{"id":35146,"date":"2016-07-04T16:20:40","date_gmt":"2016-07-04T14:20:40","guid":{"rendered":"https:\/\/nabarralde.eus\/el-instituto-vasco-de-criminologia-identifica-4-810-casos-de-tortura-y-maltrato-policial\/"},"modified":"2016-07-04T16:20:40","modified_gmt":"2016-07-04T14:20:40","slug":"el-instituto-vasco-de-criminologia-identifica-4-810-casos-de-tortura-y-maltrato-policial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nabarralde.eus\/es\/el-instituto-vasco-de-criminologia-identifica-4-810-casos-de-tortura-y-maltrato-policial\/","title":{"rendered":"El Instituto Vasco de Criminolog\u00eda identifica 4.810 casos de tortura y maltrato policial"},"content":{"rendered":"\n
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Las v\u00edctimas denuncian que la Guardia Civil y la Polic\u00eda Nacional hacen uso de los \u201celectrodos\u201d y la \u201cba\u00f1era\u201d<\/p>\n

En las \u00faltimas d\u00e9cadas se han producido numerosas denuncias de torturas y malos tratos en el Pa\u00eds Vasco contra funcionarios policiales. Uno de los factores que ha contribuido a ello es el r\u00e9gimen de incomunicaci\u00f3n aplicado al amparo de la legislaci\u00f3n \u201cantiterrorista\u201d. A las denuncias por abusos en dependencias de la polic\u00eda se han sumado, m\u00e1s recientemente, las personas inmigrantes. A instancias de la Secretar\u00eda General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco, el Instituto Vasco de Criminolog\u00eda realiza el \u201cProyecto de Investigaci\u00f3n de la tortura en el Pa\u00eds Vasco (1960-2013)\u201d, del que hizo p\u00fablico un avance el pasado 27 de junio. El trabajo identifica y acopia documentaci\u00f3n sobre 4.009 personas que denuncian haber sufrido torturas o vejaciones en este periodo, en el que el n\u00famero de casos podr\u00eda alcanzar la cifra de 4.810 (el 17% de los denunciantes aseguraron ser objeto de maltrato en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n). \u201cLas v\u00edctimas de tortura no han tenido un reconocimiento social ni jur\u00eddico efectivo, ni se ha llevado a cabo una pol\u00edtica de reconocimiento o reparaci\u00f3n adecuada\u201d, sostiene el informe. El 76% de los casos de tortura denunciados corresponde al periodo democr\u00e1tico (1978-2014), y el 24% b\u00e1sicamente a la dictadura (1960-1977).<\/p>\n

La direcci\u00f3n de la investigaci\u00f3n encargada por el Gobierno Vasco, que concluir\u00e1 a finales de 2016, corre a cargo del profesor de Medicina Forense de la Universidad del Pa\u00eds Vasco, Francisco Etxeberria; el m\u00e9dico especialista en Psicolog\u00eda de la Salud, Carlos Mart\u00edn Berist\u00e1in; y la investigadora del Instituto Vasco de Criminolog\u00eda, Laura Pego. Una de las conclusiones del estudio es que las medidas preventivas planteadas por Amnist\u00eda Internacional, el Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de la Tortura del Consejo de Europa, el Comit\u00e9 contra la Tortura de Naciones Unidas o los Informes de los relatores sobre la tortura en el Estado espa\u00f1ol han sido oficialmente calificados de \u201calarmistas\u201d, \u201cnegativos\u201d, \u201cexageraciones\u201d con intereses pol\u00edticos espurios, cuando no ignoradas. Mientras esto ocurr\u00eda, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) conden\u00f3 al Estado espa\u00f1ol por incumplimiento de sus obligaciones contra la tortura y su prevenci\u00f3n, en cuatro casos de ciudadanos vascos (2002, 2003 y 2011), tres de Navarra (2009 y 2011) y uno de Catalu\u00f1a (1992). Adem\u00e1s, el Comit\u00e9 contra la Tortura de Naciones Unidas ha elaborado dos dict\u00e1menes condenatorios por torturas acaecidas en 1992.<\/p>\n

Los autores aclaran que de las 4.009 personas identificadas, en el presente informe han trabajado con los datos de 3.577. Sobre esta esta cifra, que es la que se toma como referencia, el 83% de los casos denunciados corresponde a hombres y el 17% a mujeres. El estudio matiza que el n\u00famero real de afectados es a\u00fan superior, ya que se da el caso de personas que han anunciado su inclusi\u00f3n. La instituci\u00f3n al que se le atribuyen un n\u00famero mayor de torturas y malos tratos es la Guardia Civil (1.589); a la Polic\u00eda Nacional se le asignan 1.561 casos; 310 a la Ertzaintza, 19 a los funcionarios de prisiones y cuatro a la Polic\u00eda Municipal. Adem\u00e1s, a partir de los testimonios analizados, el m\u00e9todo de tortura supuestamente m\u00e1s utilizado por la Guardia Civil es la \u201cbolsa\u201d, seguido de la \u201cextenuaci\u00f3n f\u00edsica y flexiones\u201d y el \u201cplant\u00f3n\u201d. Seg\u00fan las mismas fuentes, la Polic\u00eda Nacional opta mayoritariamente por la \u201cextenuaci\u00f3n f\u00edsica y flexiones\u201d y por el \u201cplant\u00f3n\u201d. Los dos cuerpos de seguridad, sobre todo la Guardia Civil, son objeto de denuncia por supuesto uso de los \u201celectrodos\u201d y la \u201cba\u00f1era\u201d. El estudio no recoge tales imputaciones en el caso de la Polic\u00eda Auton\u00f3mica vasca, a la que s\u00ed se le atribuyen el uso del \u201cplant\u00f3n\u201d y la \u201cextenuaci\u00f3n f\u00edsica y flexiones\u201d. A estos m\u00e9todos, se agregan los gritos, insultos y amenazas.<\/p>\n

