El Estado de derecho constituye la columna vertebral de las democracias liberales. Y la separaci\u00f3n de poderes y la imparcialidad de los tribunales de justicia constituyen columnas vertebrales del Estado de derecho. Cuando el poder judicial falla, todo el edificio de la democracia est\u00e1 en situaci\u00f3n precaria.<\/p>\n
Dos criterios fundamentales para el buen funcionamiento del poder judicial son su independencia y su imparcialidad. Son dos cosas diferentes. Se puede alcanzar una y no la otra. Pero sin una justicia al mismo tiempo imparcial e independiente se obtiene un Estado de derecho cojo y una democracia enferma.<\/p>\n
Las perversiones del sistema judicial espa\u00f1ol son estructurales. Radican en deficiencias de su dise\u00f1o institucional. Eso afecta sobre todo a la c\u00fapula judicial. Podemos hablar de un rep\u00f3quer institucional en la degradaci\u00f3n judicial del Estado de derecho: la Audiencia Nacional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Supremo (TS), el Tribunal Constitucional (TC) y la Fiscal\u00eda General.<\/p>\n
El Consejo de Europa ha destacado reiteradamente las deficiencias del poder judicial espa\u00f1ol con relaci\u00f3n a los criterios de independencia y de imparcialidad. La Audiencia Nacional es un tribunal continuador del Tribunal de Orden P\u00fablico del franquismo. Vinculado en buena parte a la lucha contra ETA, representa una vulneraci\u00f3n del derecho de los ciudadanos al juez ordinario. Una reforma del poder judicial tendr\u00eda simplemente que abolir este tribunal. No hace ninguna falta.<\/p>\n
El CGPJ, el \u00f3rgano de gobierno de los jueces que entre otras funciones nombra a los miembros del TS, est\u00e1 escogido por los partidos pol\u00edticos, los cuales atienden m\u00e1s a criterios de lealtad ideol\u00f3gica que a los de competencia profesional. Se trata de una descarada politizaci\u00f3n de la justicia controlada por los partidos dominantes (tradicionalmente, PP y PSOE) a costa de los criterios de competencia y m\u00e9rito.<\/p>\n
Adem\u00e1s de los diversos rid\u00edculos internacionales, resultan claras las vulneraciones del criterio de imparcialidad de la Sala de lo Penal del TS y de la Audiencia Nacional: invenci\u00f3n de delitos \u2013rebeli\u00f3n, terrorismo\u2013 inaplicables a casos concretos (Alsasua, pol\u00edticos y l\u00edderes sociales catalanes), laminaciones de la libertad de expresi\u00f3n (raperos), parcialidad procedimental basada en \u201cinformes\u201d (sic) de la Guardia Civil como v\u00eda de descripci\u00f3n de hechos, dispersi\u00f3n de las causas que genera indefensi\u00f3n, uso autoritario de la prisi\u00f3n preventiva, vista gorda ante agresiones de la extrema derecha, etc\u00e9tera. No se trata de actuaciones meramente desproporcionadas sino de aut\u00e9nticos fraudes de ley decididos bajo el paraguas de una impunidad jur\u00eddica pr\u00e1ctica.<\/p>\n
La politizaci\u00f3n es flagrante en el nombramiento de los miembros del TC, un \u00f3rgano externo al poder judicial pero con una clara incidencia pol\u00edtica. Se trata de una instituci\u00f3n que ha sufrido una notoria degradaci\u00f3n en las dos \u00faltimas d\u00e9cadas. El prestigio de los primeros presidentes y magistrados, as\u00ed como la calidad de las sentencias de los a\u00f1os ochenta y noventa, contrasta con decisiones posteriores que muestran una aut\u00e9ntica ca\u00edda libre del TC en t\u00e9rminos de calidad y de legitimidad. La \u00faltima reforma que dota a este tribunal de unas capacidades ejecutivas in\u00e9ditas en Europa profundiza en la diluci\u00f3n de la separaci\u00f3n de poderes.<\/p>\n
Finalmente, la parcialidad pol\u00edtica de la Fiscal\u00eda General en sus funciones \u2013obstinaci\u00f3n en el delito de rebeli\u00f3n, negativa a investigar hechos como las cargas policiales del 1 de octubre\u2013 a\u00f1ade una correa de transmisi\u00f3n que incide en la p\u00e9rdida de legitimidad del sistema.<\/p>\n
El rep\u00f3quer judicial espa\u00f1ol act\u00faa en los t\u00e9rminos de lo que Carl Schmitt manten\u00eda en ‘La defensa de la Constituci\u00f3n’. Como es sabido, este constitucionalista del periodo de entreguerras no se refer\u00eda a la defensa de la Constituci\u00f3n vigente (Weimar), sino a la defensa de Alemania, a la defensa del Estado alem\u00e1n. Los actores judiciales espa\u00f1oles se comportan de manera parecida: la unidad de Espa\u00f1a es m\u00e1s importante que el Estado de derecho (eso ha sido defendido expl\u00edcitamente por el presidente del TS y del CGPJ). No importa mucho si se vulneran derechos pol\u00edticos o libertades parlamentarias cuando se cuestiona aquella unidad.<\/p>\n
A buena parte de las decisiones del rep\u00f3quer de la c\u00fapula judicial espa\u00f1ola le caen como anillo al dedo las palabras que Shakespeare pone en boca del ‘Rumor’ en el pr\u00f3logo de Enrique, 2.\u00aa parte: \u201cEn mi lengua cabalgan continuas calumnias \/ que pronuncio en todos los idiomas \/ llenando los o\u00eddos de los hombres de falsas afirmaciones. \/ Hablo de paz mientras una enemistad encubierta \/ hiere el mundo bajo una atractiva sonrisa\u201d.<\/p>\n
La impunidad convierte la mentira protegida en costumbre y la mera opini\u00f3n en sentencia judicial arbitraria. El poder judicial espa\u00f1ol muestra continuismo con la dictadura franquista. En contraste con otros aparatos del Estado (ej\u00e9rcito), no se efectu\u00f3 ninguna reforma profunda del poder judicial ni durante la transici\u00f3n ni en d\u00e9cadas posteriores. Mientras no se produzca esta reforma del rep\u00f3quer judicial, la democracia espa\u00f1ola ser\u00e1 de Segunda B, alejada de las del entorno occidental que juegan la Champions de los estados de derecho.<\/p>\n
Un Estado de derecho siempre tiene que luchar por no caer en los peligros advertidos por Rousseau (‘Discurso sobre los or\u00edgenes de la desigualdad’): \u201cLos defectos que hacen necesarias las instituciones sociales son los mismos que hacen inevitable su abuso\u201d.<\/p>\n
LA VANGUARDIA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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