{"id":33545,"date":"2015-10-23T08:42:43","date_gmt":"2015-10-23T06:42:43","guid":{"rendered":"https:\/\/nabarralde.eus\/las-cuatro-armas-juridicas-del-gobierno-para-atacar-el-independentismo\/"},"modified":"2015-10-23T08:42:43","modified_gmt":"2015-10-23T06:42:43","slug":"las-cuatro-armas-juridicas-del-gobierno-para-atacar-el-independentismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nabarralde.eus\/es\/las-cuatro-armas-juridicas-del-gobierno-para-atacar-el-independentismo\/","title":{"rendered":"Las cuatro armas jur\u00eddicas del Gobierno para atacar el independentismo"},"content":{"rendered":"\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">El Estado espa\u00f1ol busca la manera de hacer descarrilar el proceso hacia la independencia. Esto no es ninguna novedad, pero la mayor\u00eda social certificada con las elecciones el 27 de septiembre ha hecho crecer los temores del gobierno espa\u00f1ol por la v\u00eda unilateral del nuevo gobierno catal\u00e1n. Ahora m\u00e1s que nunca, el gobierno espa\u00f1ol ha blandido el art\u00edculo 155 de la constituci\u00f3n espa\u00f1ola, que prev\u00e9 suspender una autonom\u00eda &#8216;si no cumple las obligaciones que la constituci\u00f3n u otras leyes le impongan, o act\u00faa de forma que atente gravemente contra el inter\u00e9s general de Espa\u00f1a&#8217;. El ministro de Justicia espa\u00f1ol, Rafael Catal\u00e1, y la vicepresidenta Soraya S\u00e1enz de Santamar\u00eda han afirmado recientemente que los art\u00edculos de la constituci\u00f3n deben ser aplicados en caso de que alguien no la cumpla. Pero esta v\u00eda no es la \u00fanica que ha previsto el Gobierno espa\u00f1ol para tratar de frenar la secesi\u00f3n de Catalu\u00f1a en estos pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>El 155<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Este art\u00edculo establece que si una comunidad aut\u00f3noma no cumple las obligaciones que la constituci\u00f3n u otras leyes le impongan, o act\u00faa de manera que atente gravemente contra el inter\u00e9s general de Espa\u00f1a, el Gobierno espa\u00f1ol, previo requerimiento al presidente de la comunidad, con la aprobaci\u00f3n por mayor\u00eda absoluta del Senado, podr\u00e1 tomar las medidas necesarias para obligar a aqu\u00e9lla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. En medios acad\u00e9micos, este art\u00edculo es conocido por &#8216;cl\u00e1usula Companys&#8217;, es decir, que tiene el objetivo de evitar actos de desobediencia como los &#8216;Hechos del Seis de Octubre de 1934&#8217;, durante la Segunda Rep\u00fablica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, los supuestos que pueden dar lugar a la aplicaci\u00f3n de este art\u00edculo 155 son muy indeterminados y resulta muy dif\u00edcil el precisar de antemano qu\u00e9 actuaciones concretas quedan fuera de su alcance. Esta aplicaci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00eda ser utilizada como \u00faltimo recurso porque afectar\u00eda el derecho de autonom\u00eda pol\u00edtica de una comunidad, reconocido en el art\u00edculo 2 de la constituci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En contra de lo que ha defendido el gobierno espa\u00f1ol, los juristas consideran que la aplicaci\u00f3n del 155 ser\u00eda imposible en periodo electoral con las cortes espa\u00f1olas disueltas porque la intervenci\u00f3n del senado es imprescindible. Si bien el ministro Catal\u00e1 dijo que se podr\u00eda aplicar el 155 con un gobierno en funciones, el consentimiento del senado es condici\u00f3n &#8216;sine qua non&#8217; para autorizar una suspensi\u00f3n de autonom\u00eda. Se ha especulado sobre la opci\u00f3n de que el gobierno del PP se apresure a aplicar el 155 como un golpe de efecto antes de las elecciones espa\u00f1olas del 20 de diciembre. Pero el pr\u00f3ximo lunes Rajoy debe disolver las cortes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00bfSuspensi\u00f3n de la autonom\u00eda o disoluci\u00f3n de la comunidad aut\u00f3noma?