares, sino socavadas desde dentro, utilizando t\u00e9cnicas en apariencia compatibles con el estado de derecho y con la democracia. La transformaci\u00f3n hacia el autoritarismo a menudo se logra aplicando estrictamente est\u00e1ndares normativos criminalizadores de manera dirigida especialmente a deslegitimar o ilegalizar a la oposici\u00f3n pol\u00edtica. La democracia antiliberal de Viktor Orb\u00e1n en Hungr\u00eda se ha reafirmado aplicando normas en apariencia neutrales con esta finalidad contraria a su esp\u00edritu. Una de las observaciones clave de Levitsky y Ziblatt es que las tendencias autoritarias a menudo se identifican por comportamientos que llevan a subvertir la raz\u00f3n de ser de la legalidad existente, ya sea rechazando los resultados electorales, ya sea negando la legitimidad de la oposici\u00f3n pol\u00edtica, o criminaliz\u00e1ndola, o tolerando o promoviendo la violencia, la censura y la restricci\u00f3n de derechos. Las fuerzas pol\u00edticas antidemocr\u00e1ticas, por tanto, se infiltran en el sistema por medios aparente o formalmente legales. Es por eso que la autocracia y la ‘lawfare’ son dif\u00edciles de denunciar y combatir, especialmente cuando afectan a grupos estructuralmente subordinados o no representados en las instituciones que aplican estas t\u00e9cnicas o mecanismos. Llega un momento en que el sistema pol\u00edtico existente, sin haber dejado formalmente de ser una democracia, aparece desprovisto de garant\u00edas para los derechos humanos, especialmente para los derechos pol\u00edticos de los opositores, que comienzan a comportarse como si vivieran en una dictadura. Imbuidos por el miedo a la represi\u00f3n, se rinden, tratan de negociar con el opresor para minimizar los da\u00f1os, olvidando que existen ciertos principios innegociables que no se pueden sacrificar sin erosionar los pilares de la democracia. De hecho, llegan a considerar victorias las exculpaciones penales parciales o la retirada de cargos, abandonando ideas de inocencia, libertad y reparaciones. Si el opresor retira la amenaza, o en lugar de declararte inocente te indulta, y en lugar de repararte te dice que, si te portas bien y te callas, no te castigar\u00e1, ya se considera una victoria. La guerra jur\u00eddica en las trincheras judiciales que aplican el derecho penal del enemigo involucra una conquista de la mente de la v\u00edctima, que pasa a sentirse permanentemente amenazada y a convencerse de que no es \u00abrealista\u00bb cambiar el sistema. \u00c9ste es, en parte, el verdadero efecto de disuasi\u00f3n de la guerra jur\u00eddica: el famoso ‘chilling effect’.<\/p>\n
Junto con la propagaci\u00f3n de noticias falsas, la ‘lawfare’ es una de las principales estrategias represivas del Estado para combatir el movimiento independentista, reprimir el ejercicio del derecho de autodeterminaci\u00f3n e impedir la efectividad del mandato del 1-O. Consiste, esencialmente, en el uso de la ley y los procedimientos legales por parte de autoridades vinculadas al poder judicial para investigar o perseguir (de forma no neutral, sino pol\u00edticamente intencionada) a quien es declarado enemigo pol\u00edtico con el objetivo de eliminar la disidencia, el liderazgo o el pluralismo ideol\u00f3gico. Por tanto, el ordenamiento jur\u00eddico se manipula para dar apariencia de legalidad a la persecuci\u00f3n de opositores pol\u00edticos que, de hecho, son parte esencial del pluralismo democr\u00e1tico. El adversario a menudo es v\u00edctima de investigaciones judiciales prospectivas, encausado judicialmente con acusaciones fabricadas o agravadas con el fin de inhabilitarlo para el ejercicio de su