Otro detalle que aporta el estudio sobre la tortura es el de las provincias y territorios de detenci\u00f3n: Gipuzkoa (1.603), Bizkaia (1.203) y Araba (270). Las denuncias no mantienen una tendencia constante; de hecho, se identifica claramente el \u201cpico\u201d de la estad\u00edstica en 1975 (265 casos), seguido de los a\u00f1os 1980, con 168 casos, y 1981 (162). Precisamente son los a\u00f1os 80 los que acumulan el mayor n\u00famero de denuncias (1.184); de hecho, la mayor parte de casos de tortura que los testimonios imputan a la Guardia Civil y la Polic\u00eda Nacional son de esa d\u00e9cada. Por el contrario, las denuncias contra la Ertzaintza se concentran principalmente en los a\u00f1os 90. En la d\u00e9cada de los 80 se produjeron las primeras condenas por parte de las instancias judiciales espa\u00f1olas, ratificadas posteriormente por el Tribunal Supremo. La investigaci\u00f3n del Instituto Vasco de Criminolog\u00eda da cuenta asimismo de \u201calgunos cambios en los m\u00e9todos de tortura para tratar de dificultar la prueba forense que los acreditase\u201d.<\/p>\n

En el periodo que abarca la investigaci\u00f3n, los tribunales espa\u00f1oles dictaron 21 sentencias condenatorias (respecto a los casos registrados en el informe y sin incluir las condenas por prevaricaci\u00f3n). Nueve de las sentencias afectan a la Polic\u00eda Nacional y 12 a la Guardia Civil (en total, 51 agentes). Resultan significativos los plazos y las dilaciones. La primera condena se produjo el 19 de junio de 1985, en relaci\u00f3n con unos hechos ocurridos en 1979. La \u00faltima citada en el texto, se dictamin\u00f3 el 19 de noviembre de 2003, por sucesos que acaecidos en 1980. Los organismos internacionales tambi\u00e9n comenzaron a pronunciarse. Adem\u00e1s de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Comit\u00e9 Contra la Tortura de Naciones Unidas emiti\u00f3 un dictamen condenatorio en 1998, por el caso de una mujer vasca detenida por la Guardia Civil seis a\u00f1os antes. En sus conclusiones, el Comit\u00e9 apuntaba que el Estado espa\u00f1ol hab\u00eda incumplido su obligaci\u00f3n de investigar \u201cpronta\u201d y \u201ceficazmente\u201d las denuncias de tortura.<\/p>\n

El Comit\u00e9 de Naciones Unidas emiti\u00f3 otra condena contra el reino de Espa\u00f1a en 2005, por el llamado \u201ccaso Urra\u201d, detalla el informe encargado por el Gobierno Vasco. Acaecidos en 1992, los hechos resultaron juzgados y despu\u00e9s condenados por tribunales espa\u00f1oles. El Comit\u00e9 Contra la Tortura intervino por el indulto concedido a los tres agentes de la guardia civil sujetos de condena. En este caso, se inst\u00f3 al Estado espa\u00f1ol a que vigilara tanto la imposici\u00f3n de penas proporcionadas a los autores de las torturas, como la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas. En 2009 el citado Comit\u00e9 emiti\u00f3 un Dictamen en relaci\u00f3n con el caso \u201cAchabal Puertas\u201d. La condena al Estado Espa\u00f1ol se fundamenta en los derechos de los detenidos y la exigencia de supresi\u00f3n del r\u00e9gimen de incomunicaci\u00f3n. La falta de investigaci\u00f3n por las denuncias de torturas, por la que organismos internacionales han condenado al Reino de Espa\u00f1a desde 1998, \u201cha impedido obtener los elementos de prueba necesarios para condenar a los responsables de estos hechos\u201d.<\/p>\n

A la sombra de la ley antiterrorista de 1978, los detenidos pod\u00edan permanecer incomunicados sin asistencia de un abogado ni control judicial hasta diez d\u00edas. Posteriormente el plazo se estableci\u00f3 en cinco d\u00edas. El informe recuerda la calificaci\u00f3n de la medida que en su d\u00eda hizo la Asociaci\u00f3n Pro-Derechos Humanos de Espa\u00f1a: \u201cUn espacio que con frecuencia se convierte en el espacio de la tortura\u201d. Una d\u00e9cada de visitas al estado espa\u00f1ol del Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha subrayado esta realidad, as\u00ed como la necesidad de plantear cambios en la legislaci\u00f3n antiterrorista, que se controlen y revisen los m\u00e9todos policiales en las detenciones, interrogatorios y traslado de presos. Tambi\u00e9n Amnist\u00eda Internacional se ha hecho eco, desde finales de la d\u00e9cada de los 70, de las denuncias de tortura y su tratamiento. En 1997 se estableci\u00f3 en Espa\u00f1a un protocolo para que el chequeo a los detenidos de los m\u00e9dicos forenses cumpliera con las recomendaciones de Naciones Unidas y el Consejo de Europa. Se trataba, as\u00ed, de que la informaci\u00f3n m\u00e9dica fuera m\u00e1s clara como elemento probatorio en un juicio. \u201cSalvo excepciones no se ha cumplido\u201d, concluye el informe, \u201clo que dificulta el ejercicio de la prueba pericial en los casos alegados por los detenidos\u201d.<\/p>\n

R<\/a>EBELI\u00d3N<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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