El Gobierno reconoce que las inscripciones eclesi\u00e1sticas pueden ser inconstitucionales pero no las anular\u00e1 y dejar\u00e1 que particulares y ayuntamientos litiguen con la Iglesia en los tribunales. Las asociaciones patrimonialistas sostienen que el Estado no puede eludir su responsabilidad en la recuperaci\u00f3n de cientos de bienes de dominio p\u00fablico.<\/p>\n
En el listado de los 34.961 bienes<\/strong> inmatriculados por los obispos entregado anteayer por el Gobierno<\/a> al Congreso de los Diputados, habr\u00e1 un buen n\u00famero que le pertenezcan con seguridad. Pero otros cientos, quiz\u00e1s miles, ser\u00e1n propiedad de particulares o forman parte del ingente legado cultural espa\u00f1ol<\/strong>. En contra del compromiso de Pedro S\u00e1nchez<\/a> contra\u00eddo en su investidura hace justo ahora un a\u00f1o, su Ejecutivo no impulsar\u00e1 ninguna reforma legislativa para anular las inscripciones eclesi\u00e1sticas, practicadas en virtud de un privilegio supuestamente inconstitucional<\/strong>, ni proteger\u00e1 por ley aquellos bienes de valor hist\u00f3rico que puedan ser categorizados como dominio p\u00fablico.<\/p>\n El Gobierno quiere dar carpetazo al controvertido esc\u00e1ndalo dejando en manos de particulares y ayuntamientos<\/strong> su eventual reclamaci\u00f3n ante los tribunales en procesos judiciales caros y tortuosos muy dif\u00edciles de sostener en el tiempo. Algunos monumentos de valor hist\u00f3rico ya han podido ser recuperados, gracias al voluntarismo de los alcaldes, pero otros muchos se quedar\u00e1n en manos de los obispos, aunque no tengan t\u00edtulos fehacientes de propiedad. Las asociaciones patrimonialistas sostienen que la privatizaci\u00f3n masiva<\/strong> de bienes es una cuesti\u00f3n de Estado porque se ha ejecutado en base a un mecanismo inconstitucional y afecta a bienes hist\u00f3ricos considerados de dominio p\u00fablico. En este reportaje identificamos diez ejemplos que podr\u00edan avalar esa hip\u00f3tesis.<\/p>\n Es el caso m\u00e1s reciente y uno de los m\u00e1s paradigm\u00e1ticos. Art\u00e1 es una peque\u00f1a localidad mallorquina<\/strong>. Casi por casualidad, el Ayuntamiento descubri\u00f3 en 2013 que las murallas de la fortaleza hist\u00f3rica, de origen medieval, hab\u00edan sido inmatriculadas por el obispo a su nombre. La muralla fue construida por el pueblo con fines defensivos y el Consistorio pagaba de forma regular su mantenimiento y restauraci\u00f3n durante siglos. El Obispado se neg\u00f3 a devolverla y oblig\u00f3 al Ayuntamiento a iniciar un pleito judicial que ha durado m\u00e1s de tres a\u00f1os<\/strong>. El Tribunal Supremo<\/a> le ha dado la raz\u00f3n al Ayuntamiento en enero pasado en una sentencia de singular trascendencia que reconoce la naturaleza p\u00fablica de bienes de uso general.<\/p>\n Gran parte de la arquitectura mud\u00e9jar aragonesa, algunos de cuyos monumentos han sido catalogados por la Unesco<\/strong>, fue privatizada por el Arzobispado. El caso m\u00e1s llamativo corresponde a la Iglesia monumental de San Juan de los Panetes<\/strong> en Zaragoza. El templo, que cuenta con una torre de estilo mud\u00e9jar, fue inmatriculado por la Iglesia en noviembre de 1989. Su inscripci\u00f3n est\u00e1 plagada de irregularidades<\/strong>. La primera es que fue registrada cuando la ley prohib\u00eda la