cargo pol\u00edtico o con fines electoralistas. La guerra jur\u00eddica es incompatible con la democracia y los derechos, porque se basa en el abuso de los procedimientos legales y la subversi\u00f3n de la moralidad pol\u00edtica subyacente a la noci\u00f3n de estado de derecho para conseguir fines pol\u00edticos ileg\u00edtimos. Es, por tanto, lo contrario de la b\u00fasqueda de la verdad y de la justicia. Adem\u00e1s, la presentaci\u00f3n de demandas o las imputaciones sin pruebas tiene por objetivo intimidar y frustrar los objetivos de los adversarios pol\u00edticos y desincentivar indirectamente la emergencia de nuevos liderazgos promoviendo el miedo. De hecho, la ‘lawfare’ utiliza la apariencia de instituciones democr\u00e1ticas para subvertirlas y debilitarlas desde ‘dentro’. Utilizando una analog\u00eda biol\u00f3gica, es un tumor que hace peligrar todo el sistema democr\u00e1tico contra el que es necesario reforzar los elementos de prevenci\u00f3n y combate.<\/p>\n
En Catalu\u00f1a, la criminalizaci\u00f3n del derecho de protesta, de la libertad ideol\u00f3gica y de expresi\u00f3n, la vulneraci\u00f3n de los derechos de los electores impidiendo la efectividad de los resultados electorales y la investidura de candidatos a la presidencia que han ganado las elecciones democr\u00e1ticamente, el espionaje en masa y las suspensiones de representantes independentistas constituyen elementos asociados a la guerra jur\u00eddica en formato de guerra judicial en un contexto en el que la defensa pacifica del derecho colectivo a la autodeterminaci\u00f3n se considera una amenaza a la \u00abseguridad\u00bb o \u00abunidad\u00bb e \u201cintegridad territorial\u201d del Estado.<\/p>\n
A pesar de los anuncios de desjudicializaci\u00f3n y de reconocimiento del conflicto pol\u00edtico, la realidad es que el Estado espa\u00f1ol est\u00e1 lejos de detener su proyecto represivo fundamentado en el no reconocimiento de la existencia de nuestro pueblo como sujeto de derechos y en \u00e9sta visi\u00f3n del movimiento independentista como enemigo a batir por todos los medios posibles (incluyendo estrategias de ‘lawfare’). En el escenario presente, una norma que podr\u00eda tener sentido en un contexto de plena democracia, como el art\u00edculo 25.4 del reglamento del parlament, puede convertirse f\u00e1cilmente en un instrumento al servicio de la eficacia represiva del Estado porque conduce a una aplicaci\u00f3n casi autom\u00e1tica de las decisiones judiciales. En el caso de la presidenta Laura Borr\u00e0s, el razonamiento que motiva el apoyo limitado de partidos y entidades independentistas, y que caus\u00f3 la suspensi\u00f3n de sus derechos pol\u00edticos, es la idea de que no es (judicialmente) perseguida judicialmente por razones ‘directamente’ relacionadas con su condici\u00f3n de l\u00edder o representante del movimiento independentista (o del ejercicio de derechos), sino que las acusaciones se vinculan a \u201ccorrupci\u00f3n\u201d \u2013se refieren a presuntas irregularidades en la contrataci\u00f3n cuando dirig\u00eda la Instituci\u00f3n de las Letras Catalanas ( ILC).<\/p>\n
