\u00abThe Constitution is not a straitjacket\u00bb (La Constituci\u00f3n no es una camisa de fuerza). Esto lo escribe el Tribunal Supremo de Canad\u00e1 en el dictamen sobre la legitimidad y legalidad de la secesi\u00f3n de Quebec -‘Reference Re Secession of Quebec’ (1), 1998, par. 150-. El derecho a realizar cambios constitucionales \u2013sigue diciendo\u2013 implica el deber de los dem\u00e1s participantes a involucrarse en el proceso de estos posibles cambios. En caso de que exista una mayor\u00eda clara en Quebec, respondiendo a una pregunta clara sobre la secesi\u00f3n, existe una legitimidad democr\u00e1tica que los dem\u00e1s miembros de la federaci\u00f3n tendr\u00e1n que reconocer. El Tribunal no fija porcentajes sobre la mayor\u00eda requerida al considerar que se trata de una cuesti\u00f3n pol\u00edtica, no jur\u00eddica.<\/p>\n
De acuerdo con estas premisas, la Constituci\u00f3n canadiense no es, efectivamente, una \u00abcamisa de fuerza\u00bb. El Tribunal emplea principios no escritos en el texto constitucional para evitar el bloqueo de un tema fundamental para la legitimidad de la federaci\u00f3n. Menciona cuatro principios, ninguno de los cuales es jer\u00e1rquicamente superior a los dem\u00e1s: federalismo, democracia, estado de derecho (constitucionalismo) y protecci\u00f3n de las minor\u00edas. Se trata de un an\u00e1lisis que huye del nacionalismo de estado como legitimaci\u00f3n de una unidad coactivamente indisoluble (tambi\u00e9n huye del nacionalismo quebequ\u00e9s como fuente de una secesi\u00f3n unilateral). Se trata de una lectura flexible del derecho basada en la perspectiva te\u00f3rica del \u201cpluralismo de valores\u201d de Isaiah Berlin, y de la asunci\u00f3n emp\u00edrica de que existe un tema de \u201cdiversidad profunda\u201d (Ch. Taylor) para resolver civilizadamente. Se entiende que en una democracia el derecho debe formar parte de las soluciones de conflictos pol\u00edticos y no formar parte de los problemas.<\/p>\n
Este camino de reconciliaci\u00f3n establecido por el Tribunal Supremo ha quedado posteriormente da\u00f1ado por la mal llamada ‘Ley de Claridad’ (2000) aprobada por el Parlamento central. Se trata de una ley confusa, pese a su nombre, que da a las instancias centrales la capacidad de decidir unilateralmente si la pregunta y la mayor\u00eda favorable al s\u00ed son \u00abclaras\u00bb, despu\u00e9s, no antes, de que se haga la consulta (!). Naturalmente, Quebec no ha aceptado esta ley, y ha aprobado una alternativa, apoyada por todos los partidos del Parlamento, en la que fija la mayor\u00eda en un 50% m\u00e1s el voto de los emitidos. La clase pol\u00edtica unionista ha dilapidado la modernidad del dictamen del Supremo. En caso de que hubiera un tercer refer\u00e9ndum no existen reglas claras sobre el procedimiento a seguir.<\/p>\n
La diferencia en el tono y contenido de las disposiciones del tribunal canadiense y de sus hom\u00f3logos espa\u00f1oles resulta insultante en t\u00e9rminos liberales y democr\u00e1ticos. Pese a ser decisiones jur\u00eddicas distintas, un dictamen y una sentencia, un ejercicio para los estudiantes de las facultades de derecho ser\u00eda comparar el dictamen canadiense con la sentencia del Tribunal Supremo espa\u00f1ol sobre los presos pol\u00edticos catalanes independentistas. Comparar los lenguajes empleados (principales conceptos legitimadores, uso de adjetivos y adverbios), los objetivos pol\u00edticos subyacentes, la actitud ante la reivindicaci\u00f3n de la secesi\u00f3n, la concepci\u00f3n de los derechos y libertades, la democracia, la territorialidad, las minor\u00edas nacionales, la funci\u00f3n del derecho, etc. El dictamen canadiense entiende un problema y quiere resolverlo; la sentencia espa\u00f1ola no quiere entender un problema y lleva a cabo su venganza en una pantomima de juicio. La diferencia resulta abismal.<\/p>\n
En el tema nacional-territorial, la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola s\u00ed se ha convertido en una \u201ccamisa de fuerza\u201d. Ni resulta reformable en t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, ni ampara la reivindicaci\u00f3n de colectividades nacionales comparables a Quebec, como Catalu\u00f1a y Pa\u00eds Vasco. El reconocimiento efectivo del pluralismo nacional y su acomodaci\u00f3n pol\u00edtica est\u00e1n simplemente ausentes de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola. Esto supone, adem\u00e1s de la voluntad de ignorar el conflicto de fondo, una deficiencia liberal y democr\u00e1tica estructural del sistema constitucional. Algunos cl\u00e1sicos contempor\u00e1neos ya dec\u00edan que cuando las Constituciones y las instituciones pol\u00edticas (jefes de estado, Parlamentos, tribunales) son poco congruentes con la sociedad en la que act\u00faan se van deslegitimando cada d\u00eda un poco m\u00e1s y se convierten para muchos ciudadanos en un \u201cmero trozo de papel\u201d que merece m\u00e1s rechazo que respeto. Especialmente si, como es el caso de buena parte de los ciudadanos de Catalu\u00f1a, el Estado ha dejado de ser un Estado de derecho. A nadie le gustan las camisas de fuerza. Si hoy se pusiera a referendo la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola, en Catalu\u00f1a previsiblemente ser\u00eda rechazada.<\/p>\n