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Hay realidades de las que es dif\u00edcil escapar. La querella del fiscal general del Estado contra el presidente de la Generalitat y dos consejeras del Govern me ha pillado con un libro reciente de\u00a0Giorgio Agamben\u00a0que nada ten\u00eda que ver con todo esto: El misterio del mal. Benedicto XVI y el fin de los tiempos (Adriana Hidalgo). Y, sin embargo, en la segunda p\u00e1gina, el fil\u00f3sofo dispara recordando \u201cla distinci\u00f3n entre dos principios esenciales de nuestra tradici\u00f3n \u00e9tico-pol\u00edtica, de la cual nuestras sociedades parecen haber perdido toda conciencia: la legitimidad y la legalidad\u201d. Agamben, una de las voces m\u00e1s l\u00facidas del pensamiento actual, plantea que \u201cla crisis que est\u00e1 atravesando nuestra sociedad es tan profunda y grave porque no s\u00f3lo cuestiona la legalidad de las instituciones, sino tambi\u00e9n su legitimidad\u201d. Y exactamente eso es lo que aqu\u00ed en Catalunya est\u00e1 en juego desde el a\u00f1o 2010, aunque de forma muy especial desde las \u00faltimas elecciones: el debate, fundamental en las democracias modernas, en torno al conflicto entre los conceptos de legalidad y legitimidad.<\/p>\n
Agamben sostiene que la actual deslegitimaci\u00f3n de los poderes y de las instituciones no se debe a que se hayan instalado en la ilegalidad, sino, m\u00e1s bien, a que han perdido en gran parte su legitimidad. \u201cPor eso\u201d, piensa, \u201ces in\u00fatil creer que puede afrontarse la crisis de nuestras sociedades a trav\u00e9s de la acci\u00f3n -sin duda necesaria- del poder judicial. Una crisis que golpea la legitimidad no puede resolverse exclusivamente en el plano del derecho. La hipertrofia del derecho, que pretende legislar sobre todo, antes bien conlleva, por medio de un exceso de legalidad formal, la p\u00e9rdida de toda legalidad sustancial\u201d. Agamben, est\u00e1 claro, no se refiere a la situaci\u00f3n creada en Catalunya por la negativa del Estado a reconocer una interpretaci\u00f3n de la legalidad diferente de la que sostiene, y sin embargo, a la vista de estas citas, es f\u00e1cil adivinar que no es inoportuno plantear hasta qu\u00e9 punto, efectivamente, el Estado espa\u00f1ol vive una crisis de legitimidad en Catalunya, con matices diferenciales y espec\u00edficos, a la deslegitimaci\u00f3n que, en otro sentido y con otras derivas, afectan a buena parte de las democracias occidentales.<\/p>\n
En este contexto, el diagn\u00f3stico de Agamben es demoledor: \u201cSi -como ha ocurrido en las democracias modernas- el principio legitimador de la soberan\u00eda popular se reduce al momento electoral y se resuelve en reglas procedimentales jur\u00eddicamente prefijadas, la legitimidad corre el riesgo de desaparecer en la legalidad y la m\u00e1quina pol\u00edtica se paraliza\u201d.<\/p>\n
Se trata de una cuesti\u00f3n b\u00e1sica y elemental de la filosof\u00eda del derecho: la legalidad nunca encuentra su legitimidad en la propia ley, de ah\u00ed que sea falso sostener que lo que define a la democracia sea el respeto a las leyes (afirmaci\u00f3n que es literalmente una barbaridad desde el punto de vista de la filosof\u00eda pol\u00edtica), sino en la renovaci\u00f3n del contrato con la soberan\u00eda popular de la cual la legislaci\u00f3n debe emanar. Y este contrato no se da de una vez por todas para siempre, de la misma manera que la legalidad tampoco no es una formulaci\u00f3n eterna, sino que la legitimidad debe ser continuamente evaluada.<\/p>\n
La democracia espa\u00f1ola se ha desarrollado bajo la presi\u00f3n de un cierto talibanismo constitucional: ese que se niega a admitir la revisi\u00f3n de la legalidad cuando su legitimidad es impugnada. Ampar\u00e1ndose en unos criterios de revisi\u00f3n de la legalidad que, en la pr\u00e1ctica, blindan la posibilidad misma de modificarla, se ha optado por una interpretaci\u00f3n restrictiva de la legalidad que ha sido reiteradamente discutida incluso en t\u00e9rminos jur\u00eddicos. Por citar s\u00f3lo dos ejemplos eminentes. El primero: el catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, el doctor Javier P\u00e9rez-Royo, recordaba hace muy poco que \u201cla sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonom\u00eda de Catalunya formalmente fue una sentencia, pero materialmente fue un golpe de Estado\u201d. Y el segundo: los nueve miembros de la Fiscal\u00eda del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya rechazaron por unanimidad la querella que el fiscal general del Estado pretend\u00eda presentar contra Mas, aunque, por obediencia jer\u00e1rquica, a pesar de estar en contra por motivos estrictamente jur\u00eddicos al considerar que no se hab\u00eda producido delito alguno, van a tener que darle curso.<\/p>\n
Ambos ejemplos manifiestan a todas luces que, incluso en el \u00e1mbito del debate jur\u00eddico, hay voces t\u00e9cnicas autorizadas que defienden una interpretaci\u00f3n de la legalidad completamente diferente a la que pretenden el Gobierno y la c\u00fapula fiscal del Estado. Extra\u00f1a que en un asunto de esta gravedad, como la querella que demanda penas de inhabilitaci\u00f3n y c\u00e1rcel para la m\u00e1xima autoridad del Estado en Catalunya, se pretenda ignorar la obviedad de las discrepancias hermen\u00e9uticas en la interpretaci\u00f3n de la legalidad y se adopte un radicalismo penal que, en la pr\u00e1ctica, supone un atentado contra la polisemia y la multiplicidad de sentidos posibles de la propia ley. Estamos, aqu\u00ed, ante un caso de estudio de la Ley (cerrada y clausurada en uno de sus sentidos) contra la Ley (abierta y sujeta a diversas interpretaciones posibles de su sentido).<\/p>\n
Pero si la Ley se enfrenta a la propia Ley, hasta desnaturalizarla, \u00bfno deja entonces de ser Ley y precisamente all\u00ed donde m\u00e1s duele, en el fundamento de su legitimidad? Realmente, como ya dijo Aranguren en el a\u00f1o 1992, \u201cme temo que este pa\u00eds lo tiene pendiente casi todo\u201d. El dinosaurio, es cierto, todav\u00eda estaba all\u00ed. Est\u00e1.<\/p>\n
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