Sin embargo, en un contexto como el actual, de represi\u00f3n estatal por las v\u00edas ejecutiva y judicial, sobre todo, lo relevante es no el ‘objeto’ de persecuci\u00f3n (el delito concreto que se imputa), ni el ‘tiempo’ en que las acciones presuntamente criminales sucedieron, sino la motivaci\u00f3n no imparcial de investigaciones prospectivas (‘targeted investigations’, en ingl\u00e9s), o escrutinio y persecuci\u00f3n judicial intensos contra una persona determinada, precisamente porque ocupa la posici\u00f3n que ocupa, porque es quien es (sobre todo, en el caso de personas que han demostrado una capacidad de liderazgo que las presentan como un \u201criesgo\u201d en el discurso general de amenaza para el Estado). Como anunci\u00f3 S\u00e1enz de Santamar\u00eda a\u00f1os atr\u00e1s, es necesario decapitar el movimiento pol\u00edtico, y hay que hacerlo, como otros dirigentes pol\u00edticos espa\u00f1oles del PSOE y del PP han declarado p\u00fablicamente, con todos los medios necesarios. En este contexto de poder judicial politizado y de pr\u00e1cticas generalizadas de guerra jur\u00eddica, de emergencia por los derechos humanos pol\u00edticos y la democracia en Catalu\u00f1a, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de la norma reglamentaria prevista en el citado art\u00edculo 25.4, favorece, ‘de facto’, la efectividad de la ‘lawfare’ o guerra jur\u00eddica.<\/p>\n
\u00bfProduce alguna diferencia, o deber\u00eda producirla, la acusaci\u00f3n concreta de corrupci\u00f3n? Si observamos contextos similares veremos que las acusaciones de corrupci\u00f3n son muy efectivas para promover los objetivos de la ‘lawfare’. En un contexto de desprestigio y desconfianza crecientes hacia la clase pol\u00edtica, la corrupci\u00f3n erosiona la credibilidad y reputaci\u00f3n de los opositores pol\u00edticos. La dimensi\u00f3n m\u00e1s dif\u00edcil de esta evaluaci\u00f3n del componente de guerra jur\u00eddica en una causa judicial concreta es discernir y establecer la ‘intencionalidad’ en el uso de la corrupci\u00f3n. El concepto anglosaj\u00f3n de ‘weaponized corruption’ implica investigaciones proactivas, dirigidas (no anecd\u00f3ticas ni imparciales), calibradas arbitrariamente contra personas espec\u00edficas (generalmente, l\u00edderes sociales y pol\u00edticos en el punto de mira de los poderes establecidos), que utilizan deliberadamente categor\u00edas criminales como una herramienta para debilitar su reputaci\u00f3n, eliminar estos liderazgos y desestabilizar a determinados partidos pol\u00edticos o entidades civiles que representan.<\/p>\n
Aunque el t\u00e9rmino se acu\u00f1\u00f3 en el norte del planeta (Dunlap, 2001), el t\u00e9rmino ‘lawfare’ se escucha a menudo en los medios de comunicaci\u00f3n de Argentina, Brasil, Bolivia, Per\u00fa, Polonia, Hungr\u00eda, Turqu\u00eda, T\u00fanez y otros muchos pa\u00edses, en referencia a casos de corrupci\u00f3n que implican a l\u00edderes pol\u00edticos progresistas. Un ejemplo bien conocido: Fernando Haddad, el exalcalde de S\u00e3o Paulo y asociado al que entonces era candidato a la presidencia de Brasil, Luiz In\u00e1cio Lula da Silva, fue acusado de corrupci\u00f3n, blanqueamiento de capital y formaci\u00f3n de organizaci\u00f3n criminal. La fiscal\u00eda de S\u00e3o Paulo present\u00f3 los cargos siguiendo la recomendaci\u00f3n de miembros opositores del grupo de trabajo contra la formaci\u00f3n de c\u00e1rteles criminales y el blanqueamiento de capital. Los abogados de Haddad hicieron p\u00fablico un comunicado diciendo que no hab\u00eda fundamento alguno para la acusaci\u00f3n, que \u00e9l negaba categ\u00f3ricamente. M\u00e1s adelante, el fiscal del caso aleg\u00f3 que Haddad se hab\u00eda enriquecido con medios indirectos e il\u00edcitos derivados del pago de las deudas de su campa\u00f1a a la alcald\u00eda en 2012. Tambi\u00e9n fue acusado de faltas administrativas en relaci\u00f3n con una serie de irregularidades en la construcci\u00f3n de un carril bici en S\u00e3o Paulo, seg\u00fan UOL. La presidenta del Partido de los Trabajadores intervino y calific\u00f3 las acusaciones de noticias falsas, y Haddad neg\u00f3 todos los cargos. Hab\u00eda numerosos elementos que asociaban estos casos con la voluntad de incriminar y encarcelar a Luiz In\u00e1cio Lula da Silva, como acab\u00f3 ocurriendo (y el Tribunal Supremo Electoral de Brasil prohibi\u00f3 que Lula fuera candidato a las elecciones, cuando se presentaron cargos penales contra \u00e9l). Concretamente, fue acusado de recibir un piso como parte de sobornos a cambio de adjudicar contratos a empresas de construcci\u00f3n.<\/p>\n
