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El Tribunal Constitucional espa\u00f1ol vuelve a la ofensiva con la suspensi\u00f3n cautelar del Departamento de Asuntos Exteriores y el incidente de ejecuci\u00f3n de la sentencia de la declaraci\u00f3n del parlamento del 9 de noviembre contra la decisi\u00f3n de crear una comisi\u00f3n de estudio del proceso constituyente. Esta situaci\u00f3n hace pensar en la posibilidad de que elementos ajenos a la voluntad del gobierno y de los partidos comprometidos con el proceso de independencia conduzcan a una aceleraci\u00f3n de la hoja de ruta que precipite el desenlace antes de los famosos dieciocho meses.<\/p>\n
Estos dieciocho meses que tiene el gobierno -ahora ya son diecisiete- para completar el proceso son orientativos. Lo han dicho incluso los firmantes del pacto. Tanto puede que convenga alargarlo tres meses como acortarlo cuatro, por poner un ejemplo. Una cosa es el tiempo \u00f3ptimo para completar los preparativos necesarios para hacer el cambio de legalidad, la proclamaci\u00f3n y las elecciones constituyentes y otra cosa son los factores externos que no dependen directamente de lo que quieran y hayan previsto los independentistas. Si el objetivo primordial es ‘hacerlo bien hecho’ -como han repetido constantemente los dirigentes pol\u00edticos y gobernantes independentistas-, puede convenir el avanzar el fin de esta legislatura de transici\u00f3n. Entonces, el parlamento deber\u00eda aprobar r\u00e1pidamente las leyes de transitoriedad jur\u00eddica, de proceso constituyente y de hacienda propia y seguridad social para que el presidente Carles Puigdemont pudiera convocar unas elecciones constituyentes emanadas de la nueva legalidad. \u00bfPero cu\u00e1les son estos factores que pueden conducir a un desenlace precipitado del proceso de independencia?<\/p>\n
Inhabilitaciones y suspensi\u00f3n de cargos por desacato<\/p>\n
En primer lugar est\u00e1n las posibles consecuencias penales de la ejecuci\u00f3n de la sentencia contra la declaraci\u00f3n de inicio del proceso de independencia. El TC consider\u00f3 inconstitucional y nula la declaraci\u00f3n y cualquier acci\u00f3n del parlamento o del gobierno que consista en aplicar esa declaraci\u00f3n ser\u00e1 considerada un desacato a la sentencia. Con la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, este \u00f3rgano judicial puede sancionar penalmente a quienes desobedezcan sus dictados. La creaci\u00f3n de la comisi\u00f3n del proceso constituyente, que deb\u00eda ser presidida por Muriel Casals, puede ser entendida como un primer desacato de la sentencia. Tambi\u00e9n pueden considerarse desobediencia la formaci\u00f3n de las ponencias conjuntas de las tres leyes de desconexi\u00f3n se\u00f1aladas en aquella declaraci\u00f3n del 9 de noviembre.<\/p>\n
Las sanciones por desacato de sentencias del TC pueden llegar a la inhabilitaci\u00f3n de cargos p\u00fablicos e institucionales, empezando por la presidenta del Parlamento de Catalu\u00f1a, Carme Forcadell, y continuando por los miembros de la mesa y los de la comisi\u00f3n parlamentaria. El gobierno y los grupos del parlamento comprometidos con el proceso independentista \u00bfpodr\u00edan dejar pasar una inhabilitaci\u00f3n de sus representantes o de la segunda autoridad institucional del pa\u00eds (la presidencia del parlamento)? Si la v\u00eda es la inhabilitaci\u00f3n de cualquier que quiera avanzar en las tareas parlamentarias del proceso, gobierno y parlamento pueden reaccionar avanzando la desconexi\u00f3n legal con la aprobaci\u00f3n de la ley de transitoriedad jur\u00eddica que implicar\u00eda la instauraci\u00f3n de la nueva legalidad catalana sobre la que los tribunales espa\u00f1oles ya no tendr\u00edan ninguna competencia.<\/p>\n
Asuntos Exteriores<\/p>\n
