La proposici\u00f3n de ley org\u00e1nica sobre la reforma de delitos penales que acaban de presentar el grupo parlamentario del PSOE y el grupo confederal de Unides Podem – En Com\u00fa Podem – Galicia en Com\u00fa merece unas primeras reflexiones. Especialmente por el hecho de ser un texto provisional que deber\u00e1 seguir el procedimiento habitual de enmiendas y transacciones parlamentarias.<\/p>\n
Hay que tener presente que se tratar\u00eda de una ley que despu\u00e9s ser\u00e1 interpretada en relaci\u00f3n a los casos concretos por parte de los fiscales y jueces, previsiblemente de los tribunales superiores. Una cuesti\u00f3n nada ajena a los operadores jur\u00eddicos de ese Estado, a sus interpretaciones habituales, y a sus culturas pol\u00edticas. En otras palabras, es necesario analizar la proposici\u00f3n de ley no en abstracto, sino en este contexto.<\/p>\n
Empezando por los aspectos formales, la proposici\u00f3n ocupa veinte p\u00e1ginas, de las cuales ocupa m\u00e1s la exposici\u00f3n de motivos (once) que el articulado (nueve), que incluye dos art\u00edculos y nueve disposiciones entre transitorias (tres) y finales (seis). La propuesta destaca as\u00ed la importancia que los redactores han querido dar a la justificaci\u00f3n de la propuesta.<\/p>\n
La proposici\u00f3n recoge cambios en el C\u00f3digo Penal que afectan a delitos contra cuestiones muy diferentes entre s\u00ed (el t\u00edtulo de la proposici\u00f3n de ley ocupa cuatro l\u00edneas): contrabando de armas, eurodelitos, delitos inform\u00e1ticos, fraude y falsificaci\u00f3n de monedas, monedas virtuales, contra la integridad moral (ocultaci\u00f3n de cad\u00e1veres), blanqueo de capitales, ciberdelitos, abuso del mercado, etc., junto a los cambios relacionados con el actual delito de sedici\u00f3n.<\/p>\n
Las v\u00edas de legitimaci\u00f3n insisten de forma reiterada en: a) su \u00abmodernidad\u00bb, b) una \u00abclaridad que evite problemas de interpretaci\u00f3n y obsolescencia\u00bb de las normas actuales, y c) una adaptaci\u00f3n a la normatividad europea. Veamos si la argumentaci\u00f3n es convincente en cuanto a la reforma de la sedici\u00f3n:<\/p>\n
1. El texto opta por la subsunci\u00f3n de la sedici\u00f3n en los llamados \u00abdelitos contra el orden p\u00fablico\u00bb del C\u00f3digo Penal. Sin embargo, en este sentido se dice expl\u00edcitamente que la reciente aplicaci\u00f3n del delito de sedici\u00f3n (por el Tribunal Supremo en relaci\u00f3n con los presos pol\u00edticos independentistas) ha \u201cpermitido establecer criterios interpretativos […]\u201d y que estos \u201cse ven reflejados en esta reforma\u201d [sic], dicho as\u00ed, tal y como se lee.<\/p>\n
2. Se hace menci\u00f3n a que la comisi\u00f3n de este delito puede estar vinculada al ejercicio de derechos y libertades \u2013derecho de reuni\u00f3n, libertad de expresi\u00f3n\u2013 (llama la atenci\u00f3n que no se mencione el derecho de manifestaci\u00f3n), pero la reforma hace de la protecci\u00f3n del orden p\u00fablico el ‘leitmotiv’ de la reforma. Siguiendo las huellas de la sentencia del Supremo, los derechos y libertades se mencionan pero no constituyen la columna vertebral en la regulaci\u00f3n de estos delitos, en contraste con la pr\u00e1ctica pol\u00edtica y judicial de las democracias europeas. Se habla de \u00abcomportamientos antijur\u00eddicos\u00bb [sic] destinados a \u00abperjudicar la convivencia o poner en peligro la paz y la tranquilidad p\u00fablicas\u00bb. No se trata, como se ve, de una ret\u00f3rica que ejemplifique precisamente la claridad. Por tanto, el margen interpretativo de los tribunales sigue siendo muy considerable.<\/p>\n