Estos casos revelan un uso manipulador de la ley que distorsiona su sentido de \u201cgeneralidad\u201d e \u201cigualdad en su aplicaci\u00f3n\u201d, para generar una cr\u00edtica social y moral, y conformar la psicolog\u00eda de la animadversi\u00f3n contra determinados liderazgos. La manipulaci\u00f3n de los casos por parte de los medios de comunicaci\u00f3n tambi\u00e9n amplifica los efectos de esta estrategia b\u00e9lica contra los opositores pol\u00edticos redefinidos como \u201cenemigos\u201d (en Am\u00e9rica Latina suelen ser los l\u00edderes progresistas que se oponen a la agenda neoliberal y promueven pol\u00edticas de justicia social y ecol\u00f3gica, o defienden el derecho a la tierra y los derechos ind\u00edgenas). La falsa pretensi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n rigurosa del estado de derecho (en realidad, sesgada) con objetivos de deslegitimaci\u00f3n de la reputaci\u00f3n y de criminalizaci\u00f3n de disidentes sustituye cada vez m\u00e1s el papel de los golpes de estado militares contra estos gobiernos o candidatos populares capaces de oponerse y organizar la resistencia contra el neocapitalismo y los poderes econ\u00f3micos globales. En palabras de Rafael Bielsa y Pedro Peretti, \u201dEl poder real ya no necesita [dictadores militares como] Jorge Rafael Videla (1925\u20132013) o Humberto de Alencar Castelo Branco (1897\u20131967) [\u2026]. Ahora son suplantados por jueces\u201d.<\/p>\n
La guerra jur\u00eddica tambi\u00e9n se apoya, para ser efectiva, en una guerra psicol\u00f3gica que refuerza las divisiones entre los l\u00edderes y partidos pol\u00edticos existentes que compiten por un mismo electorado. Sobre todo porque no hay maneras claras de defenderse contra acusaciones graves con implicaciones criminales en un contexto en el que el poder est\u00e1 exento de controles democr\u00e1ticos, y jueces y fiscales dif\u00edcilmente pueden considerarse \u00abimparciales\u00bb en un contexto de judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica donde ellos no responden ante nadie. Los procesos formales de criminalizaci\u00f3n no son, por tanto, neutrales, sino que son el instrumento para alcanzar objetivos \u201cde estado\u201d. La agenda anticorrupci\u00f3n es ficticia y arbitraria, pero, como vemos en el caso de la presidenta Borr\u00e0s, gana la adhesi\u00f3n de sectores que eval\u00faan el caso en abstracto, como si se situara al margen de la guerra global.<\/p>\n
Un aspecto crucial que a menudo se pierde de vista es el sesgo en la selectividad penal, que opera doblemente en relaci\u00f3n a los delitos ordinarios. Por un lado, las leyes, la polic\u00eda y el sistema judicial tienden a \u201csobrecriminalizar\u201d a los miembros de los grupos que se quieren combatir o que son discriminados sistem\u00e1ticamente (tambi\u00e9n ocurre con los negros en EE.UU., por ejemplo, que son acusados \u200b\u200be incriminados mucho m\u00e1s intensa que los blancos). Por otro lado, el mecanismo selectivo implica que estas mismas medidas legales y judiciales no se aplican a los poderosos, aunque los delitos que cometen sean mucho m\u00e1s nocivos y de gran impacto social (basta con ver la impunidad que tienen los m\u00e1s