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La doctrina mayoritaria sobre el art\u00edculo 155 sostiene que no puede dar pie a la &#8216;suspensi\u00f3n&#8217; de la autonom\u00eda y, mucho menos, a la disoluci\u00f3n de la comunidad aut\u00f3noma. En cambio, se podr\u00eda aplicar a trav\u00e9s de la sustituci\u00f3n de los \u00f3rganos pol\u00edticos de la comunidad aut\u00f3noma por \u00f3rganos estatales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con todo, la indefinici\u00f3n del precepto constitucional no permite excluir que se aplicara para suspender la autonom\u00eda o para disolver el parlamento. Adem\u00e1s, ni la constituci\u00f3n ni ninguna otra norma prev\u00e9n los instrumentos a disposici\u00f3n de la comunidad aut\u00f3noma afectada para oponerse a las medidas que le hubieran sido aplicadas. Tan s\u00f3lo le quedar\u00eda la opci\u00f3n de presentar un recurso de inconstitucionalidad, interponer un conflicto de competencia o invocar el tratado de la UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Art\u00edculo 7 del tratado de la UE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el debate desatado en Espa\u00f1a sobre la aplicaci\u00f3n extraordinaria del art\u00edculo 155 de la constituci\u00f3n contra la Generalitat de Catalu\u00f1a, no se tiene en cuenta que la Uni\u00f3n Europea podr\u00eda aplicar una medida similar contra el Estado espa\u00f1ol. La UE puede invocar el art\u00edculo 7 del tratado de la Uni\u00f3n Europea\u00a0 en caso de que considere que la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 155 incluye una violaci\u00f3n de los derechos y las libertades de los ciudadanos catalanes, puesto que son tambi\u00e9n ciudadanos europeos. El art\u00edculo 7 del tratado de la Uni\u00f3n Europea permite suspender los derechos de un Estado miembro si la Uni\u00f3n considera que amenaza los derechos y los valores democr\u00e1ticos. En el a\u00f1o 2003 la Comisi\u00f3n Europea entreg\u00f3 al consejo y al parlamento este documento marco, que especifica c\u00f3mo se puede invocar el art\u00edculo 7 del tratado y en qu\u00e9 casos se puede reclamar la intervenci\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea sobre un Estado miembro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La ley de seguridad<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La segunda opci\u00f3n que ha previsto el Gobierno es la aplicaci\u00f3n de la ley de seguridad espa\u00f1ola. Aprobada por el congreso espa\u00f1ol a finales de septiembre, es una norma que permite al Estado el ordenar la movilizaci\u00f3n de los medios materiales y humanos de las comunidades aut\u00f3nomas, incluidos los mozos de escuadra y las polic\u00edas locales, para &#8216;garantizar la defensa de Espa\u00f1a&#8217;. La ley, aprobada por el PP, PSOE y UPyD, queda pendiente de un recurso al Tribunal Constitucional anunciado por el gobierno catal\u00e1n por invasi\u00f3n competencial. Como si no fuera suficiente con los preceptos de la constituci\u00f3n, la ley tiene por objetivo &#8216;garantizar la defensa de Espa\u00f1a y sus principios y valores constitucionales&#8217;, seg\u00fan el art\u00edculo tercero de la norma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ley obliga a todas las instituciones y autoridades del Estado a asegurar la disponibilidad de los servicios esenciales &#8216;para los fines que determinen el Gobierno y el Consejo de Seguridad espa\u00f1ol, el \u00f3rgano de coordinaci\u00f3n entre las administraciones que se ocupa de los casos en que hay riesgo de la seguridad peligre. El art\u00edculo 24 de la ley dice que el presidente del Gobierno podr\u00e1 declarar una situaci\u00f3n de riesgo de seguridad, definir su \u00e1mbito geogr\u00e1fico, la duraci\u00f3n y el nombramiento de una autoridad con competencias para dirigir y coordinar las actuaciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta v\u00eda consiste en una intervenci\u00f3n indirecta y temporal de la autonom\u00eda y es m\u00e1s ligera en los tr\u00e1mites de aplicaci\u00f3n que el art\u00edculo 155 de la constituci\u00f3n. Con un decreto del presidente del gobierno espa\u00f1ol es suficiente para declarar un riesgo de seguridad &#8216;nacional&#8217; en un territorio determinado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La reforma del Tribunal Constitucional<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tercera v\u00eda que ha puesto en marcha el Gobierno es la reforma del Tribunal Constitucional, que entr\u00f3 en vigor hace apenas cuatro d\u00edas. Esta reforma habilita al TC para