Con ocasi\u00f3n de la primera entrevista entre el president de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del gobierno espa\u00f1ol, Pedro S\u00e1nchez, varios miembros de este \u00faltimo ejecutivo han insistido en que el derecho a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos no est\u00e1 reconocido en la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola. Se trata de una proposici\u00f3n rotundamente falsa. El Estado espa\u00f1ol ratific\u00f3, entre otros tratados internacionales que reconocen el derecho a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos, el Pacto de Derechos Civiles y Pol\u00edticos hecho en Nueva York en 1966 (Art\u00edculo 1.1 del Pacto: \u00abTodos los pueblos tienen derecho a la autodeterminaci\u00f3n. En virtud de este derecho establecen libremente su estatus pol\u00edtico y procuran libremente por su desarrollo econ\u00f3mico, social y cultural\u00bb), una normativa internacional que, seg\u00fan el art\u00edculo 96.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, Bolet\u00edn Oficial del Estado el 30 de abril de 1977) por lo que, seg\u00fan el art\u00edculo 10.2 de la misma Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretar\u00e1n de acuerdo \u00abcon los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por Espa\u00f1a\u00bb.<\/p>\n
En definitiva, no s\u00f3lo es que a trav\u00e9s del Pacto de Derechos Civiles y Pol\u00edticos el derecho a la autodeterminaci\u00f3n est\u00e9 incorporado en el derecho espa\u00f1ol, sino que, teniendo en cuenta que es un texto sobre derechos humanos, su interpretaci\u00f3n deber\u00eda condicionar los derechos fundamentales reconocidos en la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola. Otra cosa ser\u00eda precisar cu\u00e1l es la interpretaci\u00f3n que sobre el derecho a la autodeterminaci\u00f3n se ha inferido por parte de las instancias internacionales y, en consecuencia, con capacidad de influir en el sistema constitucional espa\u00f1ol, pero que el derecho invocado no tiene ninguna relevancia en el ordenamiento jur\u00eddico del Estado es dif\u00edcilmente sostenible aunque se trate del discurso oficial de todos los gobiernos espa\u00f1oles y de las instituciones centrales. La causa de esta ceguera no es otra que la obsesi\u00f3n en la defensa de la integridad territorial y la \u00abunidad indisoluble de la naci\u00f3n espa\u00f1ola\u00bb tal como se proclama en el mismo art\u00edculo 2 de la Constituci\u00f3n que ha fagocitado la interpretaci\u00f3n de toda la arquitectura constitucional espa\u00f1ola al coste de erosionar el \u00e1mbito de libertad a unos extremos dif\u00edcilmente compatibles con un r\u00e9gimen democr\u00e1tico.<\/p>\n
Desde la perspectiva del derecho internacional, se argumenta, por parte de sectores contrarios a toda secesi\u00f3n, que el derecho a la autodeterminaci\u00f3n s\u00f3lo era aplicable a las \u00abcolonias\u00bb, las cuales, a grandes rasgos, se podr\u00edan definir por el existencia de una comunidad pol\u00edtica geogr\u00e1ficamente separada del Estado matriz que no participa en el gobierno de este Estado y que tampoco dispone de una plena capacidad de decisi\u00f3n sobre aspectos de gobierno que la conciernen. Pero esta definici\u00f3n de \u00absituaci\u00f3n colonial\u00bb tambi\u00e9n es vaga en el derecho internacional hasta el punto de que los casos m\u00e1s c\u00e9lebres de aparici\u00f3n del derecho a la autodeterminaci\u00f3n en la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia (pensemos en Timor Oriental, Sahara Occidental o Kosova) no se producen respecto a \u00abautoridades coloniales\u00bb, sino contra Estados con los que se mantiene una proximidad geogr\u00e1fica y que, de hecho, han promovido una ocupaci\u00f3n sobre el territorio afectado. Por lo tanto, no s\u00f3lo son las \u00abcolonias\u00bb las beneficiadas de la regulaci\u00f3n autodeterminista, sino que hay otros supuestos que abren la puerta a reivindicar el derecho a la autodeterminaci\u00f3n que, esencialmente, tienen que ver con la vulneraci\u00f3n de la capacidad de un pueblo de ejercer el autogobierno, circunstancia que a menudo va unida al otro gran factor en el que el derecho a la autodeterminaci\u00f3n est\u00e1 en liza, a saber, la violaci\u00f3n masiva de derechos fundamentales.<\/p>\n
Y es este \u00faltimo aspecto el que, con cada nuevo cap\u00edtulo de la represi\u00f3n contra el proceso catal\u00e1n, el Estado espa\u00f1ol mismo escribe los fundamentos de la exigencia catalana a favor de la creaci\u00f3n de un Estado de manera legal seg\u00fan el derecho internacional. As\u00ed, cuando un miembro del poder judicial espa\u00f1ol impide que gobierne la mayor\u00eda de un parlamento democr\u00e1tico (por ejemplo, suspendiendo la condici\u00f3n de diputados con una interpretaci\u00f3n aberrante de los tipos penales) se est\u00e1n abriendo grietas para demostrar en el marco del derecho internacional que Catalu\u00f1a no se puede autogobernar en Espa\u00f1a y que s\u00f3lo podr\u00e1 hacerlo cuando acceda a su Estado.<\/p>\n
EL PUNT-AVUI<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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