Ahora que inundaciones, incendios forestales, temperaturas r\u00e9cord y enfermedades zoon\u00f3ticas impiden ignorar la crisis clim\u00e1tica y ecol\u00f3gica, puede que el mundo est\u00e9 m\u00e1s cerca de coincidir en que los da\u00f1os graves al entorno natural no pueden ser un tema reservado a acuerdos de buena voluntad: tal vez corresponda tipificarlos como un delito internacional.<\/p>\n
La \u00faltima vez que se agreg\u00f3 una figura delictiva al derecho internacional fue tras la Segunda Guerra Mundial. Conforme a los estatutos de N\u00faremberg y Tokio, a los cr\u00edmenes de guerra y cr\u00edmenes contra la paz (\u00abguerra de agresi\u00f3n\u00bb) que ya exist\u00edan se les sum\u00f3 la figura de cr\u00edmenes contra la humanidad, consagr\u00e1ndose as\u00ed la idea de que existen ciertos actos que por su gravedad nos afectan a todos, independientemente de qui\u00e9n sea la v\u00edctima inmediata. Poco despu\u00e9s (1948), un nuevo tratado defini\u00f3 uno de esos cr\u00edmenes contra la humanidad: el genocidio.<\/p>\n
Puede que hoy seamos testigos de un momento equivalente en nuestra relaci\u00f3n con el medioambiente. El mes pasado, un variado panel independiente de juristas internacionales public\u00f3 el borrador de un proyecto que define el delito de \u00abecocidio\u00bb, con la propuesta de incluirlo en el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI). Las semejanzas son claras: tipificar el ecocidio como delito internacional es reconocer que provocar da\u00f1os graves al medioambiente es un crimen contra toda la humanidad, para el que ya no son suficientes normativas de estados individuales.<\/p>\n
El panel, del que formamos parte y que fue convocado por la Fundaci\u00f3n Stop Ecocidio, define el delito de ecocidio del siguiente modo: cualquier acto il\u00edcito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause da\u00f1os graves que sean extensos o duraderos al medioambiente.<\/p>\n
Para que el acto constituya delito se deben superar dos umbrales. El primero, que haya una probabilidad considerable de da\u00f1o grave (extenso o duradero) al medioambiente. La gravedad del da\u00f1o probable es condici\u00f3n necesaria en todas las circunstancias; y debe ser extenso (fuera de una zona geogr\u00e1fica limitada o de fronteras estatales, o con efectos sobre la totalidad de un ecosistema o un gran n\u00famero de personas) o duradero (imposible de revertir o reparar mediante la regeneraci\u00f3n natural en un plazo razonable). Esto permite incluir situaciones como la contaminaci\u00f3n t\u00f3xica de centros poblados (con muchas personas afectadas en un \u00e1rea geogr\u00e1fica relativamente limitada) o la destrucci\u00f3n de un ecosistema marino (donde el \u00e1rea afectada puede ser peque\u00f1a pero la p\u00e9rdida ser\u00e1 permanente).<\/p>\n
El segundo umbral exige que el da\u00f1o sea \u00abil\u00edcito o arbitrario\u00bb. En circunstancias ideales, las leyes nacionales proveer\u00e1n una protecci\u00f3n adecuada al medioambiente, y las violaciones de suma gravedad se considerar\u00e1n delitos internacionales. De esta parte se ocupa el t\u00e9rmino \u00abil\u00edcito\u00bb. Pero las leyes nacionales no son todas iguales, y el derecho ambiental internacional contiene pocas prohibiciones expl\u00edcitas. Adem\u00e1s, hay algunos actos legalmente permitidos que da\u00f1an el medioambiente pero son socialmente deseables: pi\u00e9nsese, por ejemplo, en proyectos impostergables de vivienda, transporte o infraestructura. En esos casos, el derecho ambiental internacional plantea a los estados una serie de principios a los que atenerse (sobre todo, el principio de desarrollo sostenible). El t\u00e9rmino \u00abarbitrario\u00bb en la definici\u00f3n de ecocidio cumple un prop\u00f3sito similar, ya que se refiere a actos que aunque est\u00e9n legalmente permitidos suponen una imprudencia temeraria en virtud del nivel excesivo de da\u00f1o probable.<\/p>\n