inmatriculaci\u00f3n de templos de culto. El arzobispo no tuvo inconveniente en vulnerar la normativa ni el registrador puso objeci\u00f3n alguna. Lo escandaloso es que el monumento est\u00e1 catalogado como edificio perteneciente al Estado<\/a> desde 1933. El sorprendente descubrimiento se produjo gracias a una iniciativa del alcalde Pedro Santisteve<\/strong>, que se propuso al inicio de su mandato recuperar las joyas del patrimonio hist\u00f3rico zaragozano inmatriculado. Este caso evidencia que los monumentos religiosos no tienen por qu\u00e9 ser propiedad eclesi\u00e1stica y que hasta el Estado ignora qu\u00e9 bienes del legado cultural pueden ser de dominio p\u00fablico.<\/p>\n Una sentencia de 2017 reconoci\u00f3 que la hermosa ermita de Muskilda<\/strong>, una casa aleda\u00f1a y cinco huertas eran propiedad del patronato municipal y no del obispo, que las hab\u00eda inmatriculado en 1999. El fallo aval\u00f3 la documentaci\u00f3n presentada por el Ayuntamiento, que demostraba que el terreno sobre el que se asent\u00f3 la ermita y las fincas colindantes era comunal<\/strong> y su edificaci\u00f3n y mantenimiento hab\u00edan corrido a cargo del pueblo desde siglos atr\u00e1s. La sentencia de Ochagav\u00eda marc\u00f3 un precedente en la larga batalla que libran casi 200 ayuntamientos agrupados en la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro<\/a>, pionera en la denuncia de las inmatriculaciones eclesi\u00e1sticas.<\/p>\n Estamos ante un caso palmario de privatizaci\u00f3n del patrimonio hist\u00f3rico, seg\u00fan denuncia la coordinadora Recuperando<\/strong>. El conjunto monumental de bienes del arte prerrom\u00e1nico asturiano forma parte de un legado arquitect\u00f3nico homog\u00e9neo de edificios construidos por los reyes astures<\/strong> y su n\u00facleo de poder entre los siglos VIII y X. Aunque se trata de templos cat\u00f3licos en su mayor\u00eda, son construcciones netamente regias, tal como describen los cat\u00e1logos<\/a> oficiales. El Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, en un laborioso trabajo de a\u00f1os, logr\u00f3 demostrar que la mayor parte de todo este tesoro arquitect\u00f3nico de incalculable valor ha sido inmatriculado por la Iglesia<\/a> sin aportar t\u00edtulos de propiedad y con la \u00fanica autocertificaci\u00f3n del obispo. El Estado sufraga su conservaci\u00f3n, mantenimiento y rehabilitaci\u00f3n con ingentes fondos p\u00fablicos<\/a> desde, al menos, el siglo XIX.<\/p>\n La plaza ha sido mantenida y rehabilitada con fondos p\u00fablicos desde hace siglos<\/p>\n En 2003, el obispo registr\u00f3 a su nombre la catedral de Alcal\u00e1 de Henares<\/strong> y la plaza aleda\u00f1a de los Santos Ni\u00f1os<\/strong>. El Ayuntamiento no fue informado de la privatizaci\u00f3n de un espacio indudablemente p\u00fablico y hasta 13 a\u00f1os despu\u00e9s no tuvo conocimiento de la apropiaci\u00f3n, gracias a la creciente ola ciudadana de denuncia de las inmatriculaciones eclesi\u00e1sticas que atraves\u00f3 todo el pa\u00eds. El Consistorio tiene planos de los siglos XVI y XVII que acreditan la existencia de la plaza, que ha sido mantenida y rehabilitada con fondos p\u00fablicos<\/strong> desde hace siglos. La de los Santos Ni\u00f1os no es la \u00fanica plaza p\u00fablica registrada a nombre de la Iglesia en la m\u00e1s absoluta opacidad. La del Pocito, en C\u00f3rdoba, o la de Los Galguitos y San Andr\u00e9s, en Canarias, son otros ejemplos de una previsible larga lista de espacios urbanos inmatriculados por la jerarqu\u00eda eclesi\u00e1stica sin que los municipios, en la mayor\u00eda de los casos, hayan tenido conocimiento.