Las dos \u00faltimas legislaturas catalanas, la d\u00e9cima (2012-2015) y la und\u00e9cima (2015-2017), han sido el escenario de una guerra de guerrillas, afortunadamente s\u00f3lo institucional, entre, por una parte, el Parlamento y el gobierno de la Generalitat, acompa\u00f1ados de una fuerte movilizaci\u00f3n c\u00edvica del nacionalismo y, por otro, las Cortes Generales y el gobierno de la naci\u00f3n, acompa\u00f1ados hasta el final de la d\u00e9cima legislatura por el Tribunal Constitucional exclusivamente pero tambi\u00e9n desde este momento por la Fiscal\u00eda General, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.<\/p>\n
El nacionalismo catal\u00e1n, consciente del desequilibrio de fuerzas y de la consiguiente imposibilidad de librar un combate en campo abierto, ha puesto en pr\u00e1ctica una estrategia de desgaste institucional del Estado que est\u00e1 afectando a todos sus \u00f3rganos constitucionales m\u00e1s importantes: Cortes Generales, gobierno, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Esta estrategia ha tenido el coste de la suspensi\u00f3n del ejercicio del derecho a la autonom\u00eda.<\/p>\n
A lo largo de las dos legislaturas, el nacionalismo ha adoptado incesantemente iniciativas legislativas y gubernamentales que pueden tener cabida en la legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica en abstracto pero que no ten\u00edan cabida en la legalidad democr\u00e1tica espa\u00f1ola. El nacionalismo ha jugado abiertamente la carta de la legitimidad frente a la legalidad. Nuestra reivindicaci\u00f3n de la convocatoria de un refer\u00e9ndum es democr\u00e1ticamente leg\u00edtima, aunque la legalidad espa\u00f1ola no lo permita. Desde un punto de vista l\u00f3gico es la legalidad la que debe adecuarse a la legitimidad y no al rev\u00e9s. En consecuencia, el refer\u00e9ndum se deber\u00eda poder celebrar.<\/p>\n
La posici\u00f3n del gobierno de la naci\u00f3n, como era de esperar, ha sido la contraria. En democracia, legitimidad y legalidad coinciden. Actuar leg\u00edtimamente supone hacerlo de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jur\u00eddico en cada caso. En consecuencia, el Gobierno ha reaccionado recurriendo todas las iniciativas nacionalistas, fueran del tipo que fueren y tuvieran la naturaleza jur\u00eddica que tuvieren. Inicialmente las recurri\u00f3 al Tribunal Constitucional exclusivamente, que le ha dado la raz\u00f3n en todos los casos de manera absoluta. A partir del refer\u00e9ndum del 9-N y, sobre todo, a partir del refer\u00e9ndum del 1-O, el gobierno espa\u00f1ol recurri\u00f3 a la Fiscal\u00eda General del Estado y, a trav\u00e9s de la misma, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. De una manera limitada, tras el 9-N de 2014. De una manera extraordinariamente intensa, despu\u00e9s del 1-O del 2017.<\/p>\n
Pol\u00edtica por un lado. Justicia constitucional y justicia penal por el otro. Estos son los t\u00e9rminos en que se ha librado la guerra de guerrillas en las dos legislaturas. El gobierno de la naci\u00f3n le pondr\u00eda fin de manera provisional con la activaci\u00f3n del art\u00edculo 155, cuya aplicaci\u00f3n se tradujo en la destituci\u00f3n del Gobierno y en la disoluci\u00f3n del Parlamento. El nacionalismo se quedaba, aparentemente, sin los instrumentos para seguir librando la guerra de guerrillas institucional. Se quedaba sin instituciones desde las que fustigar al Estado.<\/p>\n
Es probable que con esta decisi\u00f3n el gobierno de la naci\u00f3n considerara que podr\u00eda poner fin a las hostilidades y que, con una aplicaci\u00f3n contenida del art\u00edculo 155, que se traduc\u00eda en la inmediata convocatoria de unas elecciones, se podr\u00eda abrir espacio para iniciar conversaciones, en que el nacionalismo, una vez comprobada la esterilidad de su estrategia en las dos legislaturas anteriores, aceptar\u00eda moverse dentro del marco constitucional.<\/p>\n
Es obvio que no ha sido as\u00ed. La guerra de guerrillas no ha dejado de ser practicada en ning\u00fan momento. Ni siquiera durante la campa\u00f1a electoral. La fuga de Carles Puigdemont y varios consejeros a B\u00e9lgica fue un paso en la internacionalizaci\u00f3n del conflicto en el terreno judicial, que no ha hecho m\u00e1s que complicarse desde entonces y que todav\u00eda no est\u00e1 cerrado. El desgaste para la justicia espa\u00f1ola en general y para el Tribunal Supremo en particular no est\u00e1 siendo menor.<\/p>\n
Pero ha sido tras la celebraci\u00f3n de las elecciones el 21-D y la constituci\u00f3n del Parlamento cuando las acciones de guerrilla han aumentado de manera significativa. Todo el proceso de investidura ha estado y sigue estando dominado por estas acciones. La propuesta de candidatos en la c\u00e1rcel. La autorizaci\u00f3n de la delegaci\u00f3n del voto de candidatos en el exilio. La modificaci\u00f3n de la ley para permitir la investidura en ausencia de Carles Puigdemont… Y lo que vendr\u00e1 de aqu\u00ed al d\u00eda 22.<\/p>\n
La erosi\u00f3n institucional empieza a ser muy notable. Catalu\u00f1a sigue sin presidente y sin poder ejercer el derecho a la autonom\u00eda. No est\u00e1 nada claro, adem\u00e1s, que la elecci\u00f3n de un presidente, en caso de que se produzca, suponga el levantamiento autom\u00e1tico del 155. En todo caso, vistos los movimientos que se est\u00e1n produciendo en el proceso de investidura, todo hace pensar que la guerra de guerrillas institucional se reiniciar\u00e1 cuando el nacionalismo haya recuperado la presidencia de la Generalitat.<\/p>\n
La erosi\u00f3n no es menos notable en el Estado. El gobierno espa\u00f1ol ha perdido completamente la iniciativa y est\u00e1 a merced de lo que decida el Tribunal Supremo, que, a su vez, est\u00e1 en una situaci\u00f3n comprometida, ya que se puede ver desautorizado por la justicia de varios pa\u00edses europeos. A las dificultades ya conocidas para justificar ante jueces europeos que la conducta de Carles Puigdemont es constitutiva del delito de rebeli\u00f3n se suman las que est\u00e1 encontrando para justificar el delito de malversaci\u00f3n, que est\u00e1 teniendo como derivada un conflicto larvado entre el juez Pablo Llarena y la Guardia Civil y el ministro Montoro y la Inspecci\u00f3n de Hacienda.<\/p>\n
Y esto no ha hecho m\u00e1s que empezar. Una guerra de guerrillas es un suicidio institucional. Ni el Estado ni la Generalitat pueden ganarla. La Generalitat en ning\u00fan caso. El Estado s\u00ed, pero poniendo fin a la democracia en Espa\u00f1a.<\/p>\n
ARA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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