poderosos en casos de corrupci\u00f3n real, en los que ha habido enriquecimiento). As\u00ed pues, la ‘lawfare’ tambi\u00e9n se refleja en esta modalidad espec\u00edfica de selectividad penal que manipula la generalidad y la universalidad en la aplicaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas. Volviendo a Brasil, en la \u201csobrecriminalizaci\u00f3n\u201d que caracteriz\u00f3 la persecuci\u00f3n de Lula da Silva, la acusaci\u00f3n era vaga, se vulneraron derechos constitucionales (se utilizaron escuchas ilegales y espionaje) y la sentencia se basaba en pruebas deficientes e incriminaciones interesadas evaluadas arbitrariamente \u2013el juez, de hecho, declar\u00f3 que no ten\u00eda pruebas suficientes, pero que estaba \u201cconvencido\u201d de que Lula era culpable. En el contexto de polarizaci\u00f3n social existente, se utilizaron las redes y medios de comunicaci\u00f3n para potenciar la acusaci\u00f3n, a fin de desprestigiar su imagen y su carrera pol\u00edtica. La sentencia se utiliz\u00f3 para inhabilitar a Lula para participar en la pol\u00edtica y privarle de libertad mediante la prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n
La guerra jur\u00eddica tambi\u00e9n tiene efectos diferenciados por cuestiones de status social, raza y g\u00e9nero. En este sentido, la sobrecriminalizaci\u00f3n suele funcionar de forma m\u00e1s efectiva, por ejemplo, para un pobre que para un rico, para un ind\u00edgena que para un blanco. Ciertamente, el encarcelamiento de mujeres no es tan frecuente, pero la imagen de las mujeres pol\u00edticas es sometida a otros muchos controles sociales (no s\u00f3lo al ejercido por el derecho penal). Las mujeres l\u00edderes empoderadas e influyentes que superan los estereotipos de g\u00e9nero y ocupan sitios importantes tradicionalmente reservados a los hombres sufren mucho m\u00e1s el descr\u00e9dito de su liderazgo y los ataques de reputaci\u00f3n personales basados \u200b\u200ben el control de la esfera privada, la valoraci\u00f3n del rol de madre o las amenazas a la intimidad o preferencias sexuales.<\/p>\n
En definitiva, volviendo al caso de la presidenta Borr\u00e0s, en este contexto de ‘lawfare’ generalizado, criminalizaci\u00f3n del independentismo y riesgo para los derechos humanos fundamentales, especialmente para los derechos pol\u00edticos, la carga de la prueba deber\u00eda recaer en el Estado. La presunci\u00f3n de inocencia tiene mucho m\u00e1s valor cuando tenemos razones de sobra para desconfiar de la motivaci\u00f3n y cimientos de cualquier imputaci\u00f3n criminal contra un representante independentista. No s\u00f3lo est\u00e1n en juego los derechos de los representantes, sino tambi\u00e9n los derechos de los electores en este uso ileg\u00edtimo y manipulador de la ley por parte del poder judicial sin ning\u00fan mecanismo de responsabilidad social ni democr\u00e1tica. La guerra legal, al fin y al cabo, persigue la \u00abmuerte legal\u00bb del oponente pol\u00edtico (los golpes militares persegu\u00edan la destrucci\u00f3n f\u00edsica de los disidentes). Solo podemos concluir que no hay guerra jur\u00eddica cuando podemos afirmar que se persigue judicialmente a todos de la misma manera, con la misma motivaci\u00f3n no discriminatoria por el hecho de formar parte de un grupo objetivamente identificado (para utilizar el t\u00e9rmino del Tribunal de Justicia de la UE). \u00bfPodemos afirmarlo en este caso, de forma suficientemente segura como para que la presunci\u00f3n de inocencia se subvierta antes de una sentencia firme y se suspendan todos los derechos pol\u00edticos de la presidenta Borras? Yo, sinceramente, creo que no. Dir\u00eda exactamente eso mismo si la acusada fuese la diputada Vilalta.<\/p>\n