<\/p>\n Una sentencia de 2016 anul\u00f3 la inmatriculaci\u00f3n por parte de la Iglesia de la ermita de San Isidro<\/strong>, en Aranda de Duero (Burgos), y adjudic\u00f3 su titularidad al Ayuntamiento. El fallo certific\u00f3 la validez de los documentos aportados por el Consistorio, que demostraban que el edificio y una finca circundante hab\u00eda sido construidos por el corregidor Alonso de Colmenero <\/strong>en 1717 y mantenidos durante siglos por el Ayuntamiento de la localidad. La alcaldesa que promovi\u00f3 el procedimiento judicial pertenec\u00eda al PP<\/strong>, lo que evidencia que estamos ante un caso de defensa del patrimonio p\u00fablico m\u00e1s all\u00e1 de simpat\u00edas ideol\u00f3gicas. El de Aranda de Duero no es un ejemplo aislado. Hay decenas de ermitas, iglesias y templos por toda la geograf\u00eda espa\u00f1ola construidos por ayuntamientos o comunidades de vecinos, cuya propiedad ha sido arrebatada por los obispos gracias al subterfugio jur\u00eddico de las inmatriculaciones.<\/p>\n La inmatriculaci\u00f3n del camposanto de La Palma<\/strong> por la Iglesia levant\u00f3 en 2019 una ola de indignaci\u00f3n entre los vecinos, que ha terminado ante los tribunales. Los afectados se sienten enga\u00f1ados<\/strong> por el obispo de Cartagena, que inscribi\u00f3 a su nombre el solar en 2015 y desposey\u00f3 a las familias de sus derechos sobre los nichos y los panteones. En Espa\u00f1a, hay cientos de casos como este, aunque la mayor\u00eda de los afectados ignoran la situaci\u00f3n legal de las parcelas sobre las que se asientan los cementerios. Se trata de un terreno particularmente sensible por cuanto ata\u00f1e al \u00e1mbito emocional de las familias.<\/p>\n En su fiebre inmatriculadora, el Arzobispado de Sevilla no tuvo inconveniente en 2009 de inscribir a su nombre la capilla de San Lorenzo<\/strong>, propiedad de la conocida Hermandad del Gran Poder. La usurpaci\u00f3n episcopal, que caus\u00f3 enorme revuelo en la capital hispalense, sali\u00f3 a la luz en 2014 a rebufo del esc\u00e1ndalo originado por la inmatriculaci\u00f3n de la Mezquita de C\u00f3rdoba<\/strong>. La cofrad\u00eda y el arzobispo negociaron un acuerdo para reconducir el litigio y compartir la titularidad. No fue el \u00fanico caso de inmatriculaci\u00f3n de bienes cofrades. El m\u00e1s medi\u00e1tico tuvo lugar en Ja\u00e9n, donde el Obispado registr\u00f3 nada menos que el Santuario de la Virgen de la Cabeza<\/strong> y no dud\u00f3 en destituir a la junta directiva de la centenaria cofrad\u00eda.<\/p>\n El Tribunal Europeo de Derechos Humanos conden\u00f3 al Estado espa\u00f1ol al pago de una elevada multa<\/p>\n Estamos ante un caso de trascendencia hist\u00f3rica. El litigio por el monasterio de Ribas de Campo (Palencia) deriv\u00f3 en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos<\/strong> (TEDH), que conden\u00f3 al Estado espa\u00f1ol al pago de una elevada multa por permitir la inmatriculaci\u00f3n eclesi\u00e1stica de un conjunto de edificios religiosos incluidos en una finca adquirida por la Sociedad