El conflicto entre Espa\u00f1a y Catalu\u00f1a es dif\u00edcil de explicar a quien no lo conozca de cerca. Y a\u00fan es m\u00e1s dif\u00edcil de sentenciarlo en sentido favorable a las aspiraciones catalanas cuando el paradigma te\u00f3rico remite a un conflicto de legitimidades. Situados en este terreno, cuesta mucho alterar el marco interpretativo habitual, que favorece maquinalmente al ente jer\u00e1rquicamente superior. Hace pocos d\u00edas, un reconocido experto en temas de democracia opon\u00eda a la aspiraci\u00f3n catalana de independencia la imposibilidad de justificar la secesi\u00f3n de un ente democr\u00e1tico que forma parte de otro tambi\u00e9n democr\u00e1tico. Aunque el apriorismo a favor del ente superior implica por analog\u00eda la ilegitimidad de Brexit, dudo que ning\u00fan experto en democracia se arriesgase a tachar de ileg\u00edtima la secesi\u00f3n del Reino Unido de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n
El automatismo con el que se utilizan principios abstractos para analizar casos concretos tiene consecuencias pr\u00e1cticas. Lo que podr\u00edamos llamar ceguera dogm\u00e1tica de los principios afecta ahora mismo a la vida de nueve pol\u00edticos secuestrados por un tribunal y una fiscal\u00eda, cuya conducta y ‘modus operandi’, si se revisaran escrupulosamente, dif\u00edcilmente ser\u00edan homologados como parte integrante de un sistema funcionalmente democr\u00e1tico. Moverse as\u00e9pticamente en el nivel de la teor\u00eda permite mantenerse en una neutralidad ficticia. Y en la medida en que la teor\u00eda sea institucional tiende a reforzar el ‘status quo’ .<\/p>\n
Para alterar esta disposici\u00f3n aprior\u00edstica en favor del ente oficial se puede emplear la deslegitimaci\u00f3n. Ahora mismo es el m\u00e9todo m\u00e1s practicado. Consiste en denunciar cada falta a la deontolog\u00eda y las vulneraciones de la legalidad para poner en evidencia la perversi\u00f3n de la democracia en Espa\u00f1a. Pero este camino es ambivalente y se puede recorrer en sentido contrario. Esto hace, por ejemplo, Espa\u00f1a Global.<\/p>\n
En el mundo de la teor\u00eda puede haber separaci\u00f3n entre esencia y existencia, formalizaci\u00f3n y actuaci\u00f3n, categorizaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n; en definitiva, entre apariencia y conducta. Esto permite suponer, en vista de la letra de la constituci\u00f3n y sin profundizar en la intenci\u00f3n de determinados art\u00edculos ni en el contexto de su aprobaci\u00f3n, que Espa\u00f1a es un estado de derecho, lo que en s\u00ed no significa gran cosa, porque la mayor\u00eda lo son, incluidas muchas dictaduras. Pero el supuesto de que un documento de papel equivalga a una democracia dif\u00edcilmente aguanta cuando se contrasta el mapa con el territorio, es decir, cuando se compara el escaparate legal con la funci\u00f3n real de las estructuras y aparatos de una democracia puramente nominal. Basta superponer la teor\u00eda con la praxis para hacer evidente el desencaje entre una y otra. Pero esta dislocaci\u00f3n conceptual la suelen pasar por alto los plat\u00f3nicos que creen que ‘nomina sunt realia’ , que el nombre hace la cosa.<\/p>\n
Hay otro camino para combatir la inercia de los polit\u00f3logos que desprecian el trabajo de separar emp\u00edricamente el grano de la paja. Pasa por recordar que la \u00e9tica social -as\u00ed pues, el sentido real y no s\u00f3lo coyuntural de la pol\u00edtica- conjuga derechos con obligaciones. El hecho mismo de escudarse detr\u00e1s del estado de derecho obliga a ello, pues el estado de derecho, pese a ser la traducci\u00f3n de ‘rule of law’, remite al t\u00e9rmino franc\u00e9s ‘droit’. Y este, adem\u00e1s de tener el significado de ‘conjunto de las leyes que rigen un determinado territorio’, se refiere tambi\u00e9n a las garant\u00edas espec\u00edficas que amparan a las personas y colectividades. Esto \u00faltimo, aunque algunos procuran oscurecerlo, es evidente si tenemos en cuenta las implicaciones de un derecho como el de autodeterminaci\u00f3n o el alcance colectivo de los cr\u00edmenes contra la humanidad, que en la pr\u00e1ctica suelen serlo contra alguna colectividad. Entendido en el sentido de garant\u00eda, el derecho es algo el\u00e1stico. Hoy todo el mundo tiene o cree tener derechos de todo tipo y para todos los usos. Tiempo atr\u00e1s un pol\u00edtico espa\u00f1ol abroncaba a su mujer porque era de pecho estrecho y \u00e9l, ya me perdonar\u00e1n que reproduzca la groser\u00eda, dec\u00eda que ten\u00eda derecho a unas buenas tetas. La facilidad con que la gente se arroga derechos e incluso los inventa como privativos es una se\u00f1al de incivilidad. Y es se\u00f1al de inmadurez confundir el derecho con el deseo. Una sociedad en la que todo fueran derechos ser\u00eda como la isla de Pinocho, donde los muchachos consentidos acaban convirti\u00e9ndose en burros a base de dilatar el capricho.<\/p>\n