Por eso, el art\u00edculo 25.4 es dudosamente compatible con los derechos humanos pol\u00edticos. La raz\u00f3n es evidente: ser\u00eda muy f\u00e1cil eliminar la disidencia pol\u00edtica y los derechos de las minor\u00edas parlamentarias con una simple acusaci\u00f3n de corrupci\u00f3n. Por eso, las instituciones y tribunales internacionales de defensa de los derechos pol\u00edticos consideran que es necesaria una sentencia firme para inhabilitar a un diputado por el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Esto es expl\u00edcito en el art\u00edculo 23 p\u00e1rrafo 2 de la convenci\u00f3n americana de derechos humanos que exige una sentencia por un tribunal competente en un procedimiento penal. Nico Krisch, como abogado en el procedimiento ante el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de la ONU contra Espa\u00f1a en la demanda presentada el 18 de diciembre de 2018 por Oriol Junqueras, Ra\u00fcl Romeva, Josep Rull y Jordi Turull (caso 3297\/2019), lo record\u00f3 en el comit\u00e9. La Convenci\u00f3n Europea no dispone de ninguna provisi\u00f3n tan expl\u00edcita, pero el Comit\u00e9 de Derechos Humanos, en su decisi\u00f3n del 30 de agosto de 2022, considera que Espa\u00f1a vulner\u00f3 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos de 1966 cuando suspendi\u00f3 a los cuatro dirigentes independentistas catalanes de su cargo como diputados en el parlamento catal\u00e1n. El comit\u00e9 subraya que este derecho \u00abconstituye la esencia del gobierno democr\u00e1tico\u00bb y, aunque reconoce que puede haber ciertas limitaciones, considera que la grave restricci\u00f3n impuesta por la justicia espa\u00f1ola era injustificada. Cito: \u201cLa decisi\u00f3n de acusar a los autores del delito de rebeli\u00f3n que comport\u00f3 autom\u00e1ticamente la suspensi\u00f3n de sus funciones p\u00fablicas antes de una condena penal\u201d incumple los requisitos del pacto; en concreto, estas restricciones del ejercicio de funciones de representatividad p\u00fablica deben basarse en disposiciones legislativas \u201cque sean razonables y objetivas\u201d. La decisi\u00f3n enfatiza que para \u201clas suspensiones de funciones p\u00fablicas impuestas antes de la existencia de una condena, los est\u00e1ndares necesarios para la compatibilidad de estas suspensiones con el Pacto son, en principio, m\u00e1s estrictos que los que se aplican despu\u00e9s de la existencia de una condena\u201d. El art\u00edculo del reglamento del parlamento que permiti\u00f3 la suspensi\u00f3n autom\u00e1tica de la presidenta Borr\u00e0s es, en mi opini\u00f3n, incompatible con los est\u00e1ndares de protecci\u00f3n internacional establecidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos. Y el caso, un caso de ‘lawfare’ por las razones expuestas.<\/p>\n
*Catedr\u00e1tica de derechos humanos en el Graduate Institute of International and Development Studies, Ginebra.<\/p>\n
VILAWEB<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Las democracias hoy no mueren habitualmente por golpes militares, sino socavadas desde dentro, utilizando t\u00e9cnicas en apariencia compatibles con el estado de derecho y con la democracia El 28 de julio de 2022, la mesa del Parlament de Catalunya acord\u00f3 la suspensi\u00f3n de la presidenta de la c\u00e1mara, Laura Borr\u00e0s, con los votos de ERC, […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":57022,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[],"class_list":["post-57021","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-eztabaida"],"yoast_head":"\n