El Congreso de los Diputados no puede suspender los derechos de los parlamentarios catalanes fundando su decisi\u00f3n en lo previsto en el art. 384bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Recordemos este precepto, que dice: \u201cFirme un auto de procesamiento y decretada la prisi\u00f3n provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando funci\u00f3n o cargo p\u00fablico quedar\u00e1 autom\u00e1ticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situaci\u00f3n de prisi\u00f3n\u201d.<\/p>\n
El informe de los letrados del Congreso establece que la C\u00e1mara puede aplicar este precepto, siendo su decisi\u00f3n ‘ex lege’, expresi\u00f3n que m\u00e1s tarde habr\u00e1 ocasi\u00f3n de comentar. Ahora procede inicialmente afirmar que las C\u00e1maras, en el ejercicio de sus potestades, en lo que hace al establecimiento, limitaci\u00f3n o suspensi\u00f3n de los derechos de sus miembros, pueden actuar directamente solo cuando est\u00e1n habilitadas por la Constituci\u00f3n o por el Reglamento de la C\u00e1maras. M\u00e1s all\u00e1 de las previsiones establecidas en esas normas, no procede que los \u00f3rganos de las C\u00e1maras adopten decisiones que condicionen los derechos de los parlamentarios y parlamentarias.<\/p>\n
Una resoluci\u00f3n parlamentaria no puede aplicar directamente un precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para que los \u00f3rganos parlamentarios puedan adoptar decisiones que condicionen derechos de los parlamentarios o parlamentarias y fundamentarse en la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe existir una resoluci\u00f3n judicial que as\u00ed lo establezca. Sin resoluci\u00f3n judicial que determine la aplicabilidad de ese precepto a un supuesto determinado, no puede darse una suspensi\u00f3n adoptada aut\u00f3nomamente por la Mesa de la C\u00e1mara.<\/p>\n
Si no se procediese de esta forma, resultar\u00eda conculcada la reserva jurisdiccional realizada por la Constituci\u00f3n. De acuerdo con ella corresponde al poder judicial el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Son los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes los que deben aplicar las leyes. Todo ello de acuerdo con las normas de procedimiento y competencia en vigor.<\/p>\n
Del texto reproducido es preciso remarcar la palabra ‘exclusivamente’. Es decir, que juzgar y los procedimientos para hacerlo son los establecidos por la ley y corresponde hacerlo exclusivamente al poder judicial.<\/p>\n
Por otra parte, as\u00ed se ha actuado en este proceso con anterioridad. El instructor de la causa, el juez Llarena, se dirigi\u00f3 en julio de 2018 al Parlamento de Catalu\u00f1a comunicando que los parlamentarios procesados quedaban suspendidos de sus derechos parlamentarios. En este momento, no ya el instructor sino la Sala segunda del Tribunal Supremo no deciden, limit\u00e1ndose a comunicar al Congreso que no es necesaria la petici\u00f3n de suplicatorio. Pero, si no es necesaria la petici\u00f3n de suplicatorio, es decir, que seguir\u00e1 adelante el juicio oral, \u00bfpor qu\u00e9 no resuelve el propio Tribunal Supremo que el art. 384bis Ley de Enjuiciamiento Criminal es aplicable y suspende los derechos de los parlamentarios?<\/p>\n
El Tribunal Supremo puede lo m\u00e1s, seguir el proceso y en concreto la fase de juicio oral, y \u00bfno puede lo menos, esto es, suspender a los parlamentarios en el ejercicio de sus derechos en las C\u00e1maras?<\/p>\n
La intervenci\u00f3n de la Mesa del Congreso aplicando la Ley de Enjuiciamiento Criminal es contraria a Derecho y conculca los derechos de los parlamentarios. La aplicaci\u00f3n de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es competencia exclusiva de los tribunales de Justicia.<\/p>\n
Si el Congreso de los Diputados no puede aplicar este precepto, tampoco puede hacerlo la Junta Electoral Central (JEC). Esto ser\u00eda un error mayor, si cabe. Adem\u00e1s la JEC ya ha sido puesta en cuesti\u00f3n recientemente, y corregida por el Tribunal Supremo. Otro resbal\u00f3n m\u00e1s pondr\u00eda su legitimidad en cuesti\u00f3n. La legitimidad de este tipo de \u00f3rganos se deriva de su pr\u00e1ctica, no se olvide esto. El acuerdo de la Mesa puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional, lo que no es suficiente. La Mesa de un Parlamento no puede actuar pensando en la coletilla \u201cque acudan a los tribunales\u201d. La democracia es un sistema pol\u00edtico poroso, que debe llegar a todas las instituciones, especialmente a las m\u00e1s importantes. Entre estas, qu\u00e9 duda cabe, est\u00e1n los parlamentos. No se olvide que, a pesar de los sistemas de equilibrios de poderes, los parlamentos son los \u00f3rganos fundamentales. Su funcionamiento independiente y democr\u00e1tico depende del respeto de los derechos de sus miembros. Si se obstaculiza el ejercicio de los derechos de los parlamentarios se pone en cuesti\u00f3n la propia instituci\u00f3n parlamentaria. Y esto es especialmente cierto cuando como consecuencia de la suspensi\u00f3n de los derechos de los parlamentarios se produce una modificaci\u00f3n de las mayor\u00edas necesarias para elegir al nuevo Presidente del Gobierno. Las decisiones jur\u00eddicas deben adoptarse pensando tambi\u00e9n en sus consecuencias, pero eso deber\u00e1 ser objeto de otro comentario.<\/p>\n
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