Sobre la mesa tambi\u00e9n est\u00e1 desde ayer la suspensi\u00f3n cautelar del Departamento de Asuntos Exteriores. No hay ninguna sentencia firme y ahora el gobierno tiene veinte d\u00edas para aportar los documentos y las alegaciones que considere convenientes, pero el acuerdo del tribunal implica la suspensi\u00f3n autom\u00e1tica del decreto de creaci\u00f3n de la conselleria, porque el gobierno espa\u00f1ol invoc\u00f3 el art\u00edculo 161.2 de la constituci\u00f3n espa\u00f1ola, que establece que el decreto impugnado queda sin efecto por un plazo inicial de cinco meses.<\/p>\n
De momento, el presidente Puigdemont ha dicho que el gobierno continuar\u00eda haciendo ‘acci\u00f3n exterior’ y que Ra\u00fcl Romeva continuar\u00eda siendo consejero con esta competencia. Puigdemont insisti\u00f3 ayer en que la acci\u00f3n exterior era una competencia estatutaria que ten\u00eda la Generalitat, claramente reconocida por la sentencia del TC sobre el Estatuto. ‘No renunciaremos a ello de ning\u00fan modo’, dijo. Con todo, habr\u00e1 que ver si ‘seguir haciendo acci\u00f3n exterior’ significa mantener el nombre de la conselleria tal como est\u00e1 ahora -Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y transparencia- o si el gobierno est\u00e1 dispuesto a renunciar al nombre y cambiarlo por el de ‘Departamento de Acci\u00f3n Exterior’ para esquivar la pol\u00e9mica y continuar haciendo lo que ten\u00eda previsto. Si el gobierno hace caso omiso de la suspensi\u00f3n dictada por el TC, puede abrirse un nuevo conflicto con implicaciones similares a los de la sentencia de la declaraci\u00f3n de inicio del proceso aprobada en el parlamento.<\/p>\n
Condena de Mas, Ortega, Homs y Rigau por 9-N<\/p>\n
El tercer conflicto jur\u00eddico abierto que puede llevar a una aceleraci\u00f3n del proceso es la querella penal contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y, quiz\u00e1s, Francesc Homs por la organizaci\u00f3n del proceso participativo del 9-N de 2014. si el Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a -ahora presidido por un magistrado muy hostil al independentismo- emite una sentencia condenatoria, ‘la respuesta no podr\u00e1 ser de aceptaci\u00f3n ni de hacer como si no pasara nada’, explicaron fuentes del gobierno a VilaWeb.<\/p>\n
Estas fuentes consideran tambi\u00e9n que el impacto internacional que tendr\u00eda una condena de inhabilitaci\u00f3n e, incluso, de prisi\u00f3n de tres o cuatro gobernantes por haber organizado una consulta ciudadana ser\u00eda una oportunidad de avanzar unas cuantas pantallas del proceso. Con todo, a\u00fan no est\u00e1 decidida la reacci\u00f3n institucional a la posible condena, que deber\u00eda ser coordinada con la reacci\u00f3n c\u00edvica que implicar\u00eda a las organizaciones de la sociedad civil.<\/p>\n
Un refer\u00e9ndum<\/p>\n
Desde una perspectiva m\u00e1s positiva y no tan represiva como la de los casos mencionados hasta ahora, tambi\u00e9n hay que pensar que un gobierno espa\u00f1ol dispuesto a convocar un refer\u00e9ndum vinculante sobre la independencia de Catalu\u00f1a ser\u00eda un factor acelerador del desenlace del proceso (en el caso de una victoria independentista, claro). Un refer\u00e9ndum vinculante implicar\u00eda un proceso de negociaci\u00f3n y gesti\u00f3n del resultado con el correspondiente reparto de activos y pasivos, y un calendario de desconexi\u00f3n negociado. Ninguna de las fuentes consultadas para hacer este art\u00edculo prev\u00e9 seriamente la posibilidad de esta hip\u00f3tesis, porque requiere una mayor\u00eda pol\u00edtica en Espa\u00f1a que no existe.<\/p>\n
Por tanto, los elementos que pueden precipitar el desenlace del proceso son de car\u00e1cter judicial y represivo y en manos de Espa\u00f1a. La ofensiva del TC de esta semana hace prever una primavera movida y el gobierno prepara respuestas para cada tropiezo de Espa\u00f1a. Las fuentes consultadas por este diario coinciden en una cuesti\u00f3n: hay que evitar que sea el Estado espa\u00f1ol el que marque la agenda y el ritmo del proceso. Y esto implica que las respuestas previstas no siempre sean inmediatas, sino que ser\u00e1 el gobierno y la mayor\u00eda parlamentaria quienes gestionar\u00e1n las variaciones en la hoja de ruta prevista para estos diecisiete meses restantes.<\/p>\n
VILAWEB<\/p>\n
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