{"id":37045,"date":"2017-06-21T14:48:34","date_gmt":"2017-06-21T12:48:34","guid":{"rendered":"https:\/\/nabarralde.eus\/el-tribunal-de-estrasburgo-de-nuevo-contra-el-alejamiento\/"},"modified":"2017-06-21T14:48:34","modified_gmt":"2017-06-21T12:48:34","slug":"el-tribunal-de-estrasburgo-de-nuevo-contra-el-alejamiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nabarralde.eus\/es\/el-tribunal-de-estrasburgo-de-nuevo-contra-el-alejamiento\/","title":{"rendered":"El tribunal de Estrasburgo, de nuevo contra el alejamiento"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfPor qu\u00e9 se siguen negando los derechos de los presos y presas vascas a ser trasladados a prisiones pr\u00f3ximas a su domicilio habitual?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Tribunal Europeo de Derechos Humanos contin\u00faa sin quiebra alguna por el camino ya iniciado con la sentencia Khodorkovsky c. Rusia, de la que por la prensa se dio noticia en su momento, y que en la actualidad se ve repetida, por quinta vez, en el asunto Polyakova y otros c. Rusia. Esta sentencia recientemente dictada trata sobre el alejamiento de los presos y presas de su domicilio habitual.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentencia vuelve a repetir algo que parece no aceptado a\u00fan por la doctrina jur\u00eddica en castellano y es el reconocimiento del derecho a la vida familiar de las personas internas en prisi\u00f3n. Derecho a la vida familiar que est\u00e1 establecido en el art\u00edculo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La sentencia afirma que a las personas internas en prisi\u00f3n les corresponde el derecho a la vida familiar recogido en el art\u00edculo 8 del CEDH. Este derecho quiere ser reivindicado en Rusia por personas que se ven alejadas a miles de kil\u00f3metros de su domicilio habitual. Estas distancias excesivas, teniendo en cuenta la propia extensi\u00f3n del Estado ruso, no significa que solamente en el caso de esas distancias tan exageradas se reconozca ese derecho.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Evidentemente, obligar a cualquier persona, pero especialmente a personas de avanzada edad, en algunas casos de m\u00e1s de 90 a\u00f1os, o a ni\u00f1os menores de edad, a recorrer 400, 600 o 1.000 km para hacer una visita a su padre o madre internos en prisi\u00f3n, es una medida que el Tribunal manifiesta claramente contraria a derecho, en concreto contra el art\u00edculo 8 del CEDH. Este precepto se dirige, seg\u00fan el Tribunal, contra las interferencias arbitrarias que puedan adoptar los poderes p\u00fablicos cuando se trata de determinar el lugar en donde una persona debe cumplir la pena de prisi\u00f3n. Ciertamente las personas internas en prisi\u00f3n no tienen derecho a elegir la prisi\u00f3n donde quieren cumplir condena. Pero tampoco los poderes p\u00fablicos pueden arbitrariamente decidir que esa pena de prisi\u00f3n se cumpla en un centro penitenciario arbitrariamente se\u00f1alado que conlleve la necesidad de realizar viajes a largas distancias.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta arbitrariedad se manifiesta en un primer momento por la exigencia que tiene el Convenio Europeo de Derechos Humanos de que las posibles limitaciones que tiene el derecho reconocido en el precepto ya citado se adopten de acuerdo con la ley y sean adem\u00e1s necesarias en una sociedad democr\u00e1tica. Ambos requisitos son exigibles. En este sentido, que sea de acuerdo con la ley significa que en primer lugar debe haber una ley que establezca la posibilidad de que regule esa asignaci\u00f3n de centros de cumplimiento de condena y, adem\u00e1s, esa ley debe tener una densidad, en el sentido de que no puede simplemente permitir que se adopte una decisi\u00f3n de ese tipo sino que debe establecer los motivos por los cuales se puede producir ese internamiento en centros alejados del domicilio habitual.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pensando en la situaci\u00f3n que se vive en el Estado espa\u00f1ol, se plantea inmediatamente la pregunta de d\u00f3nde est\u00e1 la previsi\u00f3n legal que permite a la Secretar\u00eda General de Instituciones Penitenciarias, al Ministerio en definitiva, a asignar graciosamente a las personas condenadas a cumplir condena en diferentes centros penitenciarios. De acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se debe exigir en primer lugar, jur\u00eddicamente hablando, que se precise d\u00f3nde est\u00e1 esa ley y en qu\u00e9 condiciones permite esa determinaci\u00f3n de centro de internamiento donde cumplir la condena.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol no hay ning\u00fan precepto que permita una tal asignaci\u00f3n de residencia graciosamente, sin que exista una causa justificativa para la misma y de forma individualizada. Es m\u00e1s, en alg\u00fan caso se resuelve adoptar ese alejamiento con la justificaci\u00f3n de que con el mismo se persigue que las personas internas en prisi\u00f3n se desvinculen de las organizaciones de las que formaban parte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La experiencia ha puesto claramente de manifiesto que, despu\u00e9s de una larga serie de a\u00f1os en los que se ha mantenido esta pol\u00edtica, esa finalidad perseguida no se ha cumplido. Su mantenimiento en este momento, en el que han transcurrido casi seis a\u00f1os desde que ETA ha abandonado las armas, evidencia que no existe necesidad en una sociedad democr\u00e1tica para adoptar una medida de este tipo, que su mantenimiento tiene un car\u00e1cter sancionador \u00fanicamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los poderes p\u00fablicos siguen sin embargo haciendo tabla rasa de este derecho de las personas internas en prisi\u00f3n, adoptando actos de manera arbitraria, a la espera de que en su caso se puedan sustanciar los procesos judiciales correspondientes, momento a partir del cual, tras la segura condena del Estado espa\u00f1ol, las personas internas en prisi\u00f3n, sin embargo, se habr\u00e1n visto impedidas durante a\u00f1os en disponer de los derechos que el ordenamiento les reconoce. De la misma manera se podr\u00eda decir que esta pol\u00edtica afecta a los derechos de los familiares.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta incidencia del poder p\u00fablico en la adopci\u00f3n de decisiones claramente contrarias a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede dejar de llamar la atenci\u00f3n. Si recordamos los hechos producidos en Alsasua, cuando unos j\u00f3venes han sido acusados de un delito de terrorismo por haber tenido una pelea a altas horas de la noche con dos guardias civiles, sorprende, adem\u00e1s de que se les acuse de terrorismo, que est\u00e9n internos en prisi\u00f3n en Madrid, en una misma prisi\u00f3n hasta ahora, y que en este momento se les traslade a diferentes prisiones. \u00bfCu\u00e1l es la raz\u00f3n de ser de esta diferentes asignaci\u00f3n de centros de internamiento cuando los familiares de estos j\u00f3venes se desplazaban conjuntamente, para evitar gastos, al centro de internamiento en el que estaban ellos ingresados? \u00bfPor qu\u00e9 no est\u00e1n estas personas, habiendo lugar en exceso para ello, internadas en centros pr\u00f3ximos, en la misma Pamplona? \u00bfPor qu\u00e9 se siguen negando los derechos de los presos y presas vascas a ser trasladados a prisiones pr\u00f3ximas a su domicilio habitual?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">NAIZ<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfPor qu\u00e9 se siguen negando los derechos de los presos y presas vascas a ser trasladados a prisiones pr\u00f3ximas a su domicilio habitual? 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