La situaci\u00f3n de las personas migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, presenta unas caracter\u00edsticas que recientemente la prensa nos ha recordado. Hemos podido ver im\u00e1genes de c\u00f3mo la polic\u00eda de Marruecos disuelve y acompa\u00f1a a manifestantes extranjeros, fundamentalmente subsaharianos, se\u00f1al\u00e1ndose en esta informaci\u00f3n, que estas personas en muchos casos son trasladadas hasta el desierto o abandonadas en otros lugares sin atenci\u00f3n de ning\u00fan tipo. Una informante cualificada sobre lo que pasa en Marruecos es Helena Maleno, por cierto enjuiciada penalmente en Marruecos con informes de la polic\u00eda espa\u00f1ola. La acusaci\u00f3n es su labor humanitaria. O quiz\u00e1 las informaciones que facilita donde da noticia de redadas racistas en las principales ciudades de Marruecos, con detenciones y desplazamientos forzados de miles de personas.<\/p>\n
En el mismo sentido va la informaci\u00f3n que se ha podido ver en la televisi\u00f3n la semana pasada, recuerda otros informes realizados por organizaciones como M\u00e9dicos Sin Fronteras o Human Rights Watch, donde se describe la situaci\u00f3n de las personas que actualmente se encuentran en Marruecos, esperando la posibilidad de acceder a Ceuta y Melilla, especialmente en el monte Gurug\u00fa. A esas personas, seg\u00fan esas organizaciones, no les son respetados sus derechos fundamentales m\u00e1s b\u00e1sicos. Hay que considerar que Marruecos ya no es un Estado de tr\u00e1nsito, de paso necesario para acceder a Europa, sino que es un lugar donde las personas subsaharianas realizan largas estancias.<\/p>\n
En esas largas estancias en Marruecos las ONGs citadas han criticado el uso excesivo de la fuerza por parte de la polic\u00eda contra los migrantes, su arbitraria detenci\u00f3n, la falta de respeto a su integridad f\u00edsica, as\u00ed como la forma en que se destruyen las d\u00e9biles instalaciones de sus campos de migraci\u00f3n, que les condena a una forma de vida a\u00fan m\u00e1s insostenible. Esas intervenciones destruyen tambi\u00e9n las pocas posesiones de los migrantes y se dan expulsiones sumarias, algunas veces a zonas del desierto donde se les abandona. A\u00f1aden estas organizaciones que estas situaci\u00f3n afecta especialmente a los ni\u00f1os y a las mujeres embarazadas, as\u00ed como a otros miembros de grupos vulnerables. Llegan a requerir esta ONGs que no se produzca la separaci\u00f3n de los ni\u00f1os de sus familiares o que exista una adecuada atenci\u00f3n sanitaria.<\/p>\n
Recientemente el Gobierno espa\u00f1ol ha procedido a expulsar de forma sumaria (lo que puede afectar a sus garant\u00edas procesales) a m\u00e1s de cien migrantes que hab\u00edan saltado la valla de Melilla de manera ilegal. Su fundamentaci\u00f3n legal la sit\u00faa en un acuerdo firmado entre el Estado espa\u00f1ol y el Reino de Marruecos sobre esta cuesti\u00f3n. El acuerdo data del primer gobierno socialista, 1992, donde tambi\u00e9n se aprobaron leyes que claramente afectaban a los derechos fundamentales, recu\u00e9rdese la Ley de la llamada \u00abpatada en la puerta\u00bb, ley que no respetaba la inviolabilidad del domicilio (el ministro responsable era Corcuera). El acuerdo como tal no justifica la expulsi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se han aducido, por el ministro Grande-Marlaska, razones tan poco cre\u00edbles como el car\u00e1cter mafioso de la organizaci\u00f3n responsable de preparar los saltos a la valla, incluido el procesamiento de dos personas. En otras palabras, criminalizar los saltos para justificar pol\u00edticamente las expulsiones. Su justificaci\u00f3n jur\u00eddica es inexistente.<\/p>\n