An\u00f3nima del Ucieza<\/strong> en 1978. El conflicto visibiliza con claridad el privilegio episcopal de inscribir bienes a su nombre sin aportar t\u00edtulo alguno de propiedad. Pese a que la finca ya figuraba a nombre de la Sociedad del Ucieza, el registrador permiti\u00f3 en 1994 la inmatriculaci\u00f3n del viejo monasterio por parte del obispo. El propietario acudi\u00f3 a los tribunales, pero no encontr\u00f3 amparo en ninguna instancia judicial espa\u00f1ola. Y tuvo que ser el TEDH de Estrasburgo quien dictaminara, en una dura sentencia contra el Estado espa\u00f1ol, que se hab\u00edan vulnerado derechos fundamentales del demandante, en virtud de un mecanismo \u00abarbitrario\u00bb como son las inmatriculaciones eclesi\u00e1sticas. El Estado indemniz\u00f3 al propietario del monasterio de Ribas de Campo con 600.000 euros<\/strong> mientras el Obispado acab\u00f3 qued\u00e1ndose con el inmueble.<\/p>\n Es el s\u00edmbolo del movimiento ciudadano de las inmatriculaciones. Construido y mantenido por el Estado omeya<\/strong> en el siglo VIII, se convirti\u00f3 durante cinco siglos en el edificio central de Al Andalus<\/strong>. En 1236 fue conquistado por Fernando III y consagrado al culto cat\u00f3lico para uso general de todos los ciudadanos. Como todas las grandes mezquitas de Al Andalus, el majestuoso edificio andalus\u00ed qued\u00f3 bajo el dominio de la corona. El obispo de C\u00f3rdoba lo inmatricul\u00f3 a su nombre en 2006 con su propia autocertificaci\u00f3n diocesana. La Iglesia alude a un supuesto documento de donaci\u00f3n real, que nunca ha exhibido p\u00fablicamente, mientras que la Plataforma Mezquita Catedral <\/strong>sostiene que el universal monumento, Patrimonio Mundial por la Unesco, es un bien de dominio p\u00fablico inalienable, imprescriptible e inembargable. La vicepresidenta del Gobierno, la cordobesa Carmen Calvo<\/strong>, redact\u00f3 en 2018 un informe jur\u00eddico municipal defendiendo la titularidad p\u00fablica de la Mezquita de C\u00f3rdoba y proponiendo un recurso de inconstitucionalidad ante el TC para anular las inmatriculaciones. De ese compromiso no qued\u00f3 ni rastro antes de ayer en su presentaci\u00f3n del listado de las casi 35.000 inscripciones eclesi\u00e1sticas.<\/p>\n https:\/\/www.publico.es\/culturas\/inmatriculaciones-iglesia-diez-ejemplos-prueban-inmatriculaciones-iglesia-son-cuestion.html?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Diaria%2022022021&utm_content=Newsletter%20Diaria%2022022021+CID_c54c654cd16db3338c2807e9ca8b0410&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=Diez%20ejemplos%20que%20prueban%20que%20las%20inmatriculaciones%20de%20la%20Iglesia%20son%20una%20cuestin%20de%20Estado<\/p>\n P\u00daBLICO<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Gobierno reconoce que las inscripciones eclesi\u00e1sticas pueden ser inconstitucionales pero no las anular\u00e1 y dejar\u00e1 que particulares y ayuntamientos litiguen con la Iglesia en los tribunales. 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Tesoro mud\u00e9jar de Arag\u00f3n<\/h2>\n
Ermita de Ochagav\u00eda<\/h2>\n
Arte prerrom\u00e1nico de Asturias<\/h2>\n
Plaza de los Santos Ni\u00f1os.<\/h2>\n
Ermita de Aranda de Duero<\/h2>\n
Cementerio de Cartagena<\/h2>\n
Hermandad del Gran Poder<\/h2>\n
Monasterio de Ribas<\/h2>\n
Mezquita de C\u00f3rdoba<\/h2>\n