suspender de sus funciones a los cargos p\u00fablicos que incumplan sus sentencias. Es una modificaci\u00f3n que no se hab\u00eda propuesto nunca antes del proceso hacia la independencia de Catalu\u00f1a y que el gobierno espa\u00f1ol ha reconocido que se ha hecho expresamente para el caso catal\u00e1n y el presidente Artur Mas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La reforma se tramit\u00f3 por la v\u00eda de urgencia tanto en el congreso espa\u00f1ol como en el Senado y ha sido aprobada por el PP con toda la oposici\u00f3n en contra. La reforma establece un procedimiento que comienza pidiendo al incumplidor de una sentencia que d\u00e9 explicaciones en un informe. Si contin\u00faa incumpliendo las \u00f3rdenes del TC, es el mismo tribunal el que puede acordar la suspensi\u00f3n de funciones de las autoridades que no acaten sus sentencias. Hasta ahora, como se ha visto en el caso del presidente Mas, la consejera Rigau y la exvicepresidenta Ortega, el Estado ha tenido que interponer una querella cuando consider\u00f3 que el gobierno catal\u00e1n hab\u00eda desobedecido la suspensi\u00f3n de la consulta del 9-N.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta norma, muy criticada por los juristas de todo el Estado espa\u00f1ol, puede servir de amenaza, pero en ning\u00fan caso sirve para frenar el proceso soberanista porque s\u00f3lo afectar\u00eda a uno o unos gobernantes determinados. Si el TC inhabilitara un presidente o un consejero, el parlamento o el presidente nombrar\u00eda uno nuevo a continuaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>C\u00f3digo penal contra la DUI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La constituci\u00f3n de un Estado catal\u00e1n independiente constituye una actuaci\u00f3n contraria al ordenamiento vigente tipificada en el t\u00edtulo XXI del c\u00f3digo penal que regula los &#8216;delitos contra la constituci\u00f3n&#8217;. Y, concretamente, se prev\u00e9 el delito de rebeli\u00f3n atribuido, entre otros, a aquellos que se alzaran violenta y p\u00fablicamente para declarar la independencia de una parte del &#8216;territorio nacional&#8217; (art\u00edculo 472.5 del c\u00f3digo penal). Habr\u00eda que ver qu\u00e9 sentido se da al t\u00e9rmino &#8216;violentamente&#8217; en caso de que la declaraci\u00f3n unilateral de las instituciones catalanas no fuera acompa\u00f1ada de tipo alguno de violencia. Si se usa la definici\u00f3n que da el diccionario de la Real Academia Espa\u00f1ola, que interpreta el t\u00e9rmino &#8216;violencia&#8217; con un sentido ampl\u00edsimo, previsiblemente no habr\u00eda ning\u00fan obst\u00e1culo para aplicar el art\u00edculo 472.4 del c\u00f3digo penal a los catalanes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El c\u00f3digo penal tambi\u00e9n incluye -art\u00edculo 544- el delito de sedici\u00f3n para aquellos que, sin estar comprendidos en el delito de rebeli\u00f3n anterior, se alcen p\u00fablica y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las v\u00edas legales, la aplicaci\u00f3n de las leyes a cualquier autoridad, corporaci\u00f3n oficial o funcionario p\u00fablico, el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Estas son las cuatro v\u00edas jur\u00eddicas que ha previsto Espa\u00f1a para tratar de frenar el avance unilateral de la independencia en los tribunales. Sin embargo, estas medidas pueden aspirar a dificultar la pol\u00edtica institucional catalana, pero desde un principio ha quedado claro que la batalla por la libertad de Catalu\u00f1a es un combate entre la legalidad espa\u00f1ola y la legitimidad democr\u00e1tica catalana. Adem\u00e1s, las formaciones independentistas catalanas ya expresan con claridad que no se trata tanto de desobedecer la ley y los tribunales espa\u00f1oles como obedecer a una nueva legalidad catalana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">VILAWEB<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Estado espa\u00f1ol busca la manera de hacer descarrilar el proceso hacia la independencia. Esto no es ninguna novedad, pero la mayor\u00eda social certificada con las elecciones el 27 de septiembre ha hecho crecer los temores del gobierno espa\u00f1ol por la v\u00eda unilateral del nuevo gobierno catal\u00e1n. 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