Estas expulsiones de extranjeros pueden afectar a muy diferentes derechos, pero quisiera indicar especialmente el derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes. Este derecho as\u00ed reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos significa que existe una obligaci\u00f3n por parte de los Estados de no expulsar a los extranjeros cuando puedan ser objeto de da\u00f1os injustificados o desproporcionados como consecuencia de esa expulsi\u00f3n.<\/p>\n
La prohibici\u00f3n de tratos inhumanos o degradantes establecida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos no puede someterse a derogaciones ni restricciones de ning\u00fan tipo. Los Estados est\u00e1n obligados a no actuar de manera que su acci\u00f3n pueda conceptuarse como trato inhumano o degradante y, a su vez, est\u00e1n obligados tambi\u00e9n a adoptar todos los comportamientos necesarios para evitar que se puedan producir esos tratos. Esto \u00faltimo obliga al Estado a defender ese derecho y a prever los mecanismos necesarios para que esos tratos inhumanos o degradantes no se produzcan.<\/p>\n
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que se producen tratos inhumanos o degradantes<\/p>\n
– cuando se da la humillaci\u00f3n de una persona por otra,<\/p>\n
– cuando se le obliga a actuar contra su voluntad,<\/p>\n
– cuando se condena a un grupos de personas a vivir de manera aislada, con la libertad de circulaci\u00f3n limitada, o vigiladas constantemente,<\/p>\n
– cuando se impide que vivan en sus viviendas porque se destruyen, porque se les obliga a una precariedad y promiscuidad en esas condiciones de vida, lo que tiene consecuencias en su salud f\u00edsica, produce sufrimientos morales y ataca a su dignidad, d\u00e1ndose tambi\u00e9n sentimientos de humillaci\u00f3n y envilecimiento.<\/p>\n
Son tratos inhumanos y degradantes los que inspiran a sus v\u00edctimas sentimientos de angustia, inferioridad o de miedo. Los tratos inhumanos o degradantes proh\u00edben que se creen situaciones de riesgo de que los mismos se produzcan. El Estado espa\u00f1ol debe estar seguro de que no hay riesgo de tratos inhumanos o degradantes en el estado al que se les expulsa, debiendo tener en cuenta, para valorar esa situaci\u00f3n de riesgo, los informes que ONGs u otros organismos hayan podido elaborar.<\/p>\n
Esta es una doctrina que se deriva de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal ha se\u00f1alado que el Estado tiene la obligaci\u00f3n de no entregar a una persona cuando en el Estado de origen existe un riesgo real de ser sometido a esos tratos inhumanos o degradantes. Para ello, la demostraci\u00f3n de los mismos es susceptible de comprobarse mediante los informes de las ONGs, tal como se ha se\u00f1alado.<\/p>\n
El Gobierno espa\u00f1ol ha hecho caso omiso de estos derechos entregando los extranjeros a Marruecos, lugar donde existe el peligro objetivo de que se produzcan tratos inhumanos y degradantes. Esto quiere decir que la citada expulsi\u00f3n est\u00e1 incumpliendo radicalmente las obligaciones derivadas del art\u00edculo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que de acuerdo con los informes elaborados por las diversas ONGs, las personas que habitan en las proximidades de la valla fronteriza espa\u00f1ola est\u00e1n sometidas a unas condiciones de vida jurisdiccionalmente conceptuadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como constitutivas de esos tratos prohibidos. La expulsi\u00f3n realizada por el Gobierno espa\u00f1ol es por tanto es contraria al art\u00edculo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. A lo anterior cabr\u00eda a\u00f1adir otras cuestiones, dando todo ello lugar a lo que acertadamente se ha denominado como una desoladora pol\u00edtica migratoria (Mart\u00ednez Escamilla), atacando de ra\u00edz la cultura democr\u00e1tica y de respeto de los derechos humanos que debe aplicarse en este \u00e1mbito. Se colabora as\u00ed, con estas decisiones, en el desarrollo de ideolog\u00edas insolidarias y xen\u00f3fobas, tal como est\u00e1 sucediendo en algunos estados europeos.<\/p>\n
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