Intentar resolver pol\u00edticamente la integraci\u00f3n de Catalunya en el Estado espa\u00f1ol de una manera que resulte aceptable tanto para los ciudadanos de Catalunya como para los del resto del Estado es endiabladamente dif\u00edcil. Pero intentar resolver el problema por v\u00eda judicial es mucho m\u00e1s que dif\u00edcil.<\/p>\n
Aunque al desplazar la respuesta a los tribunales de Justicia puede parecer que se va a controlar el curso de los acontecimientos, ocurre todo lo contrario. Mientras un problema de naturaleza pol\u00edtica se mantiene dentro del campo de la pol\u00edtica, hay alguna posibilidad de abordarlo desde la negociaci\u00f3n. Cuando un problema de esa naturaleza es desplazado al terreno de la administraci\u00f3n de justicia, tal posibilidad desaparece. No hay manera de controlar el curso de los acontecimientos. Y ya no se puede negociar.<\/p>\n
Como, adem\u00e1s, el problema sigue siendo de naturaleza pol\u00edtica, aunque est\u00e9 residenciado ante un tribunal de justicia, el cruce de la l\u00f3gica pol\u00edtica y la l\u00f3gica jur\u00eddica desvirt\u00faa la acci\u00f3n del Tribunal, haci\u00e9ndole perder el control del propio proceso judicial que tiene que decidir. No solamente no se gana en seguridad, sino que se produce todo lo contrario.<\/p>\n
Puede que Mariano Rajoy y el Fiscal General del Estado Jos\u00e9 Manuel Mazas estuvieran seguros de que activando querellas por el delito de rebeli\u00f3n contra Carles Puigdemont y otros pol\u00edticos nacionalistas catalanes iban a controlar el proc\u00e9s y en poco tiempo el Tribunal Supremo dictar\u00eda una sentencia con la que pondr\u00eda a cada uno en su sitio. Una vez dictada la sentencia, se podr\u00eda volver a recurrir a la pol\u00edtica, pero con la base s\u00f3lida de una sentencia firme, con valor de cosa juzgada.<\/p>\n
Pero esa confianza en la acci\u00f3n de la justicia era una enso\u00f1aci\u00f3n. Los meandros por los que puede discurrir un proceso judicial son casi tan numerosos como aquellos por los que puede transitar la acci\u00f3n pol\u00edtica. Como, adem\u00e1s, est\u00e1n codificados y hay derechos que se pueden hacer valer en cada uno de dichos meandros, el enmara\u00f1amiento puede resultar inmanejable.<\/p>\n
El intento de procesar a Carles Puigdemont y dem\u00e1s pol\u00edticos nacionalistas por el delito de rebeli\u00f3n lo est\u00e1 dejando claro. El Tribunal Supremo ha perdido el control del proceso. No puede proceder contra Carles Puigdemont tras la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein y, al no poder hacerlo, tampoco puede proceder contra los dem\u00e1s querellados sin quebrar la \u201ccadena de legitimidad democr\u00e1tica\u201d en que consiste el Estado Constitucional, ya que, de todos los querellados, \u00fanicamente Carles Puigdemont es portador de legitimidad democr\u00e1tica a trav\u00e9s de la investidura. Todos los dem\u00e1s la han recibido de \u00e9l. Su procesamiento deriva del procesamiento del president, es un corolario del procesamiento del president. El Tribunal Supremo podr\u00eda abrir juicio contra Carles Puigdemont exclusivamente, dejando fuera a los dem\u00e1s. Pero lo que no puede es procesar a los dem\u00e1s, sin procesar a Carles Puigdemont. Esto es una consecuencia insoslayable del principio de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica del poder.<\/p>\n
Pero es que hay m\u00e1s. Con la err\u00e1tica instrucci\u00f3n del juez Pablo Llarena, que le ha llevado a retirar primero la euroorden dictada en su d\u00eda por la jueza Carmen Lamela ante la justicia belga, a dictar despu\u00e9s una nueva euroorden para volver a retirarla, el juez instructor ha afectado a derechos fundamentales de Carles Puigdemont neg\u00e1ndole al mismo tiempo la posibilidad de defenderse.<\/p>\n
Tras la emisi\u00f3n de las dos euro\u00f3rdenes,\u00a0Puigdemont se tuvo que poner a disposici\u00f3n de la justicia belga y, aunque no se adoptaron contra \u00e9l medidas privativas de libertad, s\u00ed se vio sometido a restricci\u00f3n de movimientos y a la comparecencia peri\u00f3dica ante el juzgado correspondiente. Tuvo que contratar un abogado para defenderse, incurriendo en los gastos que tal contrataci\u00f3n conlleva. Y al final, al ser retirada la euroorden, no ha podido defenderse y tener una respuesta judicial frente a la acusaci\u00f3n que el juez instructor espa\u00f1ol le dirig\u00eda.<\/p>\n
Con su actuaci\u00f3n de dictar y retirar la euroorden, Llarena le ha abierto la puerta a Puigdemont ante la justicia belga. Es el juez instructor espa\u00f1ol el que ha tomado la iniciativa. Puigdemont \u00fanicamente est\u00e1 reaccionando ante la iniciativa del juez. Si no hubiera retirado la euroorden, no podr\u00eda haber planteado la demanda civil ante la justicia belga. Tras la retirada, Puigdemont, que es un ciudadano en pleno ejercicio de todos sus derechos fundamentales, porque no ha sido privado de ninguno de ellos mediante sentencia judicial firme, que reside en B\u00e9lgica y que se ha visto afectado en el ejercicio de sus derechos por el juez instructor sin darle posibilidad de defenderse, tiene todo el derecho del mundo a demandar a dicho juez instructor y a exigirle responsabilidad por su err\u00e1tica instrucci\u00f3n.<\/p>\n
Es el propio juez Llarena el que se ha puesto en una posici\u00f3n jur\u00eddica insostenible. No estamos ante un ataque grosero a la integridad de la justicia espa\u00f1ola, como ha dicho Llarena. Es una reacci\u00f3n de leg\u00edtima defensa frente a una instrucci\u00f3n err\u00e1tica.<\/p>\n
El 4 de septiembre se va a producir una nueva sorpresa. Y no ser\u00e1 la \u00faltima.<\/p>\n
Vamos de disparate en disparate.<\/p>\n
Zona Cr\u00edtica de eldiario.es<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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