Los derechos se fundamentan en obligaciones; mejor dicho, dependen de ellas. Un derecho no tiene consistencia si no se apoya en una obligaci\u00f3n anterior. Y si en general el derecho se reivindica de manera reflexiva, es decir, en beneficio de uno mismo como sujeto de aquel derecho, la obligaci\u00f3n es un imperativo universal. Por eso tiene precedencia y m\u00e1s fuerza de compulsi\u00f3n que el derecho. La obligaci\u00f3n de socorrer a alguien en situaci\u00f3n de peligro o en extrema necesidad no es relativa o circunstancial ni se impone por decreto. Es de car\u00e1cter universal y v\u00e1lida en todo tiempo. Es una imposici\u00f3n de la conciencia equivalente a la regla de la \u00e9tica kantiana que ordena tratar a los dem\u00e1s no como medios sino como fines. El derecho de ser socorrido, en cambio, depende de la situaci\u00f3n objetiva, de la inminencia o credibilidad del peligro, del grado de necesidad y de m\u00e1s variables. No hay ning\u00fan derecho a ser rico pero s\u00ed hay una obligaci\u00f3n de ayudar al miserable paliando su miseria. Un principio que habr\u00eda que tener en cuenta en el envenenado debate sobre la inmigraci\u00f3n en el primer mundo. Es consecuencia de esta obligaci\u00f3n de socorrer que surge el derecho de ser socorrido. La obligaci\u00f3n aparece pues como base sustantiva del derecho. El derecho de autodeterminaci\u00f3n existe no porque un estado o conjunto de estados lo reconozca, o para que lo recoja la carta de las Naciones Unidas, detalle puramente circunstancial, sino que existe, y por eso es reconocido en aquella carta, por el obligaci\u00f3n de tratar a las personas como fines. Y de esta obligaci\u00f3n, que es real y efectiva en la conciencia y v\u00e1lida para todas las personas, se deriva la de tratar como fines a las colectividades, que no son sino agrupaciones de personas.<\/p>\n
La obligaci\u00f3n de respetar las colectividades, particularmente las que est\u00e1n sometidas a alguna necesidad o rigor externo, como lo son las minor\u00edas por ser minor\u00edas, es universal y tanto vale para los miembros de la colectividad como para quienes no lo son. De hecho, es mejor para los segundos que para los primeros. Pero si el respeto de la minor\u00eda compromete a todos, todav\u00eda compromete m\u00e1s a la democracia, de la que es un criterio fundamental y el que mejor la define. Por esta raz\u00f3n y por ninguna otra, la constituci\u00f3n espa\u00f1ola afecta preocupaci\u00f3n por las minor\u00edas que designa gen\u00e9ricamente como nacionalidades, sin identificarlas ni especificar ninguna particularidad que las distinga. Sin reconocer su individualidad ni el car\u00e1cter, pues. La misma constituci\u00f3n aparenta valorar y promover las lenguas de estas ‘nacionalidades’, pero que en buena pero rebuscada l\u00f3gica denomina ‘espa\u00f1olas’.<\/p>\n
La hipocres\u00eda con la que el Estado espa\u00f1ol salvaba la apariencia de acatar la obligaci\u00f3n que impone la democracia indica un posible camino para remover el escepticismo te\u00f3rico con que topa y topar\u00e1 la reivindicaci\u00f3n catalana cada vez que se presente como un derecho democr\u00e1tico abstracto. Me parece que el problema est\u00e1 mal enfocado y que convendr\u00eda de darle la vuelta present\u00e1ndolo como una obligaci\u00f3n inexcusable, esto es, como un deber universal de la democracia. Esto le quitar\u00eda el car\u00e1cter de asunto interno espa\u00f1ol, situ\u00e1ndolo en la perspectiva del respeto debido a las minor\u00edas. Pero este vuelco de la perspectiva requiere que los catalanes revisen su prevenci\u00f3n contra la identidad, hagan un uso consciente de la misma y se resignen con el papel m\u00e1s bien modesto de minor\u00eda nacional oprimida. Proclamar y evidenciar la minorizaci\u00f3n como resultado de una opresi\u00f3n secular, pero tambi\u00e9n de una pr\u00e1ctica que en estos \u00faltimos tiempos se ha intensificado exponencialmente, matar\u00eda de ra\u00edz, por absurda, la acusaci\u00f3n de supremacismo y de paso silenciaria a quienes neutralizan el derecho de autodeterminaci\u00f3n invocando el derecho del estado de derecho, por mucho que en este Estado el derecho est\u00e9 en el aparador y en ning\u00fan otro sitio.<\/p>\n
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