3. En la consideraci\u00f3n de la modalidad \u201cagravada\u201d del delito de des\u00f3rdenes p\u00fablicos se se\u00f1ala que procede cuando lo comete \u201cuna multitud, cuyas caracter\u00edsticas (n\u00famero, organizaci\u00f3n y finalidad) sean id\u00f3neas para afectar al normal funcionamiento de las instituciones y servicios p\u00fablicos\u201d, cuando el orden p\u00fablico \u201cse haya puesto en peligro\u201d y \u201cse vea objetivamente amenazado por multitudes [sic] constituidas para conseguir tal fin\u201d. De nuevo, nuevas fuentes de arbitrariedades judiciales interpretativas.<\/p>\n
4. Existe una rebaja cuantitativa de las penas de prisi\u00f3n y de inhabilitaci\u00f3n respecto al actual delito de sedici\u00f3n (de tres meses a tres a\u00f1os, o de tres a cinco a\u00f1os, modulado seg\u00fan si lo comete o no \u00abuna multitud\u00bb, especialmente si \u00abllevan instrumentos peligrosos\u00bb [sic]).<\/p>\n
5. Se penan tambi\u00e9n \u00abla provocaci\u00f3n, conspiraci\u00f3n y proposici\u00f3n de las conductas\u00bb relacionadas con los delitos contra el orden p\u00fablico. Otra fuente potencial de interpretaciones judiciales contrarias al ejercicio de los derechos fundamentales.<\/p>\n
6. Con las premisas anteriores, los derechos y libertades pueden ser f\u00e1cilmente vulnerados por los poderes p\u00fablicos. Los hechos de septiembre-octubre de 2017 siguen siendo delitos y pueden seguir interpret\u00e1ndose como hizo el Tribunal Supremo con su politizada y t\u00e9cnicamente deficiente sentencia de los presos pol\u00edticos catalanes.<\/p>\n
7. La reforma no incluye el delito de rebeli\u00f3n, que queda, por tanto, tal y como est\u00e1 ahora, y podr\u00eda dar pie a que comportamientos como los del a\u00f1o 2017 fueran juzgados como rebeli\u00f3n al no considerarse delitos contra el orden p\u00fablico. De hecho, en los pa\u00edses europeos existe un solo delito importante contra el orden constitucional equivalente a la rebeli\u00f3n, mientras que el delito de des\u00f3rdenes p\u00fablicos est\u00e1 supeditado al ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Un enfoque muy distinto.<\/p>\n
8. Por \u00faltimo, la propuesta puede afectar a la reducci\u00f3n de penas de los presos condenados, pero no a los exiliados, especialmente al president Puigdemont. Por el contrario, se pretende que la equiparaci\u00f3n con otros c\u00f3digos europeos permita el \u00e9xito futuro de las extradiciones que hasta ahora han fracasado en los tribunales europeos (y que afectan tambi\u00e9n a otros exiliados).<\/p>\n
La propuesta presentada en el Congreso no supone ninguna \u201cdesjudicializaci\u00f3n\u201d de la represi\u00f3n y del conflicto pol\u00edtico entre Catalu\u00f1a y el Estado espa\u00f1ol. Es necesario reformar el C\u00f3digo Penal. Pero es necesario hacerlo bien. La regulaci\u00f3n de los pretendidos delitos contra el orden p\u00fablico, tal y como est\u00e1 redactada la propuesta, colisiona gravemente con el ejercicio de derechos y libertades fundamentales. No es cierto que sea congruente con el enfoque jur\u00eddico de otras democracias europeas. Y se abre la puerta, dada su carencia de claridad, a las habituales interpretaciones sesgadas hacia el nacionalismo predemocr\u00e1tico de la c\u00fapula judicial espa\u00f1ola. Puede decirse que es una propuesta que refleja la falta de valent\u00eda del actual gobierno espa\u00f1ol. En el Congreso hay una mayor\u00eda para hacer mucho mejor las cosas.<\/p>\n
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