Para que se reconozca al ecocidio como delito internacional a la par del genocidio, los cr\u00edmenes contra la humanidad, los cr\u00edmenes de guerra y la guerra de agresi\u00f3n, se necesita el apoyo de al menos dos tercios de los estados miembros de la CPI (que hoy son 123 en total). Logrado eso, la definici\u00f3n entrar\u00e1 en vigor para cada estado que la ratifique. Las personas en puestos de responsabilidad cuyas acciones satisfagan la definici\u00f3n podr\u00e1n ser procesadas por la CPI o por cualquier tribunal nacional con jurisdicci\u00f3n, y condenadas a prisi\u00f3n en caso de hall\u00e1rselas culpables. Esto supone un gran cambio respecto del statu quo, donde muchos de los peores actos de destrucci\u00f3n ambiental a gran escala est\u00e1n exentos de sanciones penales, en el nivel internacional y a menudo tambi\u00e9n en el nacional: en la mayor\u00eda de las jurisdicciones, s\u00f3lo se prev\u00e9n para personas o corporaciones castigos financieros.<\/p>\n
En comparaci\u00f3n con la figura de genocidio o crimen de guerra, la criminalizaci\u00f3n del ecocidio puede tener m\u00e1s efecto disuasor, por tratarse en general de il\u00edcitos corporativos. Ya que el valor de las empresas depende en gran medida de su reputaci\u00f3n y de la confianza de los inversores, los directivos tienen mucho que perder si se los pusiera personalmente en el mismo banquillo que un criminal de guerra (la CPI juzga al delincuente individual, no a corporaciones). Incluso el riesgo de que parezca que se cometi\u00f3 un delito internacional puede alentar a la dirigencia corporativa a adoptar m\u00e9todos de operaci\u00f3n m\u00e1s seguros y sostenibles. Lo que se espera es que con la sola perspectiva de legislaci\u00f3n, el efecto disuasor funcionar\u00e1 mucho antes que la entrada en vigor de la ley misma.<\/p>\n
Por supuesto que habr\u00e1 que enfrentar una serie de obst\u00e1culos. La CPI ya navega aguas agitadas, y lo sucedido en Francia demuestra que las leyes nacionales contra el ecocidio pueden ser problem\u00e1ticas (la Ley de Clima y Resiliencia de 2021 que se aprob\u00f3 hace poco incluye un muy criticado debilitamiento del t\u00e9rmino).<\/p>\n
Pero es posible y necesario obtener un amplio apoyo internacional a la criminalizaci\u00f3n del ecocidio. Diversos gobiernos (entre ellos los de Vanuatu, las Maldivas, Francia, B\u00e9lgica, Finlandia, Espa\u00f1a, Canad\u00e1 y Luxemburgo) ya han manifestado inter\u00e9s en el tema. Y en varios pa\u00edses se han presentado mociones parlamentarias o proyectos de ley sobre la cuesti\u00f3n, entre ellos B\u00e9lgica, Portugal, Brasil, Francia, Bolivia, Bangladesh, el Reino Unido y Chile. No hay que esperar a una cat\u00e1strofe para que los pa\u00edses detengan el crimen internacional de nuestra era.<\/p>\n
Kate Mackintosh is Executive Director of the Promise Institute for Human Rights at the University of California, Los Angeles School of Law.<\/p>\n
Jojo Mehta, Co-Founder and Executive Director of Stop Ecocide International, is Chair of the Stop Ecocide Foundation.<\/p>\n
Richard Rogers, Founding Partner of Global Diligence LLP, is Executive Director of Climate Counsel.<\/p>\n
PROJECT-SYNDICATE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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