{"id":44442,"date":"2019-11-05T09:46:20","date_gmt":"2019-11-05T08:46:20","guid":{"rendered":"https:\/\/nabarralde.eus\/?p=44442"},"modified":"2019-11-05T09:46:20","modified_gmt":"2019-11-05T08:46:20","slug":"estado-de-derecho-y-ley","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nabarralde.eus\/es\/estado-de-derecho-y-ley\/","title":{"rendered":"Estado de Derecho y ley"},"content":{"rendered":"<p>Cuando se siente la necesidad de reclamar permanentemente un aspecto de la propia identidad, se evidencia la duda sobre la virtualidad de lo que se proclama. Es el caso de quienes precisan su reafirmaci\u00f3n de que el sistema jur\u00eddico espa\u00f1ol responde a las imperiosas exigencias de una democracia basada en el Estado de Derecho. <em>Estado de Derecho<\/em> es concepto de la cultura jur\u00eddica surgida en las sociedades contempor\u00e1neas que se reclaman de la libertad e igualdad de las personas como principio inexcusable para la convivencia social y orden pol\u00edtico de legitimidad. Un sistema jur\u00eddico de tal condici\u00f3n tiene diversas exigencias. As\u00ed, en ning\u00fan caso deber\u00e1 remitirse a principios trascendentales y \u00fanicamente deber\u00e1 basarse en los derechos inherentes a la condici\u00f3n humana. En esta direcci\u00f3n, se apoyar\u00e1 en la libertad e igualdad de los seres humanos, al igual que en la autonom\u00eda de estos (V. Constantinesco y S. Pierre-Caps: 2004). La ley como concreci\u00f3n del orden jur\u00eddico puede ser legal, pero no necesariamente leg\u00edtima.<\/p>\n<p>Cabe preguntarse si el orden jur\u00eddico espa\u00f1ol cumple las exigencias de un Estado de Derecho y si, en definitiva, es leg\u00edtimo. Es claro para muchos a la vista del funcionamiento institucional, Senado, Tribunal Supremo y Gobierno, y a prop\u00f3sito de hechos como el caso de Alsasua y del <em>proc\u00e9s<\/em>de Catalunya que estas instituciones han prevaricado. Para otros muchos, tal acusaci\u00f3n se encuentra rebasada por la realidad jur\u00eddica desde su origen, que colocaremos convencionalmente en la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n aprobada por el rey Juan Carlos en 1978. Una norma jur\u00eddica superior esta Constituci\u00f3n que contradice desde su art\u00edculo segundo la exigencia de que un Estado de Derecho no debe referirse a instancias trascendentales y s\u00ed atenerse a las aspiraciones de los individuos y las colectividades que configuran \u00e9stos. En efecto, el citado art\u00edculo que fue redactado como una exigencia del Ej\u00e9rcito de Franco a los timoratos pol\u00edticos que preparaban el aggiornamento del r\u00e9gimen dictatorial, manifiesta con toda rotundidad la indivisible unidad de Espa\u00f1a. La unidad de Espa\u00f1a como principio de legalidad constituye una realidad trascendente. No es una realidad f\u00edsica que se impone como hecho dado, tal como sucede con la Pen\u00ednsula Ib\u00e9rica o el Sol que sale a diario. El car\u00e1cter trascendental se evidencia en que no responde a la voluntad de la colectividad, sino que es mera afirmaci\u00f3n impositiva de una parte de los integrantes del colectivo sobre los forzados vasallos que no quieren ser espa\u00f1oles. La tal exigencia es trascendental por hacer referencia a un valor situado en un nivel superior a la libertad de decisi\u00f3n de los individuos y colectivos que lo configuran. No deja de constituir una afirmaci\u00f3n taxativa de quienes la propugnan, lo que implica de hecho una imposici\u00f3n sobre la parte del colectivo que no la acepta.<\/p>\n<p>Es claro que parte de esa presunta colectividad a la que se denomina Espa\u00f1a sufre la citada imposici\u00f3n por quienes se consideran a s\u00ed mismos espa\u00f1oles, al margen de que \u00e9stos puedan ser la inmensa mayor\u00eda del colectivo en cuesti\u00f3n. Lo cierto es que no existe tal colectivo denominado Espa\u00f1a, al rechazar formar parte de \u00e9l un sector determinado de quienes se afirma que lo integran. No vale tirar balones a la banda especulando sobre la forma de constituir una colectividad. \u00bfCarabanchel tiene derecho a reclamar su autodeterminaci\u00f3n? \u00a1Preg\u00fantese a sus habitantes si se quiere solucionar tan inmensa duda! Lo quiere Gibraltar, lo quiere Catalunya. \u00a1Mejor! Una inmensa multitud de catalanes pretenden que se les deje celebrar un refer\u00e9ndum al respecto. Desde que determinados autores europeos de la Edad Moderna negaron el derecho de los pr\u00edncipes a gobernar de acuerdo con el adagio \u2026<em>quod regi placuit, legem habet vigorem<\/em>\u2026 -lo que place al rey tiene fuerza de ley- se defendi\u00f3 el derecho de cualquier autoproclamado colectivo a constituirse en Estado soberano (LOCKE). Y \u00e9ste ha sido el camino seguido por muchos de los estados hoy existentes.