Que el Estado espa\u00f1ol es un estado de derecho resulta dif\u00edcilmente discutible. Las publicaciones internacionales m\u00e1s reconocidas sit\u00faan a Espa\u00f1a en un lugar destacado dentro del ranking de pa\u00edses con un sistema democr\u00e1tico. Y de manera consistente y continuada desde hace varias d\u00e9cadas. Negar a Espa\u00f1a la condici\u00f3n de estado de derecho no tiene credibilidad.<\/p>\n
Ahora bien, el hecho de que Espa\u00f1a sea un estado de derecho no quiere decir que su conducta sea siempre la que corresponde a este tipo de estado. En realidad, no hay ning\u00fan estado de derecho en el mundo que se comporte siempre como tal. En todos se producen desviaciones, m\u00e1s o menos intensas y m\u00e1s o menos frecuentes.<\/p>\n
En el continente europeo, desde que disponemos de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como instituci\u00f3n del Consejo de Europa y de un Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TUE), tenemos constancia a trav\u00e9s de las sentencias de estos tribunales que todos los pa\u00edses se han desviado del est\u00e1ndar de conducta exigible a un estado de derecho. Y en este terreno el Estado espa\u00f1ol es un estado m\u00e1s, que no destaca especialmente por el n\u00famero de ocasiones en que ha sido condenado.<\/p>\n
El problema en Espa\u00f1a es que el Estado tiende a no comportarse como un estado de derecho en dos extremos que son decisivos para la supervivencia de nuestra democracia parlamentaria: la monarqu\u00eda y la unidad pol\u00edtica del Estado. Cuando, por el motivo que sea, el estado de derecho intuye que se puede poner en peligro la instituci\u00f3n mon\u00e1rquica o la integridad territorial del Estado, tal como son entendidas por los partidos de gobierno desde la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n, Espa\u00f1a deja de comportarse como un estado de derecho.<\/p>\n
Tuvimos ocasi\u00f3n de verlo en la reacci\u00f3n a la reforma del Estatuto de Autonom\u00eda de Catalu\u00f1a de 2006 y lo estamos viendo en la reacci\u00f3n ante la conducta de Juan Carlos I durante los a\u00f1os de su reinado y tambi\u00e9n desde la su abdicaci\u00f3n.<\/p>\n
El estado de derecho se ha visto como un estorbo para hacer frente al nacionalismo catal\u00e1n. Un fastidio que dentro del \u00e1mbito espa\u00f1ol no se ha percibido como tal porque el Tribunal Constitucional no ha ejercido el papel que tiene constitucionalmente encomendado de m\u00e1xima instancia en cuanto a la garant\u00eda de los derechos fundamentales. En cambio, que el estado de derecho era un estorbo s\u00ed se ha percibido cuando han intervenido instancias judiciales de otros pa\u00edses europeos o el TJUE. Y ya veremos qu\u00e9 pasa cuando le llegue el turno al TEDH.<\/p>\n
No se ha logrado convencer a ning\u00fan juez o tribunal europeo para que conceda la extradici\u00f3n de Puigdemont, Com\u00edn, Ponsat\u00ed o Puig. Ya sea porque no ha aceptado que hubieran cometido el delito de rebeli\u00f3n o sedici\u00f3n, como hizo de manera se\u00f1alada el Tribunal Supremo de Schleswig-Holstein, ya sea porque no considera que el Tribunal Supremo es el \u00abjuez ordinario predeterminado por la ley\u00bb para poder solicitarlo, como acaba de hacer la justicia belga. No se pudo convencer al TJUE de que los nacionalistas elegidos parlamentarios europeos no pod\u00edan adquirir la condici\u00f3n de tales por no haber jurado la Constituci\u00f3n. Puigdemont, Com\u00edn y Ponsat\u00ed son diputados europeos. Oriol Junqueras est\u00e1 pendiente de la decisi\u00f3n del Tribunal General de la Uni\u00f3n Europea. Todav\u00eda no ha llegado el momento, pero llegar\u00e1, en que el TEDH deber\u00e1 pronunciarse.<\/p>\n
La manera de reaccionar ante el nacionalismo catal\u00e1n da la impresi\u00f3n que se ha reproducido o, mejor dicho, se est\u00e1 reproduciendo- en relaci\u00f3n a la monarqu\u00eda. La pretensi\u00f3n de reducir la posici\u00f3n constitucional del rey a la \u00abinviolabilidad\u00bb, que es lo que han sostenido hasta ahora y de manera ininterrumpida los letrados de las Cortes Generales -por ejemplo, para rechazar la creaci\u00f3n de una comisi\u00f3n parlamentaria de investigaci\u00f3n- , se continuar\u00e1 manteniendo ante los tribunales de justicia. La Constituci\u00f3n, para el rey Juan Carlos I, empieza y termina en la inviolabilidad.<\/p>\n
Y de este modo, a veces parece que hay materias de las que no se puede ni hablar. Ni en sede parlamentaria ni en sede judicial, a menos que lo hagamos en esta \u00faltima y al amparo de las garant\u00edas constitucionales del proceso penal, que son: principio de legalidad, juez natural, imparcialidad y doble instancia.<\/p>\n
\u00bfHasta cuando?<\/p>\n
ARA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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