<\/p>\n<p>Toca ahora referirse a la legalidad, principio invocado por gobierno e instituciones espa\u00f1olas y los sectores sociales que les apoyan en su negativa a permitir ninguna consulta sobre secesi\u00f3n. Esta parte se apoya en el no reconocimiento por la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola del derecho de autodeterminaci\u00f3n, derecho que -insisten- aparece excepcionalmente en las constituciones de los actuales estados. Afirmaci\u00f3n muy exacta que no impidi\u00f3 a checos y eslovacos un acuerdo de divisi\u00f3n para dar paso a los actuales estados de Chequia y Eslovaquia. Tampoco constituy\u00f3 un problema para el tribunal constitucional canadiense cuando dictamin\u00f3 el derecho del Estado federado de Quebec a organizar un refer\u00e9ndum sobre su propia secesi\u00f3n de Canad\u00e1. Por su parte los brit\u00e1nicos, siempre sensibles ante la experiencia de la Historia, han permitido un proceso similar en Escocia. Muchos de los estados actuales que integran el orden de las naciones han adquirido esta condici\u00f3n afirmando su derecho a decidir. En unos casos con el benepl\u00e1cito de la potencia que los dominaba y en otros mediante el enfrentamiento con el dominador que se resist\u00eda y se vio finalmente obligado a ceder ante los hechos, o simplemente por acuerdo amigable. A nadie se le ha ocurrido que esos estados soberanos hayan roto su legalidad porque, en definitiva, el principio fundamental de un Estado de Derecho y democr\u00e1tico se basa en la exigencia insoslayable de someterse a la voluntad de sus libres ciudadanos.<\/p>\n<p>La cultura pol\u00edtica espa\u00f1ola es r\u00edgida porque nunca ha dejado de ser impositiva, con reyes absolutistas o presuntas constituciones liberales y sus gobiernos representativos. El autoritarismo imbuye a las \u00e9lites y rebosa en una sociedad que no recuerda su historia de la derrota en Cuba y Filipinas de la mano de su actual aliado los USA, ni el desastre de Annual, ni la escandalosa salida de Guinea Ecuatorial, ni el vergonzante abandono del S\u00e1hara. Encerrarse en una legalidad de bases jur\u00eddicas contradictorias es el camino que busca obviar la soluci\u00f3n. Cabe preguntarse a este respecto sobre la legalidad del art\u00edculo segundo de la Constituci\u00f3n que impide taxativamente la secesi\u00f3n en el marco del actual Estado espa\u00f1ol. La autodeterminaci\u00f3n es derecho irrenunciable proclamado por la autoridad jur\u00eddica mundial que es la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas. Llamativamente el art\u00edculo 10, aleas 2 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola afirma: \u201c\u2026Las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constituci\u00f3n reconoce se interpretar\u00e1n con la conformidad de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos humanos\u2026\u201d Referencia esta que reconoce una instancia jur\u00eddica superior al mismo Estado espa\u00f1ol, pero que no ha previsto la censura l\u00f3gica por parte de la alta autoridad que se invoca. Y es que el derecho de autodeterminaci\u00f3n es recogido por la citada declaraci\u00f3n, que igualmente se\u00f1ala en el \u00faltimo de sus art\u00edculos que las Naciones Unidas no aceptar\u00e1n que nadie fuera de su Asamblea interprete la citada declaraci\u00f3n. En definitiva, que en materia de derechos los textos legales, incluidas las constituciones, pueden quedarse atr\u00e1s en el reconocimiento expreso de los mismos. El jurista italiano Giorgio Lombardo (2009) se\u00f1ala en el Estudio preliminar del debate entre K. Schmitt y H. Kelsen destaca que una constituci\u00f3n ha podido ser redactada en un momento en el que determinado aspecto de las relaciones humanas no constitu\u00eda una cuesti\u00f3n que afectase a una colectividad, pero que las constituciones deben estar abiertas a adaptarse a los tiempos y ce\u00f1irse a las aspiraciones de la colectividad. La legitimidad en el ejercicio de un derecho va m\u00e1s all\u00e1 de su expresi\u00f3n escrita como ley. Los ingleses sin ir m\u00e1s lejos no han alegado ninguna legalidad constitucional escrita para aceptar el refer\u00e9ndum escoc\u00e9s. Es cierto que carecen de Constituci\u00f3n\u2026 escrita. \u00bfNo han aprendido a escribir? Los espa\u00f1oles, al parecer, no saben leer\u2026, o no quieren aprender. Son todos estos elementos los que permiten cuestionar una denominada carta magna como la Constituci\u00f3n del 78, redactada bajo el imperio de la coacci\u00f3n de los poderes f\u00e1cticos, decididos a imponer el mantenimiento del poder conseguido durante la dictadura, Constituci\u00f3n repleta de ambig\u00fcedades, que permiten interpretaciones de la ley de acuerdo al talante del juez, hasta poder hacer de una pelea de bar un delito de \u201cterrorismo\u201d y \u201cgolpe de Estado\u201d la celebraci\u00f3n de un refer\u00e9ndum.<\/p>\n<p>Noticias de Navarra<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando se siente la necesidad de reclamar permanentemente un aspecto de la propia identidad, se evidencia la duda sobre la virtualidad de lo que se proclama. Es el caso de quienes precisan su reafirmaci\u00f3n de que el sistema jur\u00eddico espa\u00f1ol responde a las imperiosas exigencias de una democracia basada en